¡Ay, Dios mío! Resulta que Publiex, después de tanto escándalo y regaños de la Contraloría, finalmente va a retirar esos banners que estaban pegados en los postes de luz como moscas en un mondongo. Dicen que lo van a hacer antes del 15 de diciembre, así que bueno, todavía tenemos un mes de ver esas imágenes ahí colgando, ¡qué pena!
Para los que viven debajo de piedra, la bronca es que Publiex había estado usando estos espacios publicitarios para mandar mensajes bien particulares, algunos bastante directos contra figuras públicas, incluyendo al fiscal general, la contralora y hasta los jefes de los poderes judiciales y legislativos. Todo esto, con el sello de aprobación del Presidente Chaves, lo que levantó ampayas sospechas de uso indebido de recursos públicos y politiquería barata.
La empresa asegura que ya están trabajando en un plan técnico para quitar todo eso con orden y seguridad. En Alajuela, dicen que ya sacaron la valla completa hace unas dos semanas, sin mayores problemas. Pero en Santa Ana... ¡ahí sí que hay brete! Parece que el terrenito no quiere colaborar y la maquinaria pesada no puede entrar fácil para sacar toda la estructura. Eso sí, ya quitaron las lonas y otras cositas, pero la base sigue ahí plantada, como un recordatorio de la controversia.
Y hablando de controversia, recordemos que esta maraña legal empezó porque la CGR determinó que Publiex no tenía permisos claros para poner esas vallas con contenido político. Básicamente, le dijeron que no podían estar usando publicidad estatal para campañas personales o para atacar a opositores. Lo cual, pa’ muchos, era obvio desde el principio, diay.
La verdad es que el asunto ha sido un verdadero circo mediático. Desde denuncias en redes sociales hasta debates acalorados en la Asamblea Legislativa. Y mientras tanto, el pueblo tico, observando todo con una mezcla de indignación y resignación, preguntándose cómo vamos a salir de tanta patatús. Ahora, con la promesa de retiro, surge otra duda: ¿será que realmente limpiarán el paisaje o habrá alguna trucha escondida?
Algunos analistas políticos señalan que este movimiento de Publiex podría ser una estrategia para bajar la temperatura ante la presión pública y evitar mayores investigaciones. Otros creen que simplemente están cumpliendo con lo que les exigió la Contraloría, evitando más líos legales. Pero lo cierto es que la sombra del escándalo seguirá rondando a Publiex y al gobierno por un buen rato.
Lo interesante es que, mientras Publiex se ocupa de quitar los banners, la ciudadanía está empezando a cuestionarse si la libertad de expresión implica también la responsabilidad de utilizar los medios públicos de forma ética y transparente. Después de todo, el espacio público pertenece a todos, y nadie debería aprovecharlo para fines partidistas o para desprestigiar a personas por diferencias políticas. Además, nos deja pensando qué tan bien regulados están los acuerdos entre empresas privadas y entidades estatales para la publicidad.
Ahora dime, compa, ¿crees que el retiro de estas vallas marcará un punto de inflexión en la relación entre el gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil, o será solo un parche temporal para calmar las aguas? ¿Será posible recuperar la confianza de la gente en las instituciones públicas tras este despiste?
Para los que viven debajo de piedra, la bronca es que Publiex había estado usando estos espacios publicitarios para mandar mensajes bien particulares, algunos bastante directos contra figuras públicas, incluyendo al fiscal general, la contralora y hasta los jefes de los poderes judiciales y legislativos. Todo esto, con el sello de aprobación del Presidente Chaves, lo que levantó ampayas sospechas de uso indebido de recursos públicos y politiquería barata.
La empresa asegura que ya están trabajando en un plan técnico para quitar todo eso con orden y seguridad. En Alajuela, dicen que ya sacaron la valla completa hace unas dos semanas, sin mayores problemas. Pero en Santa Ana... ¡ahí sí que hay brete! Parece que el terrenito no quiere colaborar y la maquinaria pesada no puede entrar fácil para sacar toda la estructura. Eso sí, ya quitaron las lonas y otras cositas, pero la base sigue ahí plantada, como un recordatorio de la controversia.
Y hablando de controversia, recordemos que esta maraña legal empezó porque la CGR determinó que Publiex no tenía permisos claros para poner esas vallas con contenido político. Básicamente, le dijeron que no podían estar usando publicidad estatal para campañas personales o para atacar a opositores. Lo cual, pa’ muchos, era obvio desde el principio, diay.
La verdad es que el asunto ha sido un verdadero circo mediático. Desde denuncias en redes sociales hasta debates acalorados en la Asamblea Legislativa. Y mientras tanto, el pueblo tico, observando todo con una mezcla de indignación y resignación, preguntándose cómo vamos a salir de tanta patatús. Ahora, con la promesa de retiro, surge otra duda: ¿será que realmente limpiarán el paisaje o habrá alguna trucha escondida?
Algunos analistas políticos señalan que este movimiento de Publiex podría ser una estrategia para bajar la temperatura ante la presión pública y evitar mayores investigaciones. Otros creen que simplemente están cumpliendo con lo que les exigió la Contraloría, evitando más líos legales. Pero lo cierto es que la sombra del escándalo seguirá rondando a Publiex y al gobierno por un buen rato.
Lo interesante es que, mientras Publiex se ocupa de quitar los banners, la ciudadanía está empezando a cuestionarse si la libertad de expresión implica también la responsabilidad de utilizar los medios públicos de forma ética y transparente. Después de todo, el espacio público pertenece a todos, y nadie debería aprovecharlo para fines partidistas o para desprestigiar a personas por diferencias políticas. Además, nos deja pensando qué tan bien regulados están los acuerdos entre empresas privadas y entidades estatales para la publicidad.
Ahora dime, compa, ¿crees que el retiro de estas vallas marcará un punto de inflexión en la relación entre el gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil, o será solo un parche temporal para calmar las aguas? ¿Será posible recuperar la confianza de la gente en las instituciones públicas tras este despiste?
