Maes, seamos honestos. Cuando uno piensa en leyes, se imagina un montón de señores de corbata discutiendo artículos de la Constitución y ya. Creemos que la regla máxima es lo que dice nuestro librito del 49 y punto. Pero, ¿y si les digo que la cosa es mucho más compleja y, la verdad, mucho más chiva? Resulta que en Costa Rica tenemos un “superpoder” legal del que casi nadie habla, pero que nos pone en el mapa mundial como unos cracks en derechos humanos. Se llama “control de convencionalidad” y, aunque suene a un chunche súper técnico, es la razón de ser de muchos avances que hoy damos por sentados.
Para entender esta vara, hay que pensarla así: Costa Rica, como país, firmó un montón de tratados internacionales de derechos humanos, siendo el más famoso el Pacto de San José (la Convención Americana). Al firmar eso, nos comprometimos a jugar con ciertas reglas. El control de convencionalidad es, básicamente, el árbitro interno que se asegura de que nuestras propias leyes y las acciones del Gobierno no le hagan un foul a esas reglas internacionales. No es solo un tema para la Sala Constitucional; la doctrina dice que CUALQUIER juez, fiscal o funcionario público tiene que hacer este chequeo. ¡Qué nivel de responsabilidad! Es como decirles: “Compa, antes de aplicar esa ley, fíjese que no esté contradiciendo un derecho humano fundamental”.
Y aquí es donde Tiquicia se luce. Mientras que a otros países de la región les ha costado un mundo aceptar que una corte internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que, por cierto, ¡qué carga que la sede esté aquí en San José!) les diga cómo hacer su brete, Costa Rica fue como el alumno aplicado de la clase. Desde hace décadas, nuestra propia Constitución ya traía el chip incorporado. Con el artículo 7, que pone los tratados por encima de las leyes, y el 48, que permite defender derechos de tratados vía recurso de amparo, ya teníamos la mesa servida. Creamos un “bloque de constitucionalidad”, que en tico significa un combo de protección donde siempre gana la norma que más ampare a la persona. ¡A cachete!
El ejemplo más claro y reciente de cómo funciona este engranaje fue el del matrimonio igualitario. ¿Se acuerdan de todo ese despiche? La vara se destrabó no porque a un diputado se le iluminó el bombillo, sino por este mecanismo. La Corte Interamericana emitió una Opinión Consultiva (la OC-24/17) diciendo que proteger el derecho a la familia incluía a las parejas del mismo sexo. ¿Y qué hizo nuestra Sala IV? En lugar de hacerse la loca, agarró esa interpretación, la aplicó directamente y dijo: “Señores, esto es vinculante. Tienen un plazo para arreglar la ley, y si no, se anula la prohibición”. Ese diálogo entre nuestra máxima corte y la corte regional es el control de convencionalidad en su máxima expresión. Fue un momento histórico que demostró que el sistema funciona y tiene un impacto real en la vida de la gente.
Al final, este tema va más allá de los abogados. Nos toca a todos. Entender el control de convencionalidad es entender que nuestros derechos no terminan en Peñas Blancas o en Sixaola. Estamos conectados a un sistema más grande que nos protege. Claro, siempre está el debate sobre la soberanía, y no falta quien diga que no deberíamos dejar que “de afuera” nos digan qué hacer. Es una discusión válida y súper interesante. Por eso, les tiro la bola a ustedes, maes. ¿Qué opinan de este sistema? ¿Les parece que es un mecanismo que fortalece nuestra democracia y derechos, o creen que a veces se le cede demasiado poder a un tribunal internacional? ¡Se abre el foro!
Para entender esta vara, hay que pensarla así: Costa Rica, como país, firmó un montón de tratados internacionales de derechos humanos, siendo el más famoso el Pacto de San José (la Convención Americana). Al firmar eso, nos comprometimos a jugar con ciertas reglas. El control de convencionalidad es, básicamente, el árbitro interno que se asegura de que nuestras propias leyes y las acciones del Gobierno no le hagan un foul a esas reglas internacionales. No es solo un tema para la Sala Constitucional; la doctrina dice que CUALQUIER juez, fiscal o funcionario público tiene que hacer este chequeo. ¡Qué nivel de responsabilidad! Es como decirles: “Compa, antes de aplicar esa ley, fíjese que no esté contradiciendo un derecho humano fundamental”.
Y aquí es donde Tiquicia se luce. Mientras que a otros países de la región les ha costado un mundo aceptar que una corte internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que, por cierto, ¡qué carga que la sede esté aquí en San José!) les diga cómo hacer su brete, Costa Rica fue como el alumno aplicado de la clase. Desde hace décadas, nuestra propia Constitución ya traía el chip incorporado. Con el artículo 7, que pone los tratados por encima de las leyes, y el 48, que permite defender derechos de tratados vía recurso de amparo, ya teníamos la mesa servida. Creamos un “bloque de constitucionalidad”, que en tico significa un combo de protección donde siempre gana la norma que más ampare a la persona. ¡A cachete!
El ejemplo más claro y reciente de cómo funciona este engranaje fue el del matrimonio igualitario. ¿Se acuerdan de todo ese despiche? La vara se destrabó no porque a un diputado se le iluminó el bombillo, sino por este mecanismo. La Corte Interamericana emitió una Opinión Consultiva (la OC-24/17) diciendo que proteger el derecho a la familia incluía a las parejas del mismo sexo. ¿Y qué hizo nuestra Sala IV? En lugar de hacerse la loca, agarró esa interpretación, la aplicó directamente y dijo: “Señores, esto es vinculante. Tienen un plazo para arreglar la ley, y si no, se anula la prohibición”. Ese diálogo entre nuestra máxima corte y la corte regional es el control de convencionalidad en su máxima expresión. Fue un momento histórico que demostró que el sistema funciona y tiene un impacto real en la vida de la gente.
Al final, este tema va más allá de los abogados. Nos toca a todos. Entender el control de convencionalidad es entender que nuestros derechos no terminan en Peñas Blancas o en Sixaola. Estamos conectados a un sistema más grande que nos protege. Claro, siempre está el debate sobre la soberanía, y no falta quien diga que no deberíamos dejar que “de afuera” nos digan qué hacer. Es una discusión válida y súper interesante. Por eso, les tiro la bola a ustedes, maes. ¿Qué opinan de este sistema? ¿Les parece que es un mecanismo que fortalece nuestra democracia y derechos, o creen que a veces se le cede demasiado poder a un tribunal internacional? ¡Se abre el foro!
