¡Duro, diay! La gota que derramó el vaso. Resulta que el cuento de las cárceles como guaridas de delincuentes se hizo aún más evidente esta semana. Con operativos sorpresa que dejaron a varios boquiabiertos, la Policía Penitenciaria metió la pata en La Reforma y Pérez Zeledón, sacando a la luz una trama que involucra a propios funcionarios facilitando el juego sucio de los reclusos. Parece que alguien estaba jugando a hacer la vista gorda, y bueno, ahí les cayó la pela.
Todo empezó con rumores que circulaban entre los custodios, murmullos sobre cómo algunos compañeros estaban haciendo tratos turbios para meterle celulares, memorias USB y otros churreadas a los presos. La gerencia, que ya ven, no podía seguir ignorándolo, así que le dieron luz verde a unos operativos sorpresa, más discretos que gato negro en cementerio. Lo que encontraron superó cualquier expectativa: una red de complicidades que amenazaba la seguridad de todo el país. Parece que algunos maes pensaron que podían jugar con fuego sin quemarse, ¡pero se equivocaron de lleno!
Las capturas se llevaron a cabo casi al mismo tiempo, generando un ambiente de tensión y desconcierto en ambas cárceles. En La Reforma, la funcionaria Escobar, que anda dando candela últimamente, fue descubierta con dos cargadores USB, cuando el reglamento es claro: solo se permite uno. Y ni hablar del oficial Buzano, que andaba con un disco duro y cables USB escondidos en su bolsa. Claramente, quería asegurarse de que los reclusos tuvieran toda la conectividad necesaria para planear sus fechorías. ¡Qué carga!
Pero la cosa se puso más fea en la UAI de Pérez Zeledón. Ahí cayó Bermúdez, un supervisor que justamente debería estar cuidando el orden, pero resultó ser cómplice de la ilegalidad. Lo pillaron con un manos libres, un cargador y una llave USB. Y para rematar, Rubí Jiménez, encargada de transporte administrativo, fue pescada con un celular en la mano. ¡Imagínate la osadía! Tratando de colar un smartphone como si fuera pan bao.
Estos actos, como bien saben, no son simples infracciones. Estamos hablando de facilitar la comisión de delitos desde dentro de las cárceles, permitiendo que los reclusos mantengan contacto con sus secuaces afuera, coordinen estafas, amenazas e incluso planes más graves. Estamos hablando de poner en riesgo la seguridad de ciudadanos inocentes. ¡No hay excusa para este tipo de comportamientos!
Y ojo, que esto no es un caso aislado. Ya van 64 funcionarios, tanto policiales como administrativos, puestos a disposición de la Fiscalía en lo que va del año por acciones similares. Además, cayeron dos proveedores privados, García y Zúñiga, tratando de colarle celulares. Esto demuestra que el problema es estructural, que hay una falla en el sistema de control y confianza. Parece que el cáncer de la corrupción se ha infiltrado hasta en los huesos de las instituciones.
El Ministerio de Justicia ha puesto el grito en el cielo, declarando “cero tolerancia” ante estas situaciones. Han prometido limpiar la casa antes de que termine el año y redoblar los esfuerzos para evitar que las cárceles se conviertan en sucursales del crimen. Pero la verdad, diay, la solución no pasa solo por operativos sorpresa y despedidos. Hay que revisar los protocolos de seguridad, fortalecer la capacitación de los funcionarios y, sobre todo, cambiar la cultura organizacional que permite que este tipo de prácticas florezcan.
En fin, este escándalo nos deja varias preguntas en el aire: ¿Es suficiente con sancionar a los funcionarios corruptos o necesitamos leyes más duras para castigar este tipo de traiciones al Estado? ¿Cómo podemos garantizar que los funcionarios penitenciarios sean personas de confianza, comprometidas con la seguridad ciudadana? Y, la más importante de todas, ¿qué medidas concretas debemos tomar para erradicar la corrupción en nuestras cárceles y transformar nuestro sistema penitenciario en un lugar de rehabilitación y reinserción social, y no en un centro de operaciones criminales? ¡Den su opinión, mae!
Todo empezó con rumores que circulaban entre los custodios, murmullos sobre cómo algunos compañeros estaban haciendo tratos turbios para meterle celulares, memorias USB y otros churreadas a los presos. La gerencia, que ya ven, no podía seguir ignorándolo, así que le dieron luz verde a unos operativos sorpresa, más discretos que gato negro en cementerio. Lo que encontraron superó cualquier expectativa: una red de complicidades que amenazaba la seguridad de todo el país. Parece que algunos maes pensaron que podían jugar con fuego sin quemarse, ¡pero se equivocaron de lleno!
Las capturas se llevaron a cabo casi al mismo tiempo, generando un ambiente de tensión y desconcierto en ambas cárceles. En La Reforma, la funcionaria Escobar, que anda dando candela últimamente, fue descubierta con dos cargadores USB, cuando el reglamento es claro: solo se permite uno. Y ni hablar del oficial Buzano, que andaba con un disco duro y cables USB escondidos en su bolsa. Claramente, quería asegurarse de que los reclusos tuvieran toda la conectividad necesaria para planear sus fechorías. ¡Qué carga!
Pero la cosa se puso más fea en la UAI de Pérez Zeledón. Ahí cayó Bermúdez, un supervisor que justamente debería estar cuidando el orden, pero resultó ser cómplice de la ilegalidad. Lo pillaron con un manos libres, un cargador y una llave USB. Y para rematar, Rubí Jiménez, encargada de transporte administrativo, fue pescada con un celular en la mano. ¡Imagínate la osadía! Tratando de colar un smartphone como si fuera pan bao.
Estos actos, como bien saben, no son simples infracciones. Estamos hablando de facilitar la comisión de delitos desde dentro de las cárceles, permitiendo que los reclusos mantengan contacto con sus secuaces afuera, coordinen estafas, amenazas e incluso planes más graves. Estamos hablando de poner en riesgo la seguridad de ciudadanos inocentes. ¡No hay excusa para este tipo de comportamientos!
Y ojo, que esto no es un caso aislado. Ya van 64 funcionarios, tanto policiales como administrativos, puestos a disposición de la Fiscalía en lo que va del año por acciones similares. Además, cayeron dos proveedores privados, García y Zúñiga, tratando de colarle celulares. Esto demuestra que el problema es estructural, que hay una falla en el sistema de control y confianza. Parece que el cáncer de la corrupción se ha infiltrado hasta en los huesos de las instituciones.
El Ministerio de Justicia ha puesto el grito en el cielo, declarando “cero tolerancia” ante estas situaciones. Han prometido limpiar la casa antes de que termine el año y redoblar los esfuerzos para evitar que las cárceles se conviertan en sucursales del crimen. Pero la verdad, diay, la solución no pasa solo por operativos sorpresa y despedidos. Hay que revisar los protocolos de seguridad, fortalecer la capacitación de los funcionarios y, sobre todo, cambiar la cultura organizacional que permite que este tipo de prácticas florezcan.
En fin, este escándalo nos deja varias preguntas en el aire: ¿Es suficiente con sancionar a los funcionarios corruptos o necesitamos leyes más duras para castigar este tipo de traiciones al Estado? ¿Cómo podemos garantizar que los funcionarios penitenciarios sean personas de confianza, comprometidas con la seguridad ciudadana? Y, la más importante de todas, ¿qué medidas concretas debemos tomar para erradicar la corrupción en nuestras cárceles y transformar nuestro sistema penitenciario en un lugar de rehabilitación y reinserción social, y no en un centro de operaciones criminales? ¡Den su opinión, mae!
