¡Dey! ¿Se imaginan? Un mae esperó más de una década para que le anularan un matrimonio. Pero no cualquier matrimonio, sino uno que empezó con un juguetón pago inicial de apenas ¢50 mil. Parece sacado de novela, pero es real, y pasó aquí, en Costa Rica.
La historia arranca en el 2012, cuando un tico, buscando salir del brete de estar desempleado y vagando por San José, cayó en una propuesta bastante peculiar: casarse con una extranjera a cambio de lana. Un grupito de dominicanos se le acercaron con la oferta, y él, en un momento de desesperación, aceptó. Lo que él pensaba era un salvavidas rápido resultó ser un churche bien complicado.
El mae asegura que nunca conoció a la señora con quien se juró amor eterno – o bueno, casi amor eterno, porque más bien fue un intercambio de papeles y unos cuantos billetes – ni siquiera la volvió a ver después del día del casamento. Pero varios tribunales, por mucho tiempo, le dieron la espina dorsal y rechazaron su petición de declarar el matrimonio nulo. ¡Qué sal!
Finalmente, en enero de 2025, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia dijo “basta” y decretó la nulidad. Un recurso de casación presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) logró convencer a los magistrados de que algo andaba turbio en esa unión matrimonial. La resolución, cargada de tecnicismos legales, dejó claro que el asunto merecía una revisión profunda. Parece que el mae tenía razón desde el principio, ¡dios mío!
Lo que pasó exactamente es que el caso ya había recorrido varias instancias judiciales sin llegar a una solución. Un recurso de casación, que es como apelar a un tribunal superior, puso fin a la incertidumbre. Este tipo de recurso se utiliza cuando se cree que se han violado leyes o garantías esenciales durante el proceso judicial. La PGR insistió en que el matrimonio carecía de fundamento legal, dada la forma en que se gestó y el evidente interés económico detrás de él.
La versión del tico, que dio a conocer en el Centro de Atención Institucional de San Sebastián, es bastante clara: “Estaba sin trabajo, deambulando… unos señores se me acercaron y me ofrecieron dinero por casarme. Fui a una oficina cerca de la Clínica Bíblica, firmé unos documentos, me dieron ¢50 mil y me marché. Jamás volví a saber de esa persona.” Una historia que levanta sospechas, ¿eh?
La PGR argumentó que el matrimonio se basó en un fraude, con el único propósito de obtener beneficios migratorios irregulares para la dominicana. Demostraron que ella abandonó el país tan solo tres meses después del matrimonio, lo que evidenciaba la falta de intenciones genuinas de formar una vida en común. Además, señalaron que permitir estos tipos de uniones podría comprometer la seguridad jurídica y facilitar el acceso ilegal a ventajas migratorias. ¡Un panorama no muy agradable para el país!
Ahora, después de más de doce años de batallas legales, el caso llega a su fin. La Sala II anuló el matrimonio y todas las acciones administrativas relacionadas con la nacionalización y residencia de la dominicana. ¿Pero qué les parece a ustedes, colegas? ¿Creen que el Estado debería ser más estricto en la verificación de matrimonios en situaciones similares? ¿Deberíamos exigir exámenes psicológicos más rigurosos para evitar estas situaciones? Dejen sus opiniones abajo, quiero saber qué piensan al respecto. ¡Vamos a armar un buen debate!
La historia arranca en el 2012, cuando un tico, buscando salir del brete de estar desempleado y vagando por San José, cayó en una propuesta bastante peculiar: casarse con una extranjera a cambio de lana. Un grupito de dominicanos se le acercaron con la oferta, y él, en un momento de desesperación, aceptó. Lo que él pensaba era un salvavidas rápido resultó ser un churche bien complicado.
El mae asegura que nunca conoció a la señora con quien se juró amor eterno – o bueno, casi amor eterno, porque más bien fue un intercambio de papeles y unos cuantos billetes – ni siquiera la volvió a ver después del día del casamento. Pero varios tribunales, por mucho tiempo, le dieron la espina dorsal y rechazaron su petición de declarar el matrimonio nulo. ¡Qué sal!
Finalmente, en enero de 2025, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia dijo “basta” y decretó la nulidad. Un recurso de casación presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) logró convencer a los magistrados de que algo andaba turbio en esa unión matrimonial. La resolución, cargada de tecnicismos legales, dejó claro que el asunto merecía una revisión profunda. Parece que el mae tenía razón desde el principio, ¡dios mío!
Lo que pasó exactamente es que el caso ya había recorrido varias instancias judiciales sin llegar a una solución. Un recurso de casación, que es como apelar a un tribunal superior, puso fin a la incertidumbre. Este tipo de recurso se utiliza cuando se cree que se han violado leyes o garantías esenciales durante el proceso judicial. La PGR insistió en que el matrimonio carecía de fundamento legal, dada la forma en que se gestó y el evidente interés económico detrás de él.
La versión del tico, que dio a conocer en el Centro de Atención Institucional de San Sebastián, es bastante clara: “Estaba sin trabajo, deambulando… unos señores se me acercaron y me ofrecieron dinero por casarme. Fui a una oficina cerca de la Clínica Bíblica, firmé unos documentos, me dieron ¢50 mil y me marché. Jamás volví a saber de esa persona.” Una historia que levanta sospechas, ¿eh?
La PGR argumentó que el matrimonio se basó en un fraude, con el único propósito de obtener beneficios migratorios irregulares para la dominicana. Demostraron que ella abandonó el país tan solo tres meses después del matrimonio, lo que evidenciaba la falta de intenciones genuinas de formar una vida en común. Además, señalaron que permitir estos tipos de uniones podría comprometer la seguridad jurídica y facilitar el acceso ilegal a ventajas migratorias. ¡Un panorama no muy agradable para el país!
Ahora, después de más de doce años de batallas legales, el caso llega a su fin. La Sala II anuló el matrimonio y todas las acciones administrativas relacionadas con la nacionalización y residencia de la dominicana. ¿Pero qué les parece a ustedes, colegas? ¿Creen que el Estado debería ser más estricto en la verificación de matrimonios en situaciones similares? ¿Deberíamos exigir exámenes psicológicos más rigurosos para evitar estas situaciones? Dejen sus opiniones abajo, quiero saber qué piensan al respecto. ¡Vamos a armar un buen debate!
