¡Qué vaina, gente! Aquí les va la onda. Resulta que el AyA, sin previo aviso y con toda la Fuerza Pública encima, decidió meterle mano al acueducto nuevo de Naranjo, justo el que costó unos ¢216 millones. Esto, según la municipalidad, pone en peligro el suministro de agua a casi 12 mil vecinos del casco central. ¡Un despiche!
La bronca empezó porque el AyA quiere conectar ese acueducto al sistema general para abastecer el proyecto La Esperanza. Pero, ahí está el detalle, la municipalidad dice que esas conexiones tienen que hacerse con cuidado, porque la presión del agua en esa tubería es alta y cualquier movida chapucera podría causar fugas que nos dejarían secos. Dijeron algo de presiones técnicas y bla, bla, bla… pero al final, la idea es que no ande cualquiera haciendo experimentos con nuestro agua.
El alcalde Randall Vega no se quedó callado y le echó un buen pulso al asunto. Dijo que vio una presencia masiva de policía en el lugar, ¡decenas!, y que no había ni rastro de vecinos protestando ni representantes de la municipalidad. Según él, era innecesario tanto aparato de seguridad. “Me parece una exageración, vamos”, comentó, visiblemente molesto por la situación. Y sí, vaya si lo era, porque parecía una película.
Por supuesto, la presidenta del AyA, Lourdes Sáurez, salió a defender la acción de la institución. Aseguró que tienen estudios técnicos y respaldo legal para lo que hicieron, y que incluso le explicaron todo al presidente del Concejo Municipal. Quién sabe qué habrá dicho, pero la verdad es que la alcaldía no se lo tragó entero. Aparentemente, ella piensa que todo está “dentro del margen de legalidad” del AyA. ¡Claro, claro!”, dijimos entre nosotros.
Pero la cosa no se queda ahí. La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) saltó a la escena para defender la autonomía municipal y criticó duramente la decisión del Gobierno. Su presidente, Juan Diego Gómez, soltó un “¡qué desmadre!” (bueno, no literalmente, pero el mensaje era ese). Dijo que no pueden permitir que el Ejecutivo tome decisiones unilaterales sin seguir los procesos legales. La UNGL ya anunció que irá a los tribunales para defender los derechos de los municipios, y esto pinta para un buen bardo legal.
Y hablando de bardos, esta polémica viene a reabrir un debate que ya teníamos pendiente: ¿hasta dónde llega la autoridad del AyA sobre los sistemas de agua municipales? Muchos argumentan que el AyA tiene la responsabilidad de asegurar el acceso al agua potable para todos los costarricenses, pero también hay quienes defienden la capacidad de los gobiernos locales para administrar sus propios recursos hídricos. Parece que este caso va a poner a prueba esos límites.
Ahora bien, volviendo a la realidad del día a día, el temor de los naranjeños es quedarse sin agua. Imaginen la bronca tener que hacer fila para llenar un balde, o peor aún, ver cómo se marchitan las plantas del jardín. No es plan. Por eso, la municipalidad pide calma, pero también exige transparencia y cautela por parte del AyA. Necesitamos saber qué van a hacer exactamente y cómo piensan garantizar que no nos quedemos sin agua. Que no se anden juegos, por favor.
En fin, este lío del agua en Naranjo nos deja varias preguntas en el aire: ¿Es justificable la intervención del AyA para garantizar el acceso al agua, aun a costa de afectar la autonomía municipal? ¿Quién debería tener la última palabra en estos casos? Y lo más importante: ¿Cómo podemos evitar que situaciones como esta se repitan en otras comunidades?
La bronca empezó porque el AyA quiere conectar ese acueducto al sistema general para abastecer el proyecto La Esperanza. Pero, ahí está el detalle, la municipalidad dice que esas conexiones tienen que hacerse con cuidado, porque la presión del agua en esa tubería es alta y cualquier movida chapucera podría causar fugas que nos dejarían secos. Dijeron algo de presiones técnicas y bla, bla, bla… pero al final, la idea es que no ande cualquiera haciendo experimentos con nuestro agua.
El alcalde Randall Vega no se quedó callado y le echó un buen pulso al asunto. Dijo que vio una presencia masiva de policía en el lugar, ¡decenas!, y que no había ni rastro de vecinos protestando ni representantes de la municipalidad. Según él, era innecesario tanto aparato de seguridad. “Me parece una exageración, vamos”, comentó, visiblemente molesto por la situación. Y sí, vaya si lo era, porque parecía una película.
Por supuesto, la presidenta del AyA, Lourdes Sáurez, salió a defender la acción de la institución. Aseguró que tienen estudios técnicos y respaldo legal para lo que hicieron, y que incluso le explicaron todo al presidente del Concejo Municipal. Quién sabe qué habrá dicho, pero la verdad es que la alcaldía no se lo tragó entero. Aparentemente, ella piensa que todo está “dentro del margen de legalidad” del AyA. ¡Claro, claro!”, dijimos entre nosotros.
Pero la cosa no se queda ahí. La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) saltó a la escena para defender la autonomía municipal y criticó duramente la decisión del Gobierno. Su presidente, Juan Diego Gómez, soltó un “¡qué desmadre!” (bueno, no literalmente, pero el mensaje era ese). Dijo que no pueden permitir que el Ejecutivo tome decisiones unilaterales sin seguir los procesos legales. La UNGL ya anunció que irá a los tribunales para defender los derechos de los municipios, y esto pinta para un buen bardo legal.
Y hablando de bardos, esta polémica viene a reabrir un debate que ya teníamos pendiente: ¿hasta dónde llega la autoridad del AyA sobre los sistemas de agua municipales? Muchos argumentan que el AyA tiene la responsabilidad de asegurar el acceso al agua potable para todos los costarricenses, pero también hay quienes defienden la capacidad de los gobiernos locales para administrar sus propios recursos hídricos. Parece que este caso va a poner a prueba esos límites.
Ahora bien, volviendo a la realidad del día a día, el temor de los naranjeños es quedarse sin agua. Imaginen la bronca tener que hacer fila para llenar un balde, o peor aún, ver cómo se marchitan las plantas del jardín. No es plan. Por eso, la municipalidad pide calma, pero también exige transparencia y cautela por parte del AyA. Necesitamos saber qué van a hacer exactamente y cómo piensan garantizar que no nos quedemos sin agua. Que no se anden juegos, por favor.
En fin, este lío del agua en Naranjo nos deja varias preguntas en el aire: ¿Es justificable la intervención del AyA para garantizar el acceso al agua, aun a costa de afectar la autonomía municipal? ¿Quién debería tener la última palabra en estos casos? Y lo más importante: ¿Cómo podemos evitar que situaciones como esta se repitan en otras comunidades?
