Airbnb ha pagado casi 3 millones de dólares en impuestos al Ministerio de Hacienda en Costa Rica desde su inscripción como proveedor de servicios digitales transfronterizos en junio de 2023. Esto se debe al cumplimiento del 13% de IVA que la plataforma recolecta de sus tarifas de servicio.
Aunque el director de Políticas Públicas de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, Carlos Muñoz, celebra esta contribución como un paso hacia la democratización del turismo en el país, uno no puede evitar preguntarse: ¿a quién realmente beneficia esta cifra?
El compromiso de Airbnb con la recaudación de impuestos se ha convertido en una jugada maestra para suavizar la imagen de una empresa multinacional en un país que busca desesperadamente ingresos fiscales. Costa Rica, conocido por sus políticas progresistas y su enfoque en la equidad social, se enfrenta al reto de gestionar la economía colaborativa sin sacrificar los ingresos que sustentan sus servicios públicos.
La cooperación de Airbnb con las autoridades costarricenses podría verse como un ejemplo a seguir. Más de 5,000 anfitriones se han registrado en Hacienda, cumpliendo con sus obligaciones fiscales bajo la categoría de alquiler de bienes inmuebles de uso habitacional por periodos inferiores a un mes. Sin embargo, detrás de este número está la realidad de un sistema fiscal que podría no estar completamente preparado para manejar la carga administrativa y el escrutinio que viene con la supervisión de miles de microempresas.
Airbnb ha implementado mecanismos efectivos para la recaudación y remisión del IVA, destacando su compromiso con el cumplimiento fiscal. Pero, ¿qué hay del impacto en la economía local? Si bien es cierto que la plataforma ayuda a los ticos a obtener ingresos adicionales, también plantea preguntas sobre la equidad en la competencia con los negocios locales tradicionales que pueden no tener la misma flexibilidad o alcance global.
Además, el país se ha posicionado a la vanguardia en la implementación de las reglas de reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), preparando el camino para una mayor transparencia y supervisión a partir de enero de 2025. Este movimiento hacia la transparencia fiscal es encomiable, pero también plantea la cuestión de si todos los actores en el mercado de plataformas digitales estarán dispuestos a cumplir con estos estándares.
Mientras tanto, el gobierno costarricense se prepara para implementar la "Resolución sobre Intercambio Automático de Información" en 2025, lo que permitirá una visibilidad sin precedentes sobre las operaciones realizadas a través de plataformas digitales. Esta nueva era de transparencia debería incentivar a todos los anfitriones en el país a registrarse y comenzar a cumplir con sus obligaciones fiscales, asegurando así su contribución al desarrollo económico y la equidad fiscal en la nación.
Sin embargo, esta narrativa no estaría completa sin una crítica al propio modelo de negocio de Airbnb. Si bien facilita la generación de ingresos para los individuos, también ha sido criticado por contribuir a la gentrificación y a la crisis de vivienda en muchas ciudades alrededor del mundo.
¿Costa Rica estará exenta de estos problemas? Sólo el tiempo lo dirá.
Mientras Airbnb se presenta como un aliado en la recaudación de impuestos y la promoción del turismo en Costa Rica, es esencial que los responsables políticos y los ciudadanos sigan cuestionando y monitoreando el impacto real de esta colaboración. Después de todo, casi tres millones de dólares son sólo una parte de un cuadro mucho más grande que incluye la sostenibilidad económica, la justicia fiscal y el bienestar social.
Aunque el director de Políticas Públicas de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, Carlos Muñoz, celebra esta contribución como un paso hacia la democratización del turismo en el país, uno no puede evitar preguntarse: ¿a quién realmente beneficia esta cifra?
El compromiso de Airbnb con la recaudación de impuestos se ha convertido en una jugada maestra para suavizar la imagen de una empresa multinacional en un país que busca desesperadamente ingresos fiscales. Costa Rica, conocido por sus políticas progresistas y su enfoque en la equidad social, se enfrenta al reto de gestionar la economía colaborativa sin sacrificar los ingresos que sustentan sus servicios públicos.
La cooperación de Airbnb con las autoridades costarricenses podría verse como un ejemplo a seguir. Más de 5,000 anfitriones se han registrado en Hacienda, cumpliendo con sus obligaciones fiscales bajo la categoría de alquiler de bienes inmuebles de uso habitacional por periodos inferiores a un mes. Sin embargo, detrás de este número está la realidad de un sistema fiscal que podría no estar completamente preparado para manejar la carga administrativa y el escrutinio que viene con la supervisión de miles de microempresas.
Airbnb ha implementado mecanismos efectivos para la recaudación y remisión del IVA, destacando su compromiso con el cumplimiento fiscal. Pero, ¿qué hay del impacto en la economía local? Si bien es cierto que la plataforma ayuda a los ticos a obtener ingresos adicionales, también plantea preguntas sobre la equidad en la competencia con los negocios locales tradicionales que pueden no tener la misma flexibilidad o alcance global.
Además, el país se ha posicionado a la vanguardia en la implementación de las reglas de reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), preparando el camino para una mayor transparencia y supervisión a partir de enero de 2025. Este movimiento hacia la transparencia fiscal es encomiable, pero también plantea la cuestión de si todos los actores en el mercado de plataformas digitales estarán dispuestos a cumplir con estos estándares.
Mientras tanto, el gobierno costarricense se prepara para implementar la "Resolución sobre Intercambio Automático de Información" en 2025, lo que permitirá una visibilidad sin precedentes sobre las operaciones realizadas a través de plataformas digitales. Esta nueva era de transparencia debería incentivar a todos los anfitriones en el país a registrarse y comenzar a cumplir con sus obligaciones fiscales, asegurando así su contribución al desarrollo económico y la equidad fiscal en la nación.
Sin embargo, esta narrativa no estaría completa sin una crítica al propio modelo de negocio de Airbnb. Si bien facilita la generación de ingresos para los individuos, también ha sido criticado por contribuir a la gentrificación y a la crisis de vivienda en muchas ciudades alrededor del mundo.
¿Costa Rica estará exenta de estos problemas? Sólo el tiempo lo dirá.
Mientras Airbnb se presenta como un aliado en la recaudación de impuestos y la promoción del turismo en Costa Rica, es esencial que los responsables políticos y los ciudadanos sigan cuestionando y monitoreando el impacto real de esta colaboración. Después de todo, casi tres millones de dólares son sólo una parte de un cuadro mucho más grande que incluye la sostenibilidad económica, la justicia fiscal y el bienestar social.
