¡Ay, Dios mío! Se armó un quite tremendo este martes en Puntarenas. Resulta que Rocío Ramírez, una ciudadana decidida, le echó encima a Laura Fernández, la candidata del Pueblo Soberano, acusándola de meterle cuchillo con la beligerancia política durante un consejo de gobierno. Unos testigos dicen que la señora estaba que ardía, pidiendo piso pa' hablar.
La movida se dio en medio de un acto oficial que encabezaba el Presidente Chaves y su gabinete. Ramírez argumenta que la participación de Fernández en ese espacio era pura campaña disfrazada, aprovechándose de los recursos públicos para promocionarse. Según ella, el lugar era para temas de Estado, no pa' pasearla como si fuera reina de carnaval. De hecho, grabó todo el altercado y lo subió a las redes; ¡se viralizó rapidísimo, como reguero de pólvora!
Fernández, pa’ no quedarse callada, respondió con un comentario corto pero contundente: “¿Me van a poner una mordaza a mí también? Dios la bendiga.” Una respuesta que, claro, encendió todas las alarmas y dividió opiniones en las redes sociales. Algunos la defendieron, diciendo que la señora estaba exagerando, mientras otros se sumaron a las críticas, acusándola de falta de respeto y de, efectivamente, tratar de aprovecharse de la coyuntura.
Pero vamos por partes. Legalmente hablando, la figura de la beligerancia política es un tema complicado. Como bien saben los abogados, es una “zona gris” en la normativa electoral. Aunque existe, definirla y probarla es un verdadero brete. Podríamos decir que es cuando un funcionario público usa su cargo y los recursos del Estado para favorecer a un partido o candidato. Pero ahí hay muchas vueltas… una maraña de interpretaciones.
La ley es clara: para jerarcas como el Presidente, ministros, viceministros y magistrados, la prohibición es aún más estricta. No pueden opinar abiertamente sobre asuntos políticos ni electorales. De hacerlo, se les puede destituir inmediatamente e inhabilitarlos para ejercer cargos públicos por un período de dos a cuatro años. ¡Un buen susto, eh! Piensen en el impacto que esto tendría en cualquier carrera política.
Ahora, volviendo a Fernández. Técnicamente, como no es funcionaria del gobierno, sí tiene derecho a participar en actos públicos y a buscar el apoyo de los ciudadanos. La clave estaría en determinar si su participación en el acto en Puntarenas fue genuina o si buscaba obtener algún beneficio electoral ilícito. Ahí radica el quid de la cuestión, el punto crucial que deberá analizar la Fiscalía Electoral.
Este caso nos pone a reflexionar sobre los límites entre la participación ciudadana y el uso indebido de la función pública. En una democracia, todos tenemos derecho a expresarnos y a apoyar a nuestros candidatos favoritos, pero siempre respetando las leyes y evitando caer en prácticas cuestionables. Pura jugada política, algunos dirían, pero con posibles consecuencias legales muy serias para la candidata.
Y ahora, la pregunta que nos queda es: ¿Cree usted que la actitud de Laura Fernández constituyó realmente beligerancia política o simplemente se trató de una reacción defensiva ante una crítica injusta? ¡Déjenme saber su opinión en los comentarios! ¡Vamos a debatirlo con ganas y a ver qué sale!
La movida se dio en medio de un acto oficial que encabezaba el Presidente Chaves y su gabinete. Ramírez argumenta que la participación de Fernández en ese espacio era pura campaña disfrazada, aprovechándose de los recursos públicos para promocionarse. Según ella, el lugar era para temas de Estado, no pa' pasearla como si fuera reina de carnaval. De hecho, grabó todo el altercado y lo subió a las redes; ¡se viralizó rapidísimo, como reguero de pólvora!
Fernández, pa’ no quedarse callada, respondió con un comentario corto pero contundente: “¿Me van a poner una mordaza a mí también? Dios la bendiga.” Una respuesta que, claro, encendió todas las alarmas y dividió opiniones en las redes sociales. Algunos la defendieron, diciendo que la señora estaba exagerando, mientras otros se sumaron a las críticas, acusándola de falta de respeto y de, efectivamente, tratar de aprovecharse de la coyuntura.
Pero vamos por partes. Legalmente hablando, la figura de la beligerancia política es un tema complicado. Como bien saben los abogados, es una “zona gris” en la normativa electoral. Aunque existe, definirla y probarla es un verdadero brete. Podríamos decir que es cuando un funcionario público usa su cargo y los recursos del Estado para favorecer a un partido o candidato. Pero ahí hay muchas vueltas… una maraña de interpretaciones.
La ley es clara: para jerarcas como el Presidente, ministros, viceministros y magistrados, la prohibición es aún más estricta. No pueden opinar abiertamente sobre asuntos políticos ni electorales. De hacerlo, se les puede destituir inmediatamente e inhabilitarlos para ejercer cargos públicos por un período de dos a cuatro años. ¡Un buen susto, eh! Piensen en el impacto que esto tendría en cualquier carrera política.
Ahora, volviendo a Fernández. Técnicamente, como no es funcionaria del gobierno, sí tiene derecho a participar en actos públicos y a buscar el apoyo de los ciudadanos. La clave estaría en determinar si su participación en el acto en Puntarenas fue genuina o si buscaba obtener algún beneficio electoral ilícito. Ahí radica el quid de la cuestión, el punto crucial que deberá analizar la Fiscalía Electoral.
Este caso nos pone a reflexionar sobre los límites entre la participación ciudadana y el uso indebido de la función pública. En una democracia, todos tenemos derecho a expresarnos y a apoyar a nuestros candidatos favoritos, pero siempre respetando las leyes y evitando caer en prácticas cuestionables. Pura jugada política, algunos dirían, pero con posibles consecuencias legales muy serias para la candidata.
Y ahora, la pregunta que nos queda es: ¿Cree usted que la actitud de Laura Fernández constituyó realmente beligerancia política o simplemente se trató de una reacción defensiva ante una crítica injusta? ¡Déjenme saber su opinión en los comentarios! ¡Vamos a debatirlo con ganas y a ver qué sale!
