¡Ay, Dios mío! Parece que el Benemérito Cuerpo de Bomberos anda teniendo más lío que gallina ciega. Esta vez, el Juzgado de Trabajo le ha puesto el dedo en el hocico a otro par de despidos injustificados. Sí, señores, sumamos otra pieza a este rompecabezas judicial que parece no tener fin.
La jueza, con toda la razón del mundo, ordenó la reinstalación inmediata de Alvarado y Ureña, dos bomberos que, al parecer, tenían demasiado claro cómo se manejan los billetes en la institución. Se los llevaron por arte de magia, argumentando cosas así como “falta de ajuste”, pero el juzgado vio la cosa clarísima: estaban protegiendo a unos jerarcas corruptos.
Pero esto no es nuevo, ¡para nada! Ya tenemos varias sentencias similares donde otros compañeros – Salas, Baltodano, Gutiérrez y Bermúdez – también se llevaron el gato al agua y recuperaron sus trabajos. Todos ellos, al igual que Alvarado y Ureña, tuvieron el valor de levantar la voz contra los malos manejos y ahora disfrutan de la protección del artículo 8 de la Ley de Protección de Denunciantes. ¡Puro coco!
Ahora, recapitulando un poquito la vaina… a finales de junio del año pasado, 11 funcionarios fueron echados a la calle usando el famoso artículo 123 de la convención colectiva. Ese artículo, que permite terminar el contrato “sin justa causa”, se ha convertido en la herramienta favorita de algunos jefes para deshacerse de quienes les dan cosquillas en la barriga.
Y la cosa no termina ahí, porque justamente el secretario de Bomberos del sindicato UPINS, Eduardo Soto Gómez, no se quedó callado y metió un recurso de inconstitucionalidad contra ese artículo 123. Dice que lo usan de manera irregular y que, además, estamos hablando de una institución que maneja plata pública. ¡Eso es un brete importante, mámon!
Este recurso, que lleva el número 25-001004-0007-CO, está ahorita mismo en manos de los magistrados de la Corte Constitucional, analizándolo a fondo. A ver si le sacan la castaña del fuego a esta situación tan chueca que nos tienen viviendo los altos mandos del cuerpo.
La verdad, esta historia da qué pensar. Nos demuestra que, aunque hay gente mala por ahí, también hay gente valiente dispuesta a defender lo que es justo. Y eso, amigos míos, es digno de admirar. Pero también nos pone a reflexionar sobre la importancia de tener instituciones sólidas y transparentes, capaces de proteger a quienes denuncian la corrupción.
Con tantas vueltas y revueltas, me pregunto, ¿ustedes creen que realmente vamos a ver cambios significativos en la gestión del Cuerpo de Bomberos, o será que esta lucha judicial seguirá siendo una batalla interminable? Compartan sus opiniones y experiencias en el foro, ¡me interesa saber qué piensan ustedes sobre este asunto!
La jueza, con toda la razón del mundo, ordenó la reinstalación inmediata de Alvarado y Ureña, dos bomberos que, al parecer, tenían demasiado claro cómo se manejan los billetes en la institución. Se los llevaron por arte de magia, argumentando cosas así como “falta de ajuste”, pero el juzgado vio la cosa clarísima: estaban protegiendo a unos jerarcas corruptos.
Pero esto no es nuevo, ¡para nada! Ya tenemos varias sentencias similares donde otros compañeros – Salas, Baltodano, Gutiérrez y Bermúdez – también se llevaron el gato al agua y recuperaron sus trabajos. Todos ellos, al igual que Alvarado y Ureña, tuvieron el valor de levantar la voz contra los malos manejos y ahora disfrutan de la protección del artículo 8 de la Ley de Protección de Denunciantes. ¡Puro coco!
Ahora, recapitulando un poquito la vaina… a finales de junio del año pasado, 11 funcionarios fueron echados a la calle usando el famoso artículo 123 de la convención colectiva. Ese artículo, que permite terminar el contrato “sin justa causa”, se ha convertido en la herramienta favorita de algunos jefes para deshacerse de quienes les dan cosquillas en la barriga.
Y la cosa no termina ahí, porque justamente el secretario de Bomberos del sindicato UPINS, Eduardo Soto Gómez, no se quedó callado y metió un recurso de inconstitucionalidad contra ese artículo 123. Dice que lo usan de manera irregular y que, además, estamos hablando de una institución que maneja plata pública. ¡Eso es un brete importante, mámon!
Este recurso, que lleva el número 25-001004-0007-CO, está ahorita mismo en manos de los magistrados de la Corte Constitucional, analizándolo a fondo. A ver si le sacan la castaña del fuego a esta situación tan chueca que nos tienen viviendo los altos mandos del cuerpo.
La verdad, esta historia da qué pensar. Nos demuestra que, aunque hay gente mala por ahí, también hay gente valiente dispuesta a defender lo que es justo. Y eso, amigos míos, es digno de admirar. Pero también nos pone a reflexionar sobre la importancia de tener instituciones sólidas y transparentes, capaces de proteger a quienes denuncian la corrupción.
Con tantas vueltas y revueltas, me pregunto, ¿ustedes creen que realmente vamos a ver cambios significativos en la gestión del Cuerpo de Bomberos, o será que esta lucha judicial seguirá siendo una batalla interminable? Compartan sus opiniones y experiencias en el foro, ¡me interesa saber qué piensan ustedes sobre este asunto!
