¡Ay, Dios mío!, parece que el caso Barrenador nunca termina. El Juzgado Penal de Hacienda le dio otra vuelta de tuerca este lunes, extendiendo las medidas cautelares a tres exdirectivos de la CCSS – Gutiérrez, Camareno y Rojas – justo cuando pensábamos que ya habíamos visto lo peor. La Fiscalía Anticorrupción, siempre atenta, pidió esta extensión, y los jueces le dieron la razón. ¡Imagínense la bronca!
Para refrescarle la memoria a los más despistados, este lío tiene que ver con la adjudicación por diez años de 138 Equipamientos Básicos de Atención Integral (Ebáis). Se habla de unos sobreprecios astronómicos, alrededor de 12 mil millones de colones al año, gracias a favorecimientos injustificados a cooperativas y asociaciones médicas. Un verdadero despilfarro, ¿eh?
Las implicadas, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes (exgerente general interina), María Isabel Camareno Camareno y Zeirith Rojas Cerna, ahora tendrán que seguir suspendidas de sus cargos, sin poder ni siquiera acercarse a los testigos ni a los documentos relacionados con la licitación. ¡Un aislamiento completo! Esto demuestra que la Fiscalía no anda jugando, y quiere llegar hasta el fondo del problema.
Y hablando de gente que no puede moverse precisamente, recordemos que Esquivel, la expresidenta ejecutiva de la CCSS y ahora candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano, y Johnny Alfredo Gómez Pana, otro directivo, también tienen medidas cautelares vigentes hasta abril de 2026. ¡Eso sí es tiempo! Parece que este caso va a durar más que mi abuela en casa.
Pero la cosa no termina ahí. La propia CCSS lleva meses revisando estos contratos, y en septiembre la Dirección Jurídica declaró la “lesividad” (eso significa que eran nulos, pa’ ponerlo claro) de nueve contratos por vicios de nulidad. Ya iniciaron los trámites judiciales correspondientes. ¡Una limpia general, vamos!
Por supuesto, hay quienes han intentado defenderse. Una cooperativa, por ejemplo, buscaba que se levantaran las medidas cautelares, pero un tribunal les dijo que no había manera. La verdad, esto pinta feo para muchos, y la credibilidad de la CCSS está por los suelos. ¡Qué pena nacional!
Ahora, en la parte legal, la Fiscalía sigue investigando posibles delitos asociados a la tramitación contractual y al manejo de evidencia. Mientras tanto, la CCSS está impulsando juicios de nulidad y revisiones contractuales que podrían afectar la prestación de servicios en los Ebáis. Imagínense el impacto si se confirman todas estas irregularidades... ¡Sería un cambalache!
En fin, un panorama complejo y lleno de interrogantes. Con tantas idas y vueltas, contratos anulados y medidas cautelares interminables, nos queda preguntarnos: ¿Logrará la justicia esclarecer completamente este caso y recuperar esos millones perdidos, o seguiremos viendo cómo la corrupción se mete a brincos en la salud pública de nuestro país? ¿Cree usted que la CCSS podrá recuperarse de este golpe a su imagen y reconstruir la confianza de la ciudadanía?
Para refrescarle la memoria a los más despistados, este lío tiene que ver con la adjudicación por diez años de 138 Equipamientos Básicos de Atención Integral (Ebáis). Se habla de unos sobreprecios astronómicos, alrededor de 12 mil millones de colones al año, gracias a favorecimientos injustificados a cooperativas y asociaciones médicas. Un verdadero despilfarro, ¿eh?
Las implicadas, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes (exgerente general interina), María Isabel Camareno Camareno y Zeirith Rojas Cerna, ahora tendrán que seguir suspendidas de sus cargos, sin poder ni siquiera acercarse a los testigos ni a los documentos relacionados con la licitación. ¡Un aislamiento completo! Esto demuestra que la Fiscalía no anda jugando, y quiere llegar hasta el fondo del problema.
Y hablando de gente que no puede moverse precisamente, recordemos que Esquivel, la expresidenta ejecutiva de la CCSS y ahora candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano, y Johnny Alfredo Gómez Pana, otro directivo, también tienen medidas cautelares vigentes hasta abril de 2026. ¡Eso sí es tiempo! Parece que este caso va a durar más que mi abuela en casa.
Pero la cosa no termina ahí. La propia CCSS lleva meses revisando estos contratos, y en septiembre la Dirección Jurídica declaró la “lesividad” (eso significa que eran nulos, pa’ ponerlo claro) de nueve contratos por vicios de nulidad. Ya iniciaron los trámites judiciales correspondientes. ¡Una limpia general, vamos!
Por supuesto, hay quienes han intentado defenderse. Una cooperativa, por ejemplo, buscaba que se levantaran las medidas cautelares, pero un tribunal les dijo que no había manera. La verdad, esto pinta feo para muchos, y la credibilidad de la CCSS está por los suelos. ¡Qué pena nacional!
Ahora, en la parte legal, la Fiscalía sigue investigando posibles delitos asociados a la tramitación contractual y al manejo de evidencia. Mientras tanto, la CCSS está impulsando juicios de nulidad y revisiones contractuales que podrían afectar la prestación de servicios en los Ebáis. Imagínense el impacto si se confirman todas estas irregularidades... ¡Sería un cambalache!
En fin, un panorama complejo y lleno de interrogantes. Con tantas idas y vueltas, contratos anulados y medidas cautelares interminables, nos queda preguntarnos: ¿Logrará la justicia esclarecer completamente este caso y recuperar esos millones perdidos, o seguiremos viendo cómo la corrupción se mete a brincos en la salud pública de nuestro país? ¿Cree usted que la CCSS podrá recuperarse de este golpe a su imagen y reconstruir la confianza de la ciudadanía?
