¡Ay, Dios mío! Aquí vamos de nuevo con el Poder Judicial buscando soluciones rápidas y terminando metiendo más leña al fuego. Resulta que ahora quieren meter a la Defensa Pública en medio de los juicios civiles, argumentando que los abogados particulares andan perdiendo citas y dejando procesos larguísimos. Un brete el que tienen montado, y parece que no ven venir las consecuencias, diay.
La propuesta, que viene en el expediente 24.913, busca modificar artículos del Código Procesal Penal para que, cuando un abogado litigante no pueda asistir a un juicio por choque de agenda, automáticamente entre la Defensa Pública a cubrirlo. Suena lindo en papel, pero varios expertos ya están sacando humo por las costuras, asegurando que esto no soluciona el problema de fondo y podría incluso empeorarlo. Ya saben cómo son estas cosas, se intentan tapar agujeros con parches y al final sale peor.
Omar Vargas, abogado y catedrático de la UCR, le dio duro a la propuesta, diciendo que no hay datos concretos de cuántos juicios se caen por estos problemas de agenda. Además, criticó la idea de imponer plazos para cambiar de defensor, alegando que eso solo generaría más demoras. Lo que él sugiere, y tiene toda la razón, es que desde el inicio del proceso haya un abogado defensor principal y uno suplente. ¡Así de sencillo!, pero a veces los políticos prefieren complicarse la vida.
Pero no solo Vargas está preocupado. Rafael Rodríguez, abogado penalista, advierte que esto es un retroceso flagrante en materia de derechos fundamentales. Según él, la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen el derecho a la defensa como algo inalienable, que no se puede tocar a lo loco. Esto es clave, porque estamos hablando de garantías básicas que nos protegen como ciudadanos. Ya sabemos cómo se manejan, y cualquier atajo puede llevarnos a perder libertades valiosas, qué sal!
Otro abogado, Kendall Ruiz, se suma a las críticas, señalando que la medida afecta el derecho de defensa de los imputados dentro del debido proceso. Y Federico Campos, abogado litigante, apunta al dedo verdadero: la mala gestión de los tribunales. Dice que muchos juicios se posponen no por culpa de los abogados, sino porque los tribunales agendan las audiencias de forma chapucera. Eso sí que es un problema, ¿verdad? En lugar de atacar a los profesionales que trabajan honestamente, deberían poner orden en sus propios patios.
La iniciativa no trae consigo solamente la intervención de la Defensa Pública. También proponen un juez unipersonal para delitos con penas menores a diez años. ¡Otra idea que suena bien en teoría, pero puede convertirse en un desastre! Rodríguez teme que concentrar la decisión de procesos complejos en una sola persona aumente el riesgo de arbitrariedad y vulnere la imparcialidad judicial. Vargas, por su parte, dice que sería imposible que un solo juez presidiera el juicio y redactara la sentencia. Triplicar las tareas no significa trabajar más rápido, sino cometer más errores, qué torta.
Para darle más sabor al asunto, Campos mencionó el caso de la “Trocha” como ejemplo de cómo esta propuesta podría perjudicar las garantías de las personas. Aparentemente, la figura del juez unipersonal disminuiría las garantías de quienes están sometidos a ese tipo de proceso. Esto demuestra que estas ideas precipitadas pueden tener graves consecuencias, aunque partan de buenas intenciones. Algunos abogados simplemente piden una mesa de diálogo para analizar los puntos débiles de la propuesta y encontrar soluciones más sensatas. Andrés Pérez, por ejemplo, espera que se abra un espacio para conversar y llegar a acuerdos.
En resumen, la reforma judicial ha encendido las alarmas entre los abogados litigantes, quienes consideran que la propuesta no solo es innecesaria, sino que también pone en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Desde la defensa pública hasta jueces unipersonales, el plan tiene más trabas que beneficios. ¿Ustedes creen que realmente esta propuesta solucionará el problema de la mora judicial, o simplemente estamos ante otra solución improvisada que terminará generando más complicaciones? Déjenme saber su opinión en los comentarios, ¡quiero leer qué piensan mis panas sobre este tema candentoso!
La propuesta, que viene en el expediente 24.913, busca modificar artículos del Código Procesal Penal para que, cuando un abogado litigante no pueda asistir a un juicio por choque de agenda, automáticamente entre la Defensa Pública a cubrirlo. Suena lindo en papel, pero varios expertos ya están sacando humo por las costuras, asegurando que esto no soluciona el problema de fondo y podría incluso empeorarlo. Ya saben cómo son estas cosas, se intentan tapar agujeros con parches y al final sale peor.
Omar Vargas, abogado y catedrático de la UCR, le dio duro a la propuesta, diciendo que no hay datos concretos de cuántos juicios se caen por estos problemas de agenda. Además, criticó la idea de imponer plazos para cambiar de defensor, alegando que eso solo generaría más demoras. Lo que él sugiere, y tiene toda la razón, es que desde el inicio del proceso haya un abogado defensor principal y uno suplente. ¡Así de sencillo!, pero a veces los políticos prefieren complicarse la vida.
Pero no solo Vargas está preocupado. Rafael Rodríguez, abogado penalista, advierte que esto es un retroceso flagrante en materia de derechos fundamentales. Según él, la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen el derecho a la defensa como algo inalienable, que no se puede tocar a lo loco. Esto es clave, porque estamos hablando de garantías básicas que nos protegen como ciudadanos. Ya sabemos cómo se manejan, y cualquier atajo puede llevarnos a perder libertades valiosas, qué sal!
Otro abogado, Kendall Ruiz, se suma a las críticas, señalando que la medida afecta el derecho de defensa de los imputados dentro del debido proceso. Y Federico Campos, abogado litigante, apunta al dedo verdadero: la mala gestión de los tribunales. Dice que muchos juicios se posponen no por culpa de los abogados, sino porque los tribunales agendan las audiencias de forma chapucera. Eso sí que es un problema, ¿verdad? En lugar de atacar a los profesionales que trabajan honestamente, deberían poner orden en sus propios patios.
La iniciativa no trae consigo solamente la intervención de la Defensa Pública. También proponen un juez unipersonal para delitos con penas menores a diez años. ¡Otra idea que suena bien en teoría, pero puede convertirse en un desastre! Rodríguez teme que concentrar la decisión de procesos complejos en una sola persona aumente el riesgo de arbitrariedad y vulnere la imparcialidad judicial. Vargas, por su parte, dice que sería imposible que un solo juez presidiera el juicio y redactara la sentencia. Triplicar las tareas no significa trabajar más rápido, sino cometer más errores, qué torta.
Para darle más sabor al asunto, Campos mencionó el caso de la “Trocha” como ejemplo de cómo esta propuesta podría perjudicar las garantías de las personas. Aparentemente, la figura del juez unipersonal disminuiría las garantías de quienes están sometidos a ese tipo de proceso. Esto demuestra que estas ideas precipitadas pueden tener graves consecuencias, aunque partan de buenas intenciones. Algunos abogados simplemente piden una mesa de diálogo para analizar los puntos débiles de la propuesta y encontrar soluciones más sensatas. Andrés Pérez, por ejemplo, espera que se abra un espacio para conversar y llegar a acuerdos.
En resumen, la reforma judicial ha encendido las alarmas entre los abogados litigantes, quienes consideran que la propuesta no solo es innecesaria, sino que también pone en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Desde la defensa pública hasta jueces unipersonales, el plan tiene más trabas que beneficios. ¿Ustedes creen que realmente esta propuesta solucionará el problema de la mora judicial, o simplemente estamos ante otra solución improvisada que terminará generando más complicaciones? Déjenme saber su opinión en los comentarios, ¡quiero leer qué piensan mis panas sobre este tema candentoso!
