¡Aguante! Resulta que la papeleta del desafuero al presidente Chaves se fue al traste ayer en el Plenario Legislativo. Después de horas de debate y presiones que parecían sacadas de una telenovela, los diputados no lograron juntar los 38 votos necesarios para mandar al presidente a enfrentar juicio por el caso BCIE-Cariñitos. Una pena, porque la cosa prometía, pero al final, la mayoría simplemente decidió echarle freno.
Para ponerlos al tanto, esto viene rodando desde hace rato, cuando la Fiscalía General lo acusó formalmente por presuntamente hacer presión para que el productor Christian Bulgarelli le diera un chuche de $32.000 al exasesor Choreco, usando fondazos del BCIE. El asunto era un brete, con acusaciones cruzadas y un ambiente cargado de tensiones políticas, máxime considerando que estamos hablando de un monto considerable de plata.
La votación, que se dio a eso de las seis de la tarde, dejó claras las divisiones dentro del Congreso. Por un lado, la bancada del PLN, fiel a su nombre, sumó un buen puñado de votos a favor del desafuero, junto con el Frente Amplio y algunos diputados independientes. Pero por el otro, sectores del PUSC, Nuevas República, y hasta algunos chavistas, decidieron apoyar al presidente, argumentando diferentes razones, desde proteger la independencia de poderes hasta denunciar persecución política.
Entre los diputados que se hicieron notar, estaba Johana Obando, quien soltó la bomba de que varios congresistas habían recibido llamadas directas del Ejecutivo tratando de influenciar su voto. “Sabemos que ha habido presiones por parte del Ejecutivo. La semana pasada hubo llamadas y este día también”, afirmó Obando, sembrando la duda sobre la transparencia del proceso. Y no faltó quien asumiera el ‘costo político’, como el diputado Carlos Felipe García, quien defendió su voto a favor a capa y espada.
Pero la cosa no acabó ahí. Algunos diputados se fueron en cara, alegando que se estaba judicializando la política, convirtiendo los tribunales en arena para resolver disputas partidarias. “Esto discusión no se hubiera dado compañeros y compañeras si el señor presidente hubiera renunciado a su inmunidad,” sentenció el diputado García. De hecho, pareció haber bastante nerviosismo generalizado entre los legisladores, muchos temerosos de las posibles repercusiones de sus decisiones.
Ahora, el expediente vuelve a la Corte Suprema de Justicia, donde seguirá congelado mientras se espera a que Chaves deje el cargo de presidente. Esto significa que el caso no avanzará hasta que él ya no esté en el poder, lo cual podría tardar un buen trecho, dependiendo de los próximos acontecimientos políticos. Una jugada maestra para postergar cualquier tipo de resolución, dirán algunos.
Es importante recordar que todo esto sucede en medio de un panorama político convulso, con tensiones crecientes entre el gobierno y otras instituciones del Estado. El caso BCIE-Cariñitos se convirtió en un símbolo de esta confrontación, y la decisión del Congreso de no levantar la inmunidad presidencial solo sirvió para avivar aún más las llamas del debate. Realmente, ¡qué barra! Un lío legal y político de proporciones épicas.
Después de todo este rollo, queda una gran interrogante flotando en el aire: ¿Será justo que el caso BCIE-Cariñitos se resuelva solo después de que Chaves haya dejado la presidencia, o debería haber existido otra alternativa para garantizar un juicio imparcial y transparente? ¿Ustedes qué piensan, compas? Dejen sus opiniones abajo!
Para ponerlos al tanto, esto viene rodando desde hace rato, cuando la Fiscalía General lo acusó formalmente por presuntamente hacer presión para que el productor Christian Bulgarelli le diera un chuche de $32.000 al exasesor Choreco, usando fondazos del BCIE. El asunto era un brete, con acusaciones cruzadas y un ambiente cargado de tensiones políticas, máxime considerando que estamos hablando de un monto considerable de plata.
La votación, que se dio a eso de las seis de la tarde, dejó claras las divisiones dentro del Congreso. Por un lado, la bancada del PLN, fiel a su nombre, sumó un buen puñado de votos a favor del desafuero, junto con el Frente Amplio y algunos diputados independientes. Pero por el otro, sectores del PUSC, Nuevas República, y hasta algunos chavistas, decidieron apoyar al presidente, argumentando diferentes razones, desde proteger la independencia de poderes hasta denunciar persecución política.
Entre los diputados que se hicieron notar, estaba Johana Obando, quien soltó la bomba de que varios congresistas habían recibido llamadas directas del Ejecutivo tratando de influenciar su voto. “Sabemos que ha habido presiones por parte del Ejecutivo. La semana pasada hubo llamadas y este día también”, afirmó Obando, sembrando la duda sobre la transparencia del proceso. Y no faltó quien asumiera el ‘costo político’, como el diputado Carlos Felipe García, quien defendió su voto a favor a capa y espada.
Pero la cosa no acabó ahí. Algunos diputados se fueron en cara, alegando que se estaba judicializando la política, convirtiendo los tribunales en arena para resolver disputas partidarias. “Esto discusión no se hubiera dado compañeros y compañeras si el señor presidente hubiera renunciado a su inmunidad,” sentenció el diputado García. De hecho, pareció haber bastante nerviosismo generalizado entre los legisladores, muchos temerosos de las posibles repercusiones de sus decisiones.
Ahora, el expediente vuelve a la Corte Suprema de Justicia, donde seguirá congelado mientras se espera a que Chaves deje el cargo de presidente. Esto significa que el caso no avanzará hasta que él ya no esté en el poder, lo cual podría tardar un buen trecho, dependiendo de los próximos acontecimientos políticos. Una jugada maestra para postergar cualquier tipo de resolución, dirán algunos.
Es importante recordar que todo esto sucede en medio de un panorama político convulso, con tensiones crecientes entre el gobierno y otras instituciones del Estado. El caso BCIE-Cariñitos se convirtió en un símbolo de esta confrontación, y la decisión del Congreso de no levantar la inmunidad presidencial solo sirvió para avivar aún más las llamas del debate. Realmente, ¡qué barra! Un lío legal y político de proporciones épicas.
Después de todo este rollo, queda una gran interrogante flotando en el aire: ¿Será justo que el caso BCIE-Cariñitos se resuelva solo después de que Chaves haya dejado la presidencia, o debería haber existido otra alternativa para garantizar un juicio imparcial y transparente? ¿Ustedes qué piensan, compas? Dejen sus opiniones abajo!
