La angustia se palpa a kilómetros. Rosa Ruiz, la madre de Yerri Gustavo Estrada Ruiz, un médico de doble nacionalidad –costarricense y nicaragüense–, clama desesperadamente por la liberación de su hijo, quien permanece retenido en Nicaragua desde hace más de dos semanas. El caso, que ya ha trascendido fronteras, ha encendido las alarmas y generado una ola de solidaridad hacia la familia, mientras el gobierno costarricense mantiene un silencio que muchos consideran preocupante.
Yerri, de 30 años, fue detenido el pasado 13 de agosto en Granada, Nicaragua, bajo acusaciones aún poco claras. Sus familiares aseguran que su único delito fue participar en protestas pacíficas en defensa de adultos mayores, una actividad considerada legítima por muchos sectores. Pero para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, parece haber tomado otro rumbo, sumiendo a la familia Estrada Ruiz en una pesadilla sin fin aparente.
“¡Devuélvanme a mi hijo, criminales!”, exclamó Rosa Ruiz en un emotivo mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales. Su voz, cargada de dolor y frustración, resuena con fuerza en un país que observa con creciente inquietud la evolución de este caso. La madre, visiblemente afectada, expresó su indignación por la falta de acción por parte de las autoridades costarricenses, criticando lo que considera un abandono a su deber de proteger a sus ciudadanos.”¿Por qué guardan silencio? ¿Por qué no hacen un pronunciamiento público?”, se preguntaba retóricamente, evidenciando su desesperación ante la inacción gubernamental.
La situación ha escalado hasta el punto de que Estados Unidos, mediante un comunicado oficial, ha responsabilizado al gobierno nicaragüense por la integridad física de Yerri y ha exigido su inmediata liberación. Esta presión internacional, aunque bienvenida por la familia, no parece haber tenido el efecto deseado hasta el momento. El panorama se torna complejo, especialmente considerando las tensiones políticas existentes entre ambos países.
Desde Costa Rica, diversos grupos han manifestado su apoyo a la causa de Yerri, organizando vigilias y movilizaciones para exigir su liberación. Activistas de derechos humanos han denunciado la arbitrariedad de la detención y han pedido a las autoridades costarricenses que intensifiquen sus esfuerzos diplomáticos para garantizar la seguridad y el retorno de Yerri a su hogar. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la protección consular y los mecanismos de asistencia a ciudadanos costarricenses en el extranjero.
Mientras tanto, la madre de Yerri persiste en su lucha, decidida a no rendirse hasta lograr la liberación de su hijo. “No descansaré hasta que lo tenga de vuelta”, afirmó con determinación, reiterando su llamado al gobierno nicaragüense y a la comunidad internacional para que intervengan en favor de Yerri. Se siente el peso de la incertidumbre, la angustia constante por saber si su hijo está bien y si pronto podrá volver a abrazarlo.
Este caso plantea interrogantes cruciales sobre el rol de Costa Rica en la defensa de sus nacionales en situaciones de vulnerabilidad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos en el extranjero, especialmente cuando estos enfrentan acusaciones políticas en regímenes autoritarios? La respuesta a esta pregunta es fundamental para determinar el futuro de la relación bilateral con Nicaragua y para reafirmar el compromiso de Costa Rica con los principios de democracia y respeto a los derechos humanos.
La historia de Rosa Ruiz y Yerri Estrada Ruiz nos confronta a una realidad dura: la impotencia ante la injusticia y la urgencia de actuar para defender la dignidad humana. Y ahora, queridos lectores del Foro de Costa Rica, me pregunto: ¿Qué medidas concretas debería tomar el gobierno costarricense para asegurar la liberación de Yerri y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro?
Yerri, de 30 años, fue detenido el pasado 13 de agosto en Granada, Nicaragua, bajo acusaciones aún poco claras. Sus familiares aseguran que su único delito fue participar en protestas pacíficas en defensa de adultos mayores, una actividad considerada legítima por muchos sectores. Pero para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, parece haber tomado otro rumbo, sumiendo a la familia Estrada Ruiz en una pesadilla sin fin aparente.
“¡Devuélvanme a mi hijo, criminales!”, exclamó Rosa Ruiz en un emotivo mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales. Su voz, cargada de dolor y frustración, resuena con fuerza en un país que observa con creciente inquietud la evolución de este caso. La madre, visiblemente afectada, expresó su indignación por la falta de acción por parte de las autoridades costarricenses, criticando lo que considera un abandono a su deber de proteger a sus ciudadanos.”¿Por qué guardan silencio? ¿Por qué no hacen un pronunciamiento público?”, se preguntaba retóricamente, evidenciando su desesperación ante la inacción gubernamental.
La situación ha escalado hasta el punto de que Estados Unidos, mediante un comunicado oficial, ha responsabilizado al gobierno nicaragüense por la integridad física de Yerri y ha exigido su inmediata liberación. Esta presión internacional, aunque bienvenida por la familia, no parece haber tenido el efecto deseado hasta el momento. El panorama se torna complejo, especialmente considerando las tensiones políticas existentes entre ambos países.
Desde Costa Rica, diversos grupos han manifestado su apoyo a la causa de Yerri, organizando vigilias y movilizaciones para exigir su liberación. Activistas de derechos humanos han denunciado la arbitrariedad de la detención y han pedido a las autoridades costarricenses que intensifiquen sus esfuerzos diplomáticos para garantizar la seguridad y el retorno de Yerri a su hogar. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la protección consular y los mecanismos de asistencia a ciudadanos costarricenses en el extranjero.
Mientras tanto, la madre de Yerri persiste en su lucha, decidida a no rendirse hasta lograr la liberación de su hijo. “No descansaré hasta que lo tenga de vuelta”, afirmó con determinación, reiterando su llamado al gobierno nicaragüense y a la comunidad internacional para que intervengan en favor de Yerri. Se siente el peso de la incertidumbre, la angustia constante por saber si su hijo está bien y si pronto podrá volver a abrazarlo.
Este caso plantea interrogantes cruciales sobre el rol de Costa Rica en la defensa de sus nacionales en situaciones de vulnerabilidad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos en el extranjero, especialmente cuando estos enfrentan acusaciones políticas en regímenes autoritarios? La respuesta a esta pregunta es fundamental para determinar el futuro de la relación bilateral con Nicaragua y para reafirmar el compromiso de Costa Rica con los principios de democracia y respeto a los derechos humanos.
La historia de Rosa Ruiz y Yerri Estrada Ruiz nos confronta a una realidad dura: la impotencia ante la injusticia y la urgencia de actuar para defender la dignidad humana. Y ahora, queridos lectores del Foro de Costa Rica, me pregunto: ¿Qué medidas concretas debería tomar el gobierno costarricense para asegurar la liberación de Yerri y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro?
