Maes, a veces la política en este país es como ver un mago que con una mano te saca una paloma del sombrero y con la otra, sin que te des cuenta, ya te quitó el reloj. Esta semana en la Asamblea Legislativa tuvimos un acto de magia de esos, de los que te dejan con una sonrisa nerviosa y revisándote los bolsillos. Por un lado, ¡qué buena vara que se pusieron las pilas! Los diputados de Hacendarios le pusieron un freno de mano a un recorte de ¢24.000 millones que iba directo a la yugular de los programas sociales. Pero, como siempre en este chunche llamado política, la letra pequeña esconde el truco, y el truco esta vez viene en forma de cemento y barrotes.
Primero, lo bueno. Hay que reconocer que se evitó un despiche de proporciones épicas. El Gobierno, en su plan original, se estaba jalando una torta monumental al meterle un tijeretazo de ¢18.000 millones al IMAS y más de ¢5.000 millones a las pensiones del régimen no contributivo. Traducido a gente de carne y hueso, eso significaba dejar guindando a más de 11,300 nuevos adultos mayores que esperaban su pensión y complicarle la vida a casi 120,000 familias que dependen de las ayudas del IMAS. O sea, una receta perfecta para que la pobreza se dispare. Por dicha, diputados como Paulina Ramírez y Jonathan Acuña lideraron un consenso para decir: “un momentito, así no juega”. Se logró restituir la plata y, por ahora, miles de familias y abuelitos pueden respirar tranquilos.
Pero bueno, aquí es donde el mago revela el truco. Mientras todos aplaudíamos que se salvó la plata de la gente, por la puerta de atrás se aprobó una reasignación de ¢8.000 millones para empezar a mover la tierra de la famosa megacárcel. ¿Y de dónde salió esa plata? Diay, de donde siempre: de otros lados igual o más importantes. Le metieron un recorte de ¢4.122 millones a Seguridad Pública (irónico, ¿no?), ¢1.745 millones al MOPT (para que los huecos sigan de fiesta), ¢886 millones a Salud, ¢723 millones a Educación, y piquillos a Hacienda y Gobernación. O sea, para construir un lugar donde encerrar gente, le quitamos plata a los ministerios que, en teoría, trabajan para que la gente no tenga que delinquir en primer lugar.
La defensa del oficialismo, en voz del diputado Alexander Barrantes, es que se necesitan espacios nuevos para mejorar las condiciones de los privados de libertad y separar a los delincuentes más problemáticos. La intención puede sonar lógica en el papel, nadie niega que el hacinamiento carcelario es un problemón. Pero la forma es lo que deja un sinsabor. Es el clásico “desvestir un santo para vestir otro”. ¿De qué nos sirve tener una cárcel de primer mundo si las escuelas se están cayendo o si faltan recursos en los hospitales? Es una visión de seguridad que se enfoca en el castigo final y no en la prevención inicial, una mentalidad de poner curitas en vez de vacunar.
Al final, el dictamen pasa al Plenario, donde se dará la discusión final. Y nos deja a todos con una sensación agridulce. Se apagó un incendio que amenazaba con quemar a los más vulnerables, sí. Pero para hacerlo, parece que tomaron un galón de gasolina y lo rociaron alrededor de la educación, la salud y la infraestructura. Una jugada de corto plazo que podría salirnos carísima en el futuro. Maes, la pregunta del millón es: ¿vale la pena este enredo? ¿Es un gane para el país arreglar las becas y pensiones si el precio es debilitar la educación y la salud para construir una megacárcel? ¿O era la única jugada posible? ¿Qué opinan ustedes?
Primero, lo bueno. Hay que reconocer que se evitó un despiche de proporciones épicas. El Gobierno, en su plan original, se estaba jalando una torta monumental al meterle un tijeretazo de ¢18.000 millones al IMAS y más de ¢5.000 millones a las pensiones del régimen no contributivo. Traducido a gente de carne y hueso, eso significaba dejar guindando a más de 11,300 nuevos adultos mayores que esperaban su pensión y complicarle la vida a casi 120,000 familias que dependen de las ayudas del IMAS. O sea, una receta perfecta para que la pobreza se dispare. Por dicha, diputados como Paulina Ramírez y Jonathan Acuña lideraron un consenso para decir: “un momentito, así no juega”. Se logró restituir la plata y, por ahora, miles de familias y abuelitos pueden respirar tranquilos.
Pero bueno, aquí es donde el mago revela el truco. Mientras todos aplaudíamos que se salvó la plata de la gente, por la puerta de atrás se aprobó una reasignación de ¢8.000 millones para empezar a mover la tierra de la famosa megacárcel. ¿Y de dónde salió esa plata? Diay, de donde siempre: de otros lados igual o más importantes. Le metieron un recorte de ¢4.122 millones a Seguridad Pública (irónico, ¿no?), ¢1.745 millones al MOPT (para que los huecos sigan de fiesta), ¢886 millones a Salud, ¢723 millones a Educación, y piquillos a Hacienda y Gobernación. O sea, para construir un lugar donde encerrar gente, le quitamos plata a los ministerios que, en teoría, trabajan para que la gente no tenga que delinquir en primer lugar.
La defensa del oficialismo, en voz del diputado Alexander Barrantes, es que se necesitan espacios nuevos para mejorar las condiciones de los privados de libertad y separar a los delincuentes más problemáticos. La intención puede sonar lógica en el papel, nadie niega que el hacinamiento carcelario es un problemón. Pero la forma es lo que deja un sinsabor. Es el clásico “desvestir un santo para vestir otro”. ¿De qué nos sirve tener una cárcel de primer mundo si las escuelas se están cayendo o si faltan recursos en los hospitales? Es una visión de seguridad que se enfoca en el castigo final y no en la prevención inicial, una mentalidad de poner curitas en vez de vacunar.
Al final, el dictamen pasa al Plenario, donde se dará la discusión final. Y nos deja a todos con una sensación agridulce. Se apagó un incendio que amenazaba con quemar a los más vulnerables, sí. Pero para hacerlo, parece que tomaron un galón de gasolina y lo rociaron alrededor de la educación, la salud y la infraestructura. Una jugada de corto plazo que podría salirnos carísima en el futuro. Maes, la pregunta del millón es: ¿vale la pena este enredo? ¿Es un gane para el país arreglar las becas y pensiones si el precio es debilitar la educación y la salud para construir una megacárcel? ¿O era la única jugada posible? ¿Qué opinan ustedes?
