¡Ay, Dios mío! La vaina está que quema en Limón, brete. Parece que Japdeva, la junta que maneja los puertos, está metida en una pelea gorda con varias comunidades de la región. Todo por un reglamento nuevo de arriendo de terrenos que, pa’ much@s, huele a gallina flaca.
La cosa viene de atrás, pues en 2024, Japdeva mandó un reglamento pa’ cobrar alquiler en terrenos que le pertenecen en la finca matrícula 7-096658-000. Esta finca, ¡tremenda!, cubre casi el 2% del país, repartida entre siete cantones: Limón, Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí, Sarapiquí y San Carlos. Imagínate, ¡una extensionaza!
Según la Comisión Vertiente Atlántica, y esto es de pelar los pelos, ¡hay unas 60,000 personas viviendo en esa finca! Ahí están sus casitas, sus chinchorros, todo montado. Y ahora resulta que Japdeva quiere cambiar el juego, transformando el ‘cánon’ – que era como una tarifa por usar la tierra – en un ‘alquiler’ por vivir ahí, aunque estas familias llevan años allí, ¡incluso antes de que Japdeva siquiera existiera!
El plan es así: para una casa, te cobran el 1% del valor del terreno, pero con un mínimo de ₡10.000 al año. Luego tienes otros cobros para cosas como terrenos agrícolas, hoteles, negocios... ¡todo! Dicen que el dinero así recolectado irá a mejorar la infraestructura y pagar cuentas, pero las comunidades no están tragándose entero la píldora.
Y aquí viene lo turbio. Dentro del reglamento hay cosas que están haciendo sudar frío a las comunidades. Una de ellas es que Japdeva se guarda el derecho de cancelar los contratos cuando quiera, por cualquier motivo: caso fortuito, fuerza mayor, o simplemente porque les da la gana. ¡Imagínate, perder tu casa así, de repente! Otro aprieto es que nadie puede cambiar el uso de la tierra sin permiso exprés de Japdeva. ¡Ni pintar la fachada de tu propia casa!
La Comisión Vertiente Atlántica, que une a varias organizaciones, dice que todo esto es ilegal, que no participaron en la creación del reglamento y que buscan echar a la gente para dar las tierras a empresas turísticas. Para respaldar eso, mencionan unas declaraciones del Ministro de Turismo, William Rodríguez, quien hablaba de juntar tierras de Japdeva, Inder y ICT para crear un plan de desarrollo turístico desde Tortuguero hasta Limón centro. ¡Una movida sospechosa, diay!
Sucy Wing, la presidenta de Japdeva, reconoce que no hablaron con las familias antes de hacer el reglamento, pero dice que es necesario para darles seguridad jurídica. Asegura que para obtener escrituras, se necesita una ley, y que el cambio a arriendo está habilitado por la Ley Orgánica de Japdeva de 1963. Pero Yajaira Rojas, de la Comisión, contesta que esto es “privatizar” derechos ancestrales, y que quieren obligarlas a renunciar a lo que ganaron con esfuerzo. Y ahora, además, dicen que ningún contrato se ha firmado, mientras que buscan una mesa de diálogo con el gobierno para replantear toda la cosa.
El asunto ha llegado hasta la Asamblea Legislativa. Diputas como María Marta Carballo y Katherine Moreira han levantado banderas rojas, preocupadas por la inseguridad jurídica que esto genera para miles de familias. ¿Será posible encontrar una solución justa que respete los derechos de las comunidades y garantice el desarrollo sostenible de la región? ¿Crees que Japdeva debería reconsiderar el reglamento o mantener el rumbo?
La cosa viene de atrás, pues en 2024, Japdeva mandó un reglamento pa’ cobrar alquiler en terrenos que le pertenecen en la finca matrícula 7-096658-000. Esta finca, ¡tremenda!, cubre casi el 2% del país, repartida entre siete cantones: Limón, Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí, Sarapiquí y San Carlos. Imagínate, ¡una extensionaza!
Según la Comisión Vertiente Atlántica, y esto es de pelar los pelos, ¡hay unas 60,000 personas viviendo en esa finca! Ahí están sus casitas, sus chinchorros, todo montado. Y ahora resulta que Japdeva quiere cambiar el juego, transformando el ‘cánon’ – que era como una tarifa por usar la tierra – en un ‘alquiler’ por vivir ahí, aunque estas familias llevan años allí, ¡incluso antes de que Japdeva siquiera existiera!
El plan es así: para una casa, te cobran el 1% del valor del terreno, pero con un mínimo de ₡10.000 al año. Luego tienes otros cobros para cosas como terrenos agrícolas, hoteles, negocios... ¡todo! Dicen que el dinero así recolectado irá a mejorar la infraestructura y pagar cuentas, pero las comunidades no están tragándose entero la píldora.
Y aquí viene lo turbio. Dentro del reglamento hay cosas que están haciendo sudar frío a las comunidades. Una de ellas es que Japdeva se guarda el derecho de cancelar los contratos cuando quiera, por cualquier motivo: caso fortuito, fuerza mayor, o simplemente porque les da la gana. ¡Imagínate, perder tu casa así, de repente! Otro aprieto es que nadie puede cambiar el uso de la tierra sin permiso exprés de Japdeva. ¡Ni pintar la fachada de tu propia casa!
La Comisión Vertiente Atlántica, que une a varias organizaciones, dice que todo esto es ilegal, que no participaron en la creación del reglamento y que buscan echar a la gente para dar las tierras a empresas turísticas. Para respaldar eso, mencionan unas declaraciones del Ministro de Turismo, William Rodríguez, quien hablaba de juntar tierras de Japdeva, Inder y ICT para crear un plan de desarrollo turístico desde Tortuguero hasta Limón centro. ¡Una movida sospechosa, diay!
Sucy Wing, la presidenta de Japdeva, reconoce que no hablaron con las familias antes de hacer el reglamento, pero dice que es necesario para darles seguridad jurídica. Asegura que para obtener escrituras, se necesita una ley, y que el cambio a arriendo está habilitado por la Ley Orgánica de Japdeva de 1963. Pero Yajaira Rojas, de la Comisión, contesta que esto es “privatizar” derechos ancestrales, y que quieren obligarlas a renunciar a lo que ganaron con esfuerzo. Y ahora, además, dicen que ningún contrato se ha firmado, mientras que buscan una mesa de diálogo con el gobierno para replantear toda la cosa.
El asunto ha llegado hasta la Asamblea Legislativa. Diputas como María Marta Carballo y Katherine Moreira han levantado banderas rojas, preocupadas por la inseguridad jurídica que esto genera para miles de familias. ¿Será posible encontrar una solución justa que respete los derechos de las comunidades y garantice el desarrollo sostenible de la región? ¿Crees que Japdeva debería reconsiderar el reglamento o mantener el rumbo?
