¡Ay, Dios mío! Esto sí que es un batacazo. Parece que tenemos un problemón gordo con el Laboratorio de Indicadores Genéticos de la CCSS, el corazón de la Ley de Paternidad Responsable. Resulta que, por andar recortando presupuestos a diestra y siniestra, ahora la cosa está tan apretada que podrían tener que cerrar o, al menos, reducir drásticamente sus servicios. ¡Una verdadera torta!
Si nos vamos atrás, la Ley de Paternidad Responsable, que nuestro querido Miguel Ángel Rodríguez, allá por el 2001, ayudó a impulsar con Lorena, podría quedar prácticamente inútil. ¿Recuerdan aquella época? Era un verdadero brete para las mamás solteras demostrar la paternidad de los muchachos. Tenían que pasar por procesos lentísimos, carísimos y llenos de trabas. Esa ley, changui, facilitó muchísimo la vida a muchas mujeres.
Lo bueno de la Ley de Paternidad Responsable, pa' ponerlos al día, es que permite a la madre declarar quién es el papá de su hijo al momento del registro de nacimiento. Ahí nomás. Si el supuesto padre no está de acuerdo, pues se va a hacer la prueba de ADN. Antes, ¡diay!, era un trámite de novela, lleno de papeles y abogados. Ahora, gracias al laboratorio, es mucho más ágil y eficiente.
Y hablando del laboratorio, ahí radica el meollo del asunto. Durante años, el Estado ha contribuido con alrededor de ¢500 millones para cubrir sus costos operativos. Pero, ¡aguas!, en 2023 se bajó a apenas ¢194 millones, y así sigue. La CCSS ha estado asumiendo la diferencia, pero ya no aguanta más. Están metiendo billetes de su propio bolsillo, ¡qué carga!.
Según fuentes internas, entre 2023 y 2025, la Caja tendrá que destinar más de ¢600 millones solo para mantener las operaciones básicas del laboratorio. Eso representa un esfuerzo enorme para la institución, especialmente considerando todos los demás retos que enfrenta. Y lo peor de todo es que el Estado se queda viendo, acumulando deuda y sin echarle una mano. ¡Qué despiche!
Imaginen la situación si el laboratorio llega a cerrar. Volveríamos a tiempos oscuros, donde las madres solteras tendrían que luchar solos contra la injusticia. Muchachos crecerían sin conocer a sus padres biológicos, y muchos padres evitarían asumir sus responsabilidades, pensando que pueden salirse con la suya. Sería un retroceso terrible para nuestra sociedad, un pinazo directo a la igualdad y la justicia social.
Nuestro expresidente Rodríguez, en sus declaraciones recientes, ha hecho hincapié en la necesidad de apoyar a las madres solteras y a sus hijos. Ha pedido a los diputados que aprueben el presupuesto necesario para garantizar el funcionamiento del laboratorio. Y tiene toda la razón. Una pequeña inversión, en comparación con el presupuesto nacional, puede marcar una gran diferencia en la vida de miles de familias costarricenses. De verdad, señores diputados, ¡métanse en la olla!
Así que aquí está la pregunta, compas: ¿Debería el gobierno priorizar el financiamiento del Laboratorio de Indicadores Genéticos de la CCSS, incluso si eso significa recortar fondos de otras áreas? ¿Y cuál creen ustedes que sería la consecuencia más devastadora si el laboratorio cierra sus puertas?
Si nos vamos atrás, la Ley de Paternidad Responsable, que nuestro querido Miguel Ángel Rodríguez, allá por el 2001, ayudó a impulsar con Lorena, podría quedar prácticamente inútil. ¿Recuerdan aquella época? Era un verdadero brete para las mamás solteras demostrar la paternidad de los muchachos. Tenían que pasar por procesos lentísimos, carísimos y llenos de trabas. Esa ley, changui, facilitó muchísimo la vida a muchas mujeres.
Lo bueno de la Ley de Paternidad Responsable, pa' ponerlos al día, es que permite a la madre declarar quién es el papá de su hijo al momento del registro de nacimiento. Ahí nomás. Si el supuesto padre no está de acuerdo, pues se va a hacer la prueba de ADN. Antes, ¡diay!, era un trámite de novela, lleno de papeles y abogados. Ahora, gracias al laboratorio, es mucho más ágil y eficiente.
Y hablando del laboratorio, ahí radica el meollo del asunto. Durante años, el Estado ha contribuido con alrededor de ¢500 millones para cubrir sus costos operativos. Pero, ¡aguas!, en 2023 se bajó a apenas ¢194 millones, y así sigue. La CCSS ha estado asumiendo la diferencia, pero ya no aguanta más. Están metiendo billetes de su propio bolsillo, ¡qué carga!.
Según fuentes internas, entre 2023 y 2025, la Caja tendrá que destinar más de ¢600 millones solo para mantener las operaciones básicas del laboratorio. Eso representa un esfuerzo enorme para la institución, especialmente considerando todos los demás retos que enfrenta. Y lo peor de todo es que el Estado se queda viendo, acumulando deuda y sin echarle una mano. ¡Qué despiche!
Imaginen la situación si el laboratorio llega a cerrar. Volveríamos a tiempos oscuros, donde las madres solteras tendrían que luchar solos contra la injusticia. Muchachos crecerían sin conocer a sus padres biológicos, y muchos padres evitarían asumir sus responsabilidades, pensando que pueden salirse con la suya. Sería un retroceso terrible para nuestra sociedad, un pinazo directo a la igualdad y la justicia social.
Nuestro expresidente Rodríguez, en sus declaraciones recientes, ha hecho hincapié en la necesidad de apoyar a las madres solteras y a sus hijos. Ha pedido a los diputados que aprueben el presupuesto necesario para garantizar el funcionamiento del laboratorio. Y tiene toda la razón. Una pequeña inversión, en comparación con el presupuesto nacional, puede marcar una gran diferencia en la vida de miles de familias costarricenses. De verdad, señores diputados, ¡métanse en la olla!
Así que aquí está la pregunta, compas: ¿Debería el gobierno priorizar el financiamiento del Laboratorio de Indicadores Genéticos de la CCSS, incluso si eso significa recortar fondos de otras áreas? ¿Y cuál creen ustedes que sería la consecuencia más devastadora si el laboratorio cierra sus puertas?
