Maes, en serio, a veces uno ve varas que lo dejan pensando si en Zapote creen que uno come mocos. ¡Qué torta la que se jalaron esta semana con el Caso Barrenador! Uno intenta darle el beneficio de la duda, pero es que a veces se pasan. Resulta que el Gobierno, con toda la pompa y el aparataje de su programa de tele, salió a decir una mentira del tamaño del Irazú, y lo peor es que lo hicieron con una seguridad que asusta.
Vamos a desmenuzar el chunche. Sacaron un video muy bien producido asegurando que "un juez del Tribunal Contencioso Administrativo determinó que no hubo absolutamente nada irregular o ilegal" en la adjudicación de los 138 Ebáis a las famosas cooperativas. ¡Diay! Si uno se queda solo con ese pedacito, hasta aplaude. El problema es que esa afirmación es más falsa que un billete de tres mil. Lo que realmente pasó fue que un juez rechazó una medida cautelar que había metido la ANEP. Y ojo, una medida cautelar no es un juicio final, es apenas una curita mientras se ve el fondo del asunto.
¿Y por qué la rechazó el juez? No fue porque la vara estuviera puras tejas, ¡para nada! Las razones son de pura lógica procesal y de sentido común. Primero, porque la ANEP, con todo respeto, no hizo bien el brete: se limitaron a presentar un USB con un montón de noticias. El juez básicamente les dijo que eso no era prueba técnica para demostrar sobreprecios. Y segundo, y más importante, el juez ponderó el caos que se armaría. Dijo que si suspendía los contratos así de un pronto a otro, el despiche para miles de pacientes que dependen de esos Ebáis iba a ser monumental. O sea, la decisión fue para proteger a la gente, no para darle una bendición a los contratos.
Pero aquí es donde la historia se pone todavía más surreal. Mientras el Gobierno anda gastando recursos en un video para defender la legalidad de estos contratos, resulta que la mismísima Junta Directiva de la CCSS ¡ya los había suspendido hace cinco meses! De hecho, hace apenas unos días iniciaron formalmente el proceso para anularlos del todo. ¿La razón? Los mismos vicios que la Contraloría ya había señalado en una parte del proceso: falta de estudios de razonabilidad de precios. Todo el plan original se fue al traste por esos enredos. Es como si el Gobierno estuviera celebrando que el Titanic no se hundió, mientras el barco ya está en el fondo del mar.
En resumen, lo que tenemos es una jugada de comunicación muy peligrosa. Agarran una decisión judicial específica y súper técnica, le quitan todo el contexto, la maquillan y la presentan como una victoria absoluta que cierra el caso. Pero la realidad es que el Caso Barrenador sigue más vivo que nunca, con imputados, allanamientos y con la propia Caja intentando deshacer el nudo. Esta vara no solo genera desinformación, sino que erosiona la poquita confianza que todavía queda.
La pregunta que me queda en el aire es, ¿fue una torta monumental por pura incompetencia, por no entender un fallo judicial? ¿O es una estrategia calculada para confundir a la gente a propósito? ¿Qué opinan ustedes, maes? ¡Los leo en los comentarios!
Vamos a desmenuzar el chunche. Sacaron un video muy bien producido asegurando que "un juez del Tribunal Contencioso Administrativo determinó que no hubo absolutamente nada irregular o ilegal" en la adjudicación de los 138 Ebáis a las famosas cooperativas. ¡Diay! Si uno se queda solo con ese pedacito, hasta aplaude. El problema es que esa afirmación es más falsa que un billete de tres mil. Lo que realmente pasó fue que un juez rechazó una medida cautelar que había metido la ANEP. Y ojo, una medida cautelar no es un juicio final, es apenas una curita mientras se ve el fondo del asunto.
¿Y por qué la rechazó el juez? No fue porque la vara estuviera puras tejas, ¡para nada! Las razones son de pura lógica procesal y de sentido común. Primero, porque la ANEP, con todo respeto, no hizo bien el brete: se limitaron a presentar un USB con un montón de noticias. El juez básicamente les dijo que eso no era prueba técnica para demostrar sobreprecios. Y segundo, y más importante, el juez ponderó el caos que se armaría. Dijo que si suspendía los contratos así de un pronto a otro, el despiche para miles de pacientes que dependen de esos Ebáis iba a ser monumental. O sea, la decisión fue para proteger a la gente, no para darle una bendición a los contratos.
Pero aquí es donde la historia se pone todavía más surreal. Mientras el Gobierno anda gastando recursos en un video para defender la legalidad de estos contratos, resulta que la mismísima Junta Directiva de la CCSS ¡ya los había suspendido hace cinco meses! De hecho, hace apenas unos días iniciaron formalmente el proceso para anularlos del todo. ¿La razón? Los mismos vicios que la Contraloría ya había señalado en una parte del proceso: falta de estudios de razonabilidad de precios. Todo el plan original se fue al traste por esos enredos. Es como si el Gobierno estuviera celebrando que el Titanic no se hundió, mientras el barco ya está en el fondo del mar.
En resumen, lo que tenemos es una jugada de comunicación muy peligrosa. Agarran una decisión judicial específica y súper técnica, le quitan todo el contexto, la maquillan y la presentan como una victoria absoluta que cierra el caso. Pero la realidad es que el Caso Barrenador sigue más vivo que nunca, con imputados, allanamientos y con la propia Caja intentando deshacer el nudo. Esta vara no solo genera desinformación, sino que erosiona la poquita confianza que todavía queda.
La pregunta que me queda en el aire es, ¿fue una torta monumental por pura incompetencia, por no entender un fallo judicial? ¿O es una estrategia calculada para confundir a la gente a propósito? ¿Qué opinan ustedes, maes? ¡Los leo en los comentarios!
