El Juzgado Penal de Hacienda elevó a juicio la acusación contra el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Pedro Pablo Quirós, su esposa, Ana Isabel Salazar Arias, y el asistente de la presidencia ejecutiva, David Barboza Zúñiga.La resolución fue comunicada ayer y el caso está relacionado con el presunto uso para asuntos personales de un helicóptero contratado por la institución.
El abogado Federico Campos Calderón, quien habló como representante de la defensa de los tres implicados, dijo: “Respetamos la decisión del Juzgado, pero no la compartimos. En la audiencia preliminar expusimos múltiples razones jurídicas y elementos de prueba que faltaron y hacían necesario un sobreseimiento provisional”.
Agregó que, a pesar de que hubo una investigación deficiente, “estamos muy confiados en que durante el juicio se aclararán los hechos y demostraremos la inocencia de nuestros defendidos”. Hechos. Los hechos denunciados ocurrieron el 21 de marzo del 2009, cuando Pedro Pablo Quirós, en compañía de su esposa, usó un helicóptero contratado por el ICE para llevar personal capacitado a atender los daños de la planta hidroeléctrica Cariblanco, provocados por el terremoto de Cinchona.
El Ministerio Público les atribuye que, durante esa gira, la aeronave fue utilizada para asistir a una boda en Zarcero y a la casa de un alto funcionario del ICE en Puriscal.
Para la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios, el helicóptero “se utilizó para fines particulares”, aunque fue pagado con dinero público a un precio de casi $2.000 (¢1,1 millones) por cada hora de vuelo.
En el caso de David Barboza, la Fiscalía le atribuye solicitar el servicio y autorizar el pago de la factura del helicóptero.
A Quirós y Barboza se les juzgará por los delitos de peculado (emplear en provecho propio servicios pagados por el Estado) y malversación (dar a los bienes o servicios del Estado un destino diferente al previsto), y a Salazar, por peculado por comunicabilidad de las circunstancias (un particular que se aprovecha de un bien del Estado) , informó la Oficina de Prensa del Ministerio Público.
El Código Penal castiga el peculado con pena de tres meses a 12 años de prisión y la malversación, con uno a ocho años de cárcel.
Ahora será el Tribunal de Juicio de Hacienda el que fije la fecha en que se realizará el debate, para el cual la Fiscalía había aportado seis testigos, y la defensa, 15.
Además, se analizará abundante prueba documental.
Fuente nacion.com
http://www.nacion.com/2010-04-07/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2325617.aspx
Pds. Ojala no sea puro cuento y pague por lo que hizo
El abogado Federico Campos Calderón, quien habló como representante de la defensa de los tres implicados, dijo: “Respetamos la decisión del Juzgado, pero no la compartimos. En la audiencia preliminar expusimos múltiples razones jurídicas y elementos de prueba que faltaron y hacían necesario un sobreseimiento provisional”.
Agregó que, a pesar de que hubo una investigación deficiente, “estamos muy confiados en que durante el juicio se aclararán los hechos y demostraremos la inocencia de nuestros defendidos”. Hechos. Los hechos denunciados ocurrieron el 21 de marzo del 2009, cuando Pedro Pablo Quirós, en compañía de su esposa, usó un helicóptero contratado por el ICE para llevar personal capacitado a atender los daños de la planta hidroeléctrica Cariblanco, provocados por el terremoto de Cinchona.
El Ministerio Público les atribuye que, durante esa gira, la aeronave fue utilizada para asistir a una boda en Zarcero y a la casa de un alto funcionario del ICE en Puriscal.
Para la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios, el helicóptero “se utilizó para fines particulares”, aunque fue pagado con dinero público a un precio de casi $2.000 (¢1,1 millones) por cada hora de vuelo.
En el caso de David Barboza, la Fiscalía le atribuye solicitar el servicio y autorizar el pago de la factura del helicóptero.
A Quirós y Barboza se les juzgará por los delitos de peculado (emplear en provecho propio servicios pagados por el Estado) y malversación (dar a los bienes o servicios del Estado un destino diferente al previsto), y a Salazar, por peculado por comunicabilidad de las circunstancias (un particular que se aprovecha de un bien del Estado) , informó la Oficina de Prensa del Ministerio Público.
El Código Penal castiga el peculado con pena de tres meses a 12 años de prisión y la malversación, con uno a ocho años de cárcel.
Ahora será el Tribunal de Juicio de Hacienda el que fije la fecha en que se realizará el debate, para el cual la Fiscalía había aportado seis testigos, y la defensa, 15.
Además, se analizará abundante prueba documental.
Fuente nacion.com
http://www.nacion.com/2010-04-07/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2325617.aspx
Pds. Ojala no sea puro cuento y pague por lo que hizo
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