¡Ay, Dios mío, qué bronca! La cosa se puso caliente en Naranjo este fin de semana cuando el Gobierno, con apoyo de la AyA, decidió meterle mano al sistema de agua municipal. Resulta que entraron con Fuerza Pública y todo, para conectarle agua al proyecto habitacional La Esperanza. Un verdadero despache, pa' ponerle sabor a la noticia.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) explotó en pura indignación, calificándolo como una afrenta a la autonomía municipal. Dicen que la Municipalidad estaba manejándose conforme a la ley, con todos los permisos y procesos legales en regla. Ya saben cómo es esto, unos jalando para un lado y otros pa’ el otro. Una verdadera maraña judicial, brete que nos complica a todos.
Juan Diego Gómez, el jefe de la UNGL, soltó unas verdades que hacen reflexionar. Dijo textualmente: "Estamos frente a un acto arbitrario que atenta directamente contra la autonomía municipal. No se puede tolerar que, desde el Gobierno Central, se tomen decisiones de manera unilateral y al margen de procesos judiciales vigentes". ¡Qué carga! Parece que alguien pensó que podía saltarse los procedimientos y hacer lo que se les andaba dando la gana.
Y ni hablar de la diputada Montserrat Ruiz, del PLN, quien también salió a defender a los naranjeños. Ella fue aún más dura, acusando al Presidente de complicidad y poniendo en riesgo la seguridad de toda la comunidad. Según ella, el tema es mucho más grave de lo que parece: un golpe directo al orden democrático. Se espera que ahora se movilicen los controles políticos y se abra una investigación a fondo por este caso.
Ahora, algunos dicen que el proyecto La Esperanza es importantísimo porque aliviará la vivienda precaria en la zona. Que necesita agua urgente y que la Municipalidad estaba tardando demasiado en dar una solución. Pero claro, eso no justifica andar haciendo las cosas a dedo, ni ignorar los derechos de los municipios. Esto demuestra que hay que tener cuidado con esos proyectos que vienen con buenas intenciones, pero pueden terminar siendo un puro chinchorro para unos cuantos.
Lo que preocupa a muchos es que esto sienta precedente. Si el Gobierno puede meterse así en los asuntos de un municipio, ¿qué será de la descentralización y la gestión local? Porque si siguen así, terminaremos volviendo a tiempos donde todo lo decidía San José. Eso sí que sería una vara bien salada para Costa Rica, diay.
Desde la Municipalidad de Naranjo todavía no han dado una respuesta oficial completa, pero se nota que están raspados. Están buscando sus abogados y preparando su defensa. La verdad es que esto ya pasó de ser un simple problema de agua; ahora es una batalla legal y política que tendrá repercusiones a largo plazo. Veremos quién sale favorecido en este juego de gallinas, aunque lo que realmente importa es que se haga justicia y se respete la ley.
Esta vainera ha encendido los ánimos en redes sociales y entre la población. Muchos se preguntan, ¿hasta dónde llegará el Gobierno para imponer sus decisiones? ¿Será este un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno Central y los gobiernos locales? ¿Ustedes creen que el Tribunal Administrativo debería declarar inconstitucional la intervención de la AyA y la Fuerza Pública?
La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) explotó en pura indignación, calificándolo como una afrenta a la autonomía municipal. Dicen que la Municipalidad estaba manejándose conforme a la ley, con todos los permisos y procesos legales en regla. Ya saben cómo es esto, unos jalando para un lado y otros pa’ el otro. Una verdadera maraña judicial, brete que nos complica a todos.
Juan Diego Gómez, el jefe de la UNGL, soltó unas verdades que hacen reflexionar. Dijo textualmente: "Estamos frente a un acto arbitrario que atenta directamente contra la autonomía municipal. No se puede tolerar que, desde el Gobierno Central, se tomen decisiones de manera unilateral y al margen de procesos judiciales vigentes". ¡Qué carga! Parece que alguien pensó que podía saltarse los procedimientos y hacer lo que se les andaba dando la gana.
Y ni hablar de la diputada Montserrat Ruiz, del PLN, quien también salió a defender a los naranjeños. Ella fue aún más dura, acusando al Presidente de complicidad y poniendo en riesgo la seguridad de toda la comunidad. Según ella, el tema es mucho más grave de lo que parece: un golpe directo al orden democrático. Se espera que ahora se movilicen los controles políticos y se abra una investigación a fondo por este caso.
Ahora, algunos dicen que el proyecto La Esperanza es importantísimo porque aliviará la vivienda precaria en la zona. Que necesita agua urgente y que la Municipalidad estaba tardando demasiado en dar una solución. Pero claro, eso no justifica andar haciendo las cosas a dedo, ni ignorar los derechos de los municipios. Esto demuestra que hay que tener cuidado con esos proyectos que vienen con buenas intenciones, pero pueden terminar siendo un puro chinchorro para unos cuantos.
Lo que preocupa a muchos es que esto sienta precedente. Si el Gobierno puede meterse así en los asuntos de un municipio, ¿qué será de la descentralización y la gestión local? Porque si siguen así, terminaremos volviendo a tiempos donde todo lo decidía San José. Eso sí que sería una vara bien salada para Costa Rica, diay.
Desde la Municipalidad de Naranjo todavía no han dado una respuesta oficial completa, pero se nota que están raspados. Están buscando sus abogados y preparando su defensa. La verdad es que esto ya pasó de ser un simple problema de agua; ahora es una batalla legal y política que tendrá repercusiones a largo plazo. Veremos quién sale favorecido en este juego de gallinas, aunque lo que realmente importa es que se haga justicia y se respete la ley.
Esta vainera ha encendido los ánimos en redes sociales y entre la población. Muchos se preguntan, ¿hasta dónde llegará el Gobierno para imponer sus decisiones? ¿Será este un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno Central y los gobiernos locales? ¿Ustedes creen que el Tribunal Administrativo debería declarar inconstitucional la intervención de la AyA y la Fuerza Pública?
