¡Ay, Dios mío! Parece que tenemos otro fajazo en el Colegio de Abogados. Una auditoría interna sacudió el gremio esta semana al revelar posibles irregularidades en la reciente ola de incorporaciones de nuevos abogados. La cosa está más caliente que gallina pochada, pues se acusa a la Junta Directiva de haber rebasado sus facultades, ¡y vaya si se rebasaron!
Todo empezó cuando Marilyn Arias, una abogada que lleva tiempo echándole ojo a este brete, solicitó formalmente una auditoría interna debido a sospechas sobre la repentina rebaja en la nota de aprobación del examen de incorporación. Resulta que, de pronto, la nota pasó de 80 a 70, permitiendo que miles de profesionales entraran al Colegio en cuestión de meses. ¡Un cambio así de la noche a la mañana siempre huele a trampa!
Según el informe elaborado por José Guillermo Silesky, el auditor interno, la Junta Directiva no tenía potestad alguna para modificar la nota del examen. Eso sí que es irse al traste, ¿eh? Legalmente hablando, la modificación debió haberse tramitado y aprobado por la Asamblea General, el órgano máximo del Colegio. En otras palabras, hicieron lo que les dio la gana sin consultar a nadie, ¡qué barbaridad!
El documento detalla que incluso Rosibel Jara, la vicepresidenta de la Junta, advirtió sobre la ilegalidad del acuerdo antes de que fuera aprobado. Ella, con visión de futuro, sugirió convocar a la Asamblea General para que el asunto se tratara correctamente. Pero, ¿quién escucha a la razón cuando hay intereses en juego? Parece que algunos prefirieron hacerla fácil y meter la pata hasta el fondo.
Además, ni siquiera el Comité para el Examen de Excelencia Académica ni la asesoría legal del Colegio estaban de acuerdo con la rebaja. Ellos habían confirmado que la nota de 80 había sido establecida previamente por la Asamblea General, lo que dejaba claro que cualquier modificación requería la aprobación del mismo órgano. ¡Parece que hubo alguien ignorando todas las señales rojas!
La abogada Marilyn Arias, visiblemente molesta, declaró a Diario Extra que “la lectura es clara: no le corresponde esta facultad a la Junta Directiva. No está dentro de sus funciones que esto se pueda realizar”. Agregó que más de tres mil abogados fueron incorporados desde el 5 de marzo gracias a este supuesto desliz administrativo. ¡Tres mil vidas afectadas por un simple capricho!
Diario Extra intentó obtener una respuesta oficial del Colegio de Abogados ante estas graves acusaciones, pero hasta el momento no hemos tenido éxito. Esperamos que la institución tome cartas en el asunto y aclare rápidamente qué está pasando. Porque, díganlo ustedes, esto apesta a corrupción y favoritismo, ¡y eso no nos gusta nada!
Ante esta situación tan turbia, me pregunto: ¿Cómo podemos confiar en las instituciones que deberían protegernos si vemos que se toman decisiones arbitrarias que afectan a tantos profesionales? ¿Creen que la Asamblea General debería investigar a fondo este caso y sancionar a los responsables si es que se comprueba la negligencia o peor aún, la intención de favorecer a ciertos grupos?
Todo empezó cuando Marilyn Arias, una abogada que lleva tiempo echándole ojo a este brete, solicitó formalmente una auditoría interna debido a sospechas sobre la repentina rebaja en la nota de aprobación del examen de incorporación. Resulta que, de pronto, la nota pasó de 80 a 70, permitiendo que miles de profesionales entraran al Colegio en cuestión de meses. ¡Un cambio así de la noche a la mañana siempre huele a trampa!
Según el informe elaborado por José Guillermo Silesky, el auditor interno, la Junta Directiva no tenía potestad alguna para modificar la nota del examen. Eso sí que es irse al traste, ¿eh? Legalmente hablando, la modificación debió haberse tramitado y aprobado por la Asamblea General, el órgano máximo del Colegio. En otras palabras, hicieron lo que les dio la gana sin consultar a nadie, ¡qué barbaridad!
El documento detalla que incluso Rosibel Jara, la vicepresidenta de la Junta, advirtió sobre la ilegalidad del acuerdo antes de que fuera aprobado. Ella, con visión de futuro, sugirió convocar a la Asamblea General para que el asunto se tratara correctamente. Pero, ¿quién escucha a la razón cuando hay intereses en juego? Parece que algunos prefirieron hacerla fácil y meter la pata hasta el fondo.
Además, ni siquiera el Comité para el Examen de Excelencia Académica ni la asesoría legal del Colegio estaban de acuerdo con la rebaja. Ellos habían confirmado que la nota de 80 había sido establecida previamente por la Asamblea General, lo que dejaba claro que cualquier modificación requería la aprobación del mismo órgano. ¡Parece que hubo alguien ignorando todas las señales rojas!
La abogada Marilyn Arias, visiblemente molesta, declaró a Diario Extra que “la lectura es clara: no le corresponde esta facultad a la Junta Directiva. No está dentro de sus funciones que esto se pueda realizar”. Agregó que más de tres mil abogados fueron incorporados desde el 5 de marzo gracias a este supuesto desliz administrativo. ¡Tres mil vidas afectadas por un simple capricho!
Diario Extra intentó obtener una respuesta oficial del Colegio de Abogados ante estas graves acusaciones, pero hasta el momento no hemos tenido éxito. Esperamos que la institución tome cartas en el asunto y aclare rápidamente qué está pasando. Porque, díganlo ustedes, esto apesta a corrupción y favoritismo, ¡y eso no nos gusta nada!
Ante esta situación tan turbia, me pregunto: ¿Cómo podemos confiar en las instituciones que deberían protegernos si vemos que se toman decisiones arbitrarias que afectan a tantos profesionales? ¿Creen que la Asamblea General debería investigar a fondo este caso y sancionar a los responsables si es que se comprueba la negligencia o peor aún, la intención de favorecer a ciertos grupos?
