¡Ay, Dios mío! Qué vareta se armó en la Sala Cuarta, mi gente. Resulta que un ciudadano –no sé quién será, pero se fajó– intentó echarle piedra a la regla que dice que el Presidente y otros funcionarios no pueden meterse en campaña electoral mientras están en el brete. Pensaba que anulándolo, mágicamente podríamos ver al Presi arengando multitudes y lanzándole flechas a sus adversarios, ¡pero no señor!
Todo empezó porque este personaje argumentó que era injusto que el Presidente, elegido con un partido y un plan de gobierno, de pronto se quedara sin voz ni voto. Dijo que eso iba contra la igualdad, la libre expresión y hasta algunos tratados internacionales. ¡Como si fuera tan fácil, chunche! Como si la política fuera un juego limpio donde todos tienen las mismas oportunidades, ¡diay!
La normativa es clara: a los altos funcionarios se les prohíbe hasta respirar aire político durante la jornada laboral. No pueden ir a clubes políticos, pegar papeletas en las ventanas, ni siquiera usar la influencia de su puesto para favorecer a ningún partido. ¡Ni hablar de utilizar recursos públicos en campaña! Ahí sí se comen la torta, mae.
Este ciudadano, con toda la intención del mundo, dijo que para prevenir abusos de poder, había otras formas de hacerlo, como regular la publicidad electoral o poner multas fuertes. Que la prohibición absoluta era demasiado drástica. Pero la Sala Cuarta no mordió el anzuelo. Le dijeron: “Gracias, pero no gracias”.
Lo que más me sacó de onda es que el tipejo presentó la demanda defendiendo los derechos del Presidente, ¡y él ni siquiera ocupaba el cargo! Se basó en defender “intereses difusos”, pero la Sala, con toda la razón del mundo, le respondió: “Eso no va conmigo, mae. Necesitas estar afectado directamente para venir corriendo a reclamar aquí”.
Y vaya que la Sala fue dura. Encontraron que el recurso era inadmisible porque no había un proceso previo pendiente de resolverse. Le recordaron al demandante que primero debía agotar las vías administrativas o judiciales antes de llegar a la Corte. ¡Pa’ que aprendas, chunche!
En resumen, la Sala Cuarta le cerró la puerta en las narices a este ciudadano, reafirmando que la prohibición para los funcionarios públicos de involucrarse en política es válida. Y así es como van las cosas por acá, mi gente. Entre leyes, tecnicismos y abogados listos pa’ cualquier jugada. Un verdadero despiche a veces.
Ahora bien, ¿creen ustedes que es justo tener restricciones tan duras para los funcionarios públicos en materia electoral? ¿Debería haber más flexibilidad o mantenerse firme la prohibición actual para evitar que el poder se use en beneficio político? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios!
Todo empezó porque este personaje argumentó que era injusto que el Presidente, elegido con un partido y un plan de gobierno, de pronto se quedara sin voz ni voto. Dijo que eso iba contra la igualdad, la libre expresión y hasta algunos tratados internacionales. ¡Como si fuera tan fácil, chunche! Como si la política fuera un juego limpio donde todos tienen las mismas oportunidades, ¡diay!
La normativa es clara: a los altos funcionarios se les prohíbe hasta respirar aire político durante la jornada laboral. No pueden ir a clubes políticos, pegar papeletas en las ventanas, ni siquiera usar la influencia de su puesto para favorecer a ningún partido. ¡Ni hablar de utilizar recursos públicos en campaña! Ahí sí se comen la torta, mae.
Este ciudadano, con toda la intención del mundo, dijo que para prevenir abusos de poder, había otras formas de hacerlo, como regular la publicidad electoral o poner multas fuertes. Que la prohibición absoluta era demasiado drástica. Pero la Sala Cuarta no mordió el anzuelo. Le dijeron: “Gracias, pero no gracias”.
Lo que más me sacó de onda es que el tipejo presentó la demanda defendiendo los derechos del Presidente, ¡y él ni siquiera ocupaba el cargo! Se basó en defender “intereses difusos”, pero la Sala, con toda la razón del mundo, le respondió: “Eso no va conmigo, mae. Necesitas estar afectado directamente para venir corriendo a reclamar aquí”.
Y vaya que la Sala fue dura. Encontraron que el recurso era inadmisible porque no había un proceso previo pendiente de resolverse. Le recordaron al demandante que primero debía agotar las vías administrativas o judiciales antes de llegar a la Corte. ¡Pa’ que aprendas, chunche!
En resumen, la Sala Cuarta le cerró la puerta en las narices a este ciudadano, reafirmando que la prohibición para los funcionarios públicos de involucrarse en política es válida. Y así es como van las cosas por acá, mi gente. Entre leyes, tecnicismos y abogados listos pa’ cualquier jugada. Un verdadero despiche a veces.
Ahora bien, ¿creen ustedes que es justo tener restricciones tan duras para los funcionarios públicos en materia electoral? ¿Debería haber más flexibilidad o mantenerse firme la prohibición actual para evitar que el poder se use en beneficio político? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios!
