¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez, con este rollo del gobierno y la transparencia. Resulta que la Sala Cuatro, esos señores que siempre andan buscando qué hacer, mandó a la Casa Presidencial a poner todos los papeles sobre la mesa, específicamente sobre cuánto le pagan al gerente de la federación de cooperativas que trabaja ahí. Una vaina más que te hace pensar si realmente estamos avanzando como país o seguimos dando vueltas en círculos.
Todo esto viene porque un ciudadano, valiente el bato, pidió saber cuánto le meten al bolsillo a este gerente. El tipo hizo un trámite formal, un oficio bien documentado, preguntándole al jefe de despacho de la Presidencia, Gabriel Arturo Aguilar Vargas, cuál era el sueldo exacto del tal [Nombre 003]. Pero la respuesta que le dieron fue más bien esquiva: le dijeron que estaban revisando la información y que en unos días más le pasarían lo que pedía. Pues claro, así es cómo se hacen las cosas por acá, a mordidas y con rodeos.
Y bueno, como esperaban, pasaron los días y la información no llegó. Entonces, el ciudadano, ya cansado de tanta burocracia y secretos, decidió meterle un recurso de amparo a la Sala Constitucional. Un recurso de amparo, pa’ los que no sepan, es cuando vas a decirle al juez que te están violando un derecho, en este caso, el derecho a la información pública. Porque a final de cuentas, nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho a saber cómo gastan nuestro dinero, ¿no?
La Sala, viendo la situación, le dijo basta a la Presidencia. En una sentencia que salió el primero de agosto, les dio cinco días hábiles para entregar toda la información solicitada. ¡Cinco días! Como si fuera poco tiempo para andar rebuscando documentos y tratando de tapar el sol con la mano. Además, la Sala fue clara: tanto el ministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, como el jefe de despacho, Gabriel Aguilar Vargas, tienen que asegurarse de que la información llegue a manos del ciudadano. ¡Que no anden jugando!
Lo que más me da pena es ver cómo se manejan estas situaciones. No es que tengan que temer a alguien vigilándolos todo el tiempo, sino que deberían estar orgullosos de demostrar la transparencia de su gestión. Si todo está legal y conforme, ¿qué miedo hay a mostrar los números? Creo que eso demuestra inseguridad y falta de confianza en el trabajo que están haciendo. Imagínate, tener que esperar una orden de la Sala para publicar algo tan simple como un salario. ¡Qué despiche!
Ahora, la pregunta que surge es: ¿qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Es simplemente un problema administrativo, o hay algo más oscuro escondiéndose entre líneas? No digo que haya corrupción, pero sí creo que hay algo raro en que hayan tardado tanto en responder una petición tan sencilla. A veces pienso que estos políticos viven en otro planeta, desconectados de la realidad de la gente trabajadora que apenas le alcanza para llegar a fin de mes.
Este caso, que lleva el expediente 25-019777-0007-CO, es solo la punta del iceberg. Nos recuerda que todavía queda mucho camino por recorrer para lograr una verdadera transparencia en el gobierno. Hay que seguir exigiendo nuestros derechos, fiscalizando a nuestros representantes y denunciando cualquier irregularidad que veamos. Porque al final del día, somos nosotros los que pagamos la factura.
Y ahora, díganme ustedes: ¿creen que la Presidencia va a cumplir con la orden de la Sala IV a tiempo, o van a buscar alguna treta para seguir postergando la entrega de la información? ¿Cuál creen que es la razón principal por la cual la Presidencia tardó tanto en responder la solicitud inicial? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leerlos!
Todo esto viene porque un ciudadano, valiente el bato, pidió saber cuánto le meten al bolsillo a este gerente. El tipo hizo un trámite formal, un oficio bien documentado, preguntándole al jefe de despacho de la Presidencia, Gabriel Arturo Aguilar Vargas, cuál era el sueldo exacto del tal [Nombre 003]. Pero la respuesta que le dieron fue más bien esquiva: le dijeron que estaban revisando la información y que en unos días más le pasarían lo que pedía. Pues claro, así es cómo se hacen las cosas por acá, a mordidas y con rodeos.
Y bueno, como esperaban, pasaron los días y la información no llegó. Entonces, el ciudadano, ya cansado de tanta burocracia y secretos, decidió meterle un recurso de amparo a la Sala Constitucional. Un recurso de amparo, pa’ los que no sepan, es cuando vas a decirle al juez que te están violando un derecho, en este caso, el derecho a la información pública. Porque a final de cuentas, nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho a saber cómo gastan nuestro dinero, ¿no?
La Sala, viendo la situación, le dijo basta a la Presidencia. En una sentencia que salió el primero de agosto, les dio cinco días hábiles para entregar toda la información solicitada. ¡Cinco días! Como si fuera poco tiempo para andar rebuscando documentos y tratando de tapar el sol con la mano. Además, la Sala fue clara: tanto el ministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, como el jefe de despacho, Gabriel Aguilar Vargas, tienen que asegurarse de que la información llegue a manos del ciudadano. ¡Que no anden jugando!
Lo que más me da pena es ver cómo se manejan estas situaciones. No es que tengan que temer a alguien vigilándolos todo el tiempo, sino que deberían estar orgullosos de demostrar la transparencia de su gestión. Si todo está legal y conforme, ¿qué miedo hay a mostrar los números? Creo que eso demuestra inseguridad y falta de confianza en el trabajo que están haciendo. Imagínate, tener que esperar una orden de la Sala para publicar algo tan simple como un salario. ¡Qué despiche!
Ahora, la pregunta que surge es: ¿qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Es simplemente un problema administrativo, o hay algo más oscuro escondiéndose entre líneas? No digo que haya corrupción, pero sí creo que hay algo raro en que hayan tardado tanto en responder una petición tan sencilla. A veces pienso que estos políticos viven en otro planeta, desconectados de la realidad de la gente trabajadora que apenas le alcanza para llegar a fin de mes.
Este caso, que lleva el expediente 25-019777-0007-CO, es solo la punta del iceberg. Nos recuerda que todavía queda mucho camino por recorrer para lograr una verdadera transparencia en el gobierno. Hay que seguir exigiendo nuestros derechos, fiscalizando a nuestros representantes y denunciando cualquier irregularidad que veamos. Porque al final del día, somos nosotros los que pagamos la factura.
Y ahora, díganme ustedes: ¿creen que la Presidencia va a cumplir con la orden de la Sala IV a tiempo, o van a buscar alguna treta para seguir postergando la entrega de la información? ¿Cuál creen que es la razón principal por la cual la Presidencia tardó tanto en responder la solicitud inicial? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leerlos!
