¡Ay, Dios mío! Se armó un brete tremendo en la Asamblea Legislativa con la presentación del nuevo proyecto de ley de impuestos ambientales. Desde que salió el temita, los redes sociales están explotando y la gente está más caliente que gallina pochada. Parece que este asunto va a moverle el sillón a varios, diay.
La propuesta, impulsada por el partido Verdear, busca gravar actividades consideradas perjudiciales para el medio ambiente, como la tala ilegal, la contaminación de ríos y el uso excesivo de plásticos de un solo uso. Según explican sus promotores, el objetivo es generar recursos para financiar proyectos de conservación y fomentar prácticas sostenibles en el país. Pero claro, donde hay humo, siempre hay fuego... y en este caso, mucho smog político.
Lo que ha encendido las alarmas (y las críticas) es la forma en que se plantea la implementación de estos impuestos. Las cámaras de comercio ya han levantado la voz, argumentando que afectará la competitividad de las empresas nacionales y podría incluso llevar a algunas a cerrar sus puertas. Hay quienes dicen que es una medida populista y que no aborda las causas reales de la degradación ambiental. ¡Qué torta!
Por otro lado, organizaciones ecologistas han recibido la iniciativa con cautela, señalando que si bien es un paso en la dirección correcta, existen puntos grises que podrían permitirían evasión fiscal y afectar negativamente a comunidades vulnerables. Una preocupación especialmente destacada es cómo se asegurará que los ingresos recaudados realmente se destinen a proyectos ambientales y no se pierdan en la administración pública. Ahí sí que tenemos que estar ojo avizor, porque ya hemos visto mil atracos así en el pasado.
El presidente de la Cámara de Empresas Privadas, Gerardo Vargas, declaró ayer que “este impuesto sería como darle un balazo en la cabeza a la economía nacional”. Vargas añadió que están estudiando todas las opciones legales para impugnar la ley, incluyendo la posibilidad de recurrir a la Sala Constitucional. Claro, él siempre defiende los intereses de los empresarios, ¡eso es obvio! Aunque también es cierto que muchas empresas necesitan hacer cambios significativos para reducir su impacto ambiental.
En contraste, la Ministra de Ambiente, Irene Brenes, defendió la necesidad de tomar medidas contundentes para proteger los ecosistemas costarricenses.
La propuesta, impulsada por el partido Verdear, busca gravar actividades consideradas perjudiciales para el medio ambiente, como la tala ilegal, la contaminación de ríos y el uso excesivo de plásticos de un solo uso. Según explican sus promotores, el objetivo es generar recursos para financiar proyectos de conservación y fomentar prácticas sostenibles en el país. Pero claro, donde hay humo, siempre hay fuego... y en este caso, mucho smog político.
Lo que ha encendido las alarmas (y las críticas) es la forma en que se plantea la implementación de estos impuestos. Las cámaras de comercio ya han levantado la voz, argumentando que afectará la competitividad de las empresas nacionales y podría incluso llevar a algunas a cerrar sus puertas. Hay quienes dicen que es una medida populista y que no aborda las causas reales de la degradación ambiental. ¡Qué torta!
Por otro lado, organizaciones ecologistas han recibido la iniciativa con cautela, señalando que si bien es un paso en la dirección correcta, existen puntos grises que podrían permitirían evasión fiscal y afectar negativamente a comunidades vulnerables. Una preocupación especialmente destacada es cómo se asegurará que los ingresos recaudados realmente se destinen a proyectos ambientales y no se pierdan en la administración pública. Ahí sí que tenemos que estar ojo avizor, porque ya hemos visto mil atracos así en el pasado.
El presidente de la Cámara de Empresas Privadas, Gerardo Vargas, declaró ayer que “este impuesto sería como darle un balazo en la cabeza a la economía nacional”. Vargas añadió que están estudiando todas las opciones legales para impugnar la ley, incluyendo la posibilidad de recurrir a la Sala Constitucional. Claro, él siempre defiende los intereses de los empresarios, ¡eso es obvio! Aunque también es cierto que muchas empresas necesitan hacer cambios significativos para reducir su impacto ambiental.
En contraste, la Ministra de Ambiente, Irene Brenes, defendió la necesidad de tomar medidas contundentes para proteger los ecosistemas costarricenses.
