¡Aguafiestas! Resulta que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) está agarrándole la resaca al tema de la seguridad de los expresidentes, precisamente cuando la Procuraduría General de la República (PGR) les dio luz verde para sacarle el chunche. Todo comenzó con una consulta que hizo Mario Zamora, el ministro, preguntándose si podían quitarle esa protección a los exmandatarios… ¡y la respuesta fue un sí rotundo!
Según fuentes internas, la PGR, a través de una carta fechada el 26 de mayo, les explicó que sí pueden derogar el decreto ejecutivo del 2003 que les da esa seguridad. El documento, al que tuvimos acceso, básicamente dice que el Poder Ejecutivo tiene toda la potestad para hacer cambios en esas cosas, adaptándolas a las necesidades del momento. Lo que hasta ahora nadie entiende es, entonces, ¿por qué no lo hicieron?
Para refrescarles la memoria, hablamos de cuatro expresidentes –Óscar Arias, Rafael Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco–, además de las exprimieras damas Karen Olsen y Josette Altmann, quienes gozan de esta seguridad pagada por el Estado. Esto significa patrullas, agentes de la Fuerza Pública dedicados exclusivamente a ellos... un brete considerable para las arcas públicas, especialmente en tiempos donde el presupuesto andaba más ajustado que mamey con chile.
Zamora, en declaraciones a la prensa, ha sido bastante esquivo sobre el tema, limitándose a decir que “hay elementos de seguridad importantes” que considerar y que, por eso, no están pensando en modificar la situación actual. Pero, vamos, ¡diay! La gente quiere saber por qué, si la Procuraduría ya les dio el visto bueno. ¿Será miedo a críticas?, ¿una estrategia política detrás de esto? Como sea, la polémica está servida.
El decreto al que hace referencia la PGR, recordemos, fue emitido en el 2003 y desde entonces ha permanecido vigente, a pesar de varios gobiernos que han pasado por Casa Amarilla. Algunos analistas políticos señalan que mantener esta seguridad, aunque generosa, podría interpretarse como un gesto de respeto hacia las figuras históricas del país. Otros, más críticos, argumentan que es un lujo innecesario en una nación con tantos problemas urgentes.
Ahora bien, vale la pena mencionar que el MSP, inicialmente, envió la consulta a la PGR el 30 de abril, buscando claridad legal sobre el tema. La respuesta tardó casi un mes en llegar, y mientras tanto, el debate público se encendió rápidamente. La decisión de no derogar el decreto, a pesar de la opinión favorable de la PGR, ha generado sorpresa entre algunos sectores de la sociedad.
Pero más allá de la controversia mediática, existe una cuestión fundamental: ¿Es justificado que el Estado siga costeanndo la seguridad de personas que ya cumplieron su período de gobierno y que, en muchos casos, cuentan con recursos propios para protegerse? Esta pregunta abre un debate profundo sobre el uso eficiente de los recursos públicos y la necesidad de reevaluar políticas que podrían considerarse obsoletas o excesivamente generosas.
Y hablando de todo esto, me pregunto: ¿ustedes, los lectores del Foro, qué opinan? ¿Creen que los expresidentes deberían seguir recibiendo seguridad estatal, incluso si la PGR dice que es posible eliminarla? ¿O sería más sensato destinar esos recursos a otras áreas prioritarias del país, como salud o educación? ¡Déjenme sus comentarios y a ver qué sale de esta vaina!
Según fuentes internas, la PGR, a través de una carta fechada el 26 de mayo, les explicó que sí pueden derogar el decreto ejecutivo del 2003 que les da esa seguridad. El documento, al que tuvimos acceso, básicamente dice que el Poder Ejecutivo tiene toda la potestad para hacer cambios en esas cosas, adaptándolas a las necesidades del momento. Lo que hasta ahora nadie entiende es, entonces, ¿por qué no lo hicieron?
Para refrescarles la memoria, hablamos de cuatro expresidentes –Óscar Arias, Rafael Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco–, además de las exprimieras damas Karen Olsen y Josette Altmann, quienes gozan de esta seguridad pagada por el Estado. Esto significa patrullas, agentes de la Fuerza Pública dedicados exclusivamente a ellos... un brete considerable para las arcas públicas, especialmente en tiempos donde el presupuesto andaba más ajustado que mamey con chile.
Zamora, en declaraciones a la prensa, ha sido bastante esquivo sobre el tema, limitándose a decir que “hay elementos de seguridad importantes” que considerar y que, por eso, no están pensando en modificar la situación actual. Pero, vamos, ¡diay! La gente quiere saber por qué, si la Procuraduría ya les dio el visto bueno. ¿Será miedo a críticas?, ¿una estrategia política detrás de esto? Como sea, la polémica está servida.
El decreto al que hace referencia la PGR, recordemos, fue emitido en el 2003 y desde entonces ha permanecido vigente, a pesar de varios gobiernos que han pasado por Casa Amarilla. Algunos analistas políticos señalan que mantener esta seguridad, aunque generosa, podría interpretarse como un gesto de respeto hacia las figuras históricas del país. Otros, más críticos, argumentan que es un lujo innecesario en una nación con tantos problemas urgentes.
Ahora bien, vale la pena mencionar que el MSP, inicialmente, envió la consulta a la PGR el 30 de abril, buscando claridad legal sobre el tema. La respuesta tardó casi un mes en llegar, y mientras tanto, el debate público se encendió rápidamente. La decisión de no derogar el decreto, a pesar de la opinión favorable de la PGR, ha generado sorpresa entre algunos sectores de la sociedad.
Pero más allá de la controversia mediática, existe una cuestión fundamental: ¿Es justificado que el Estado siga costeanndo la seguridad de personas que ya cumplieron su período de gobierno y que, en muchos casos, cuentan con recursos propios para protegerse? Esta pregunta abre un debate profundo sobre el uso eficiente de los recursos públicos y la necesidad de reevaluar políticas que podrían considerarse obsoletas o excesivamente generosas.
Y hablando de todo esto, me pregunto: ¿ustedes, los lectores del Foro, qué opinan? ¿Creen que los expresidentes deberían seguir recibiendo seguridad estatal, incluso si la PGR dice que es posible eliminarla? ¿O sería más sensato destinar esos recursos a otras áreas prioritarias del país, como salud o educación? ¡Déjenme sus comentarios y a ver qué sale de esta vaina!
