Focos de conflicto
Polarización política da paso a lucha de clases en Honduras
Lucha por la tierra en norte genera tensiones entre golpistas y zelayistas Temen matanza en tierras disputadas por campesinos y hacendados
Hay en el norte de Honduras una comunidad llamada Guadalupe Carney donde viven 800 familias campesinas. La tensión que se vive en el lugar desde el golpe de Estado hace temer una confrontación entre ejército y pobladores.
Guadalupe Carney representa la lucha que se está perfilando en Honduras detrás de la polarización entre “zelayistas” y “golpistas”: la lucha de clases.
La comunidad es parte de ella: nació en el 2000 cuando las familias se instalaron en el terreno de 37 hectáreas propiedad del Estado, pero disputado por grandes ganaderos y agricultores.
Ese conflicto ha dejado muertos de uno y otro bando. En el último episodio, en el 2008, murieron una docena de familiares de uno de los hacendados, que intentan desde entonces cobrar la deuda.
Y como cabe suponer en un conflicto de esta naturaleza, cada quien tiene claro el lado al que pertenece: los terratenientes respaldan el golpe de Estado y los campesinos quieren el regreso del depuesto presidente Manuel Zelaya, que les entregó títulos de propiedad, y el retorno a la institucionalidad democrática.
Los campesinos están rodeados, según cuentan, entre otros, Ismael Moreno, un sacerdote jesuita de la zona.
Al norte de la comunidad, a diez minutos, está una base de la Fuerza Naval, en puerto Castilla.
A cinco kilómetros al sur está la base del 15 batallón de infantería del Ejército hondureño.
Cerca están también los ganaderos con sus cuerpos de seguridad privados, y, para complicar aún más el panorama, están los narcotraficantes, que se desplazan con armamento pesado.
“Es notorio que en Honduras se está dando una lucha de clases. Se ve en el tipo de gente que asiste a las marchas de uno y otro bando. Es visiblemente notorio que hay diferencias de clase. Igual si se observa el conflicto de tierras entre el ejército y el movimiento popular de base”, afirmó Marcia Aguiluz, abogada de Cejil quien estuvo esta semana en ese país.
Zona de peligro. Tras el golpe de Estado del 28 de junio, los terratenientes se han sentido con poder y han intentado entrar en la comunidad, aseveró el sacerdote Moreno.
“En esa región del (río) Aguán los que están impulsando y sosteniendo el golpe son los que están persiguiendo a los campesinos”, agregó el religioso.
“Hoy esa zona está en la mayor de las indefensiones. Ellos (los campesinos) están pertrechados, pero en cualquier momento se produce una matanza”, agregó.
Una misión con delegados de la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Servicio Paz y Justicia, entre otras entidades visitó esta semana Honduras y acreditó distintas violaciones a los derechos humanos en el país.
La misión visitó Guadalupe Carney donde recibió denuncias de connivencia de militares con grupos de seguridad privada y de amenazas y acciones intimidatorias por parte de los militares, dijo Aguiluz, la abogada de Cejil.
“Es preocupante que la Cámara de Comercio local emitió un comunicado del 17 de julio donde llama a las autoridades a intervenir en la comunidad para desarmarla y para que cese el cierre de carreteras”, señaló.
Cuenta Aguiluz que la Cámara amenazó con actuar por su cuenta si no lo hace la autoridad.
Por la tierra y por Zelaya. “Ahora que se dio el golpe de Estado los terratenientes quieren legalizar la invasión, el asalto a la comunidad, diciendo que está fuertemente armada, y que hay venezolanos y nicaragüenses. Dicen que han ingresado camionadas de armas y que hay células guerrilleras”, dijo a La Nación , vía telefónica, Adolfo Ruiz, uno de los líderes del Movimiento Campesino del Aguán.
“Desmentimos eso. Nosotros peleamos por la reforma agraria. Como comunidad defendemos el derecho constitucional; hay un rompimiento del orden y decimos que el único presidente legítimo es Manuel Zelaya”.
Ruiz dijo que los militares intentaron entrar a la comunidad el lunes 13 de julio “pero la comunidad se les fue encima con machetes, palos, garrotes. Desde ese día montan vigilancia permanente”.
Los miembros de esta cooperativa agraria respaldaron el proyecto de “cuarta urna” con el cual Zelaya pretendía consultar a la población si estaba de acuerdo en nombrar una Constituyente para modificar la Carta Magna y permitir la reelección.
La iniciativa, llevada a cabo en contra de la opinión de los otros poderes del Estado, fue la que derivó en el golpe.
Además, Ruiz indicó que apoyan a Zelaya porque ha sido el presidente que más títulos de propiedad entregó en Honduras a los campesinos. La región del Aguán fue llamada la capital de la reforma agraria que se realizó en el país entre 1972 y 1975.
Para Ruiz, estos días son decisivos. Su gente está dispuesta a la insurrección “no porque lo pida ‘Mel’ (Zelaya) sino porque la constitución lo manda. El artículo 3 dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador que mediante la fuerza de las armas utiliza el poder para sus intereses”.
“La lucha ha sido pacífica hasta ahora, armas no hay, pero no nos vamos a dejar atacar, no nos vamos a rendir. No vamos a permitir un atropello”.
