¡Aguante, mae! Aquí la jugada: Donald Trump, el exmandatario gringo, se acaba de llevar $22 millones de YouTube tras llegar a un acuerdo extrajudicial. La plata, parece ser, busca aplacar las furias de Trump, quien ha estado demandando a todas las plataformas digitales alegando que le censuraron el discurso durante y después de las elecciones del 2020. Esto viene pisándole los talones a acuerdos similares con Meta y X (antes Twitter), así que la cosa se está poniendo picante.
La movida, para quienes andamos despistados, empezó luego de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en enero del 2021. Las redes sociales, sacudidas por la responsabilidad y el miedo a fomentar más violencia, tomaron la decisión de suspender temporalmente, y algunas permanentemente, las cuentas de Trump. Lo justificaban diciendo que estaba propagando información falsa sobre el resultado electoral, sembrando la discordia entre los estadounidenses. Claramente, esto no le cayó nada contentito al entonces presidente.
Ahora resulta que Trump anda buscando recuperar terreno legalmente. Argumenta que las plataformas estaban violando sus derechos de libertad de expresión al silenciarlo. Este acuerdo con YouTube es el tercero que logra, sumándose a los ya firmados con Meta (donde se comprometieron a pagar $25 millones, parte destinada a crear una biblioteca presidencial) y X (con un acuerdo cercano a los $10 millones). ¿Será que está tratando de construir un imperio mediático paralelo?
Lo curioso del asunto es hacia dónde va a parar todo ese dinerito. Parece ser que una parte importante de los acuerdos está siendo canalizada a organizaciones benéficas, en particular al ‘Trust for the National Mall’, una entidad dedicada a mantener limpio y decente el espacio público de Washington D.C., e incluso financiar la restauración del salón de baile de la Casa Blanca. ¡Quién sabe si ahora sí le pondrán música a todo volumen!
Expertos en derecho digital comentan que estos acuerdos podrían sentar un precedente interesante. Podrían animar a otros individuos o grupos a emprender acciones legales similares contra las redes sociales, argumentando censura política. Aunque claro, siempre hay que ver la letra chica y cómo esos contratos impactarán en el futuro de la libertad de expresión en internet. Que diay, la tecnología avanza y nosotros vamos detrás intentando entenderle.
En Costa Rica, la discusión sobre la regulación de las redes sociales ha estado latente desde hace tiempo. Muchos piden mayor control sobre la difusión de noticias falsas y discursos de odio, pero también existe preocupación por proteger la libertad de expresión y evitar caer en excesiva censura. Ver qué pasa con estos casos en Estados Unidos nos puede servir de mucho para definir nuestra propia estrategia.
Algunos analistas políticos aseguran que esta estrategia legal de Trump es, en realidad, una forma de mantenerse en el ojo público y movilizar a sus bases políticas. Al denunciar a las grandes tecnológicas, se presenta como víctima de la supuesta izquierda radical que intenta acallar sus ideas. Y, como bien sabemos, un buen pleito siempre vende, especialmente si involucra tanto dinero y atención mediática. El mae sabe cómo mantener el interés, ¡eso nadie se lo quita!
En fin, la cosa está calentita. Trump se lleva la victoria económica en estas batallas legales, pero queda la interrogante: ¿establecerán estos acuerdos un nuevo estándar para la relación entre políticos, redes sociales y libertad de expresión, o simplemente serán episodios aislados en la larga lucha por controlar el flujo de información en la era digital? ¿Ustedes creen que este tipo de acuerdos debería inspirarnos a revisar la legislación sobre redes sociales aquí en Costa Rica, o es mejor dejar que cada país siga su propio camino?
La movida, para quienes andamos despistados, empezó luego de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en enero del 2021. Las redes sociales, sacudidas por la responsabilidad y el miedo a fomentar más violencia, tomaron la decisión de suspender temporalmente, y algunas permanentemente, las cuentas de Trump. Lo justificaban diciendo que estaba propagando información falsa sobre el resultado electoral, sembrando la discordia entre los estadounidenses. Claramente, esto no le cayó nada contentito al entonces presidente.
Ahora resulta que Trump anda buscando recuperar terreno legalmente. Argumenta que las plataformas estaban violando sus derechos de libertad de expresión al silenciarlo. Este acuerdo con YouTube es el tercero que logra, sumándose a los ya firmados con Meta (donde se comprometieron a pagar $25 millones, parte destinada a crear una biblioteca presidencial) y X (con un acuerdo cercano a los $10 millones). ¿Será que está tratando de construir un imperio mediático paralelo?
Lo curioso del asunto es hacia dónde va a parar todo ese dinerito. Parece ser que una parte importante de los acuerdos está siendo canalizada a organizaciones benéficas, en particular al ‘Trust for the National Mall’, una entidad dedicada a mantener limpio y decente el espacio público de Washington D.C., e incluso financiar la restauración del salón de baile de la Casa Blanca. ¡Quién sabe si ahora sí le pondrán música a todo volumen!
Expertos en derecho digital comentan que estos acuerdos podrían sentar un precedente interesante. Podrían animar a otros individuos o grupos a emprender acciones legales similares contra las redes sociales, argumentando censura política. Aunque claro, siempre hay que ver la letra chica y cómo esos contratos impactarán en el futuro de la libertad de expresión en internet. Que diay, la tecnología avanza y nosotros vamos detrás intentando entenderle.
En Costa Rica, la discusión sobre la regulación de las redes sociales ha estado latente desde hace tiempo. Muchos piden mayor control sobre la difusión de noticias falsas y discursos de odio, pero también existe preocupación por proteger la libertad de expresión y evitar caer en excesiva censura. Ver qué pasa con estos casos en Estados Unidos nos puede servir de mucho para definir nuestra propia estrategia.
Algunos analistas políticos aseguran que esta estrategia legal de Trump es, en realidad, una forma de mantenerse en el ojo público y movilizar a sus bases políticas. Al denunciar a las grandes tecnológicas, se presenta como víctima de la supuesta izquierda radical que intenta acallar sus ideas. Y, como bien sabemos, un buen pleito siempre vende, especialmente si involucra tanto dinero y atención mediática. El mae sabe cómo mantener el interés, ¡eso nadie se lo quita!
En fin, la cosa está calentita. Trump se lleva la victoria económica en estas batallas legales, pero queda la interrogante: ¿establecerán estos acuerdos un nuevo estándar para la relación entre políticos, redes sociales y libertad de expresión, o simplemente serán episodios aislados en la larga lucha por controlar el flujo de información en la era digital? ¿Ustedes creen que este tipo de acuerdos debería inspirarnos a revisar la legislación sobre redes sociales aquí en Costa Rica, o es mejor dejar que cada país siga su propio camino?
