¡Aguántense, parce! El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le bajó el telón a un intento de llevar radios y televisores a las cárceles del país. Un señor llamado García Cordero, que representa a una asociación que ayuda a familias de privados de libertad, presentó un recurso pidiendo que se les permitiera ver los debates y estar al tanto de lo que pasa en el país. Pero el TSE dijo “no se puede”, y así quedó la cosa.
Según parece, don García Cordero argumentaba que restringirles el acceso a la radio, la tele y hasta los periódicos en esos módulos de alta seguridad era como quitándoles la posibilidad de saber qué onda en la sociedad y en la política. Imagínate, estar ahí metido y desconectado del mundo exterior... ¡qué torta!
Pero los magistrados del TSE no compraron el argumento. En una resolución bastante técnica, número 6526-E1-2025, explicaron que el tipo no había demostrado ser abogado defensor –ni público ni privado– de nadie que estuviera preso. Dijo que necesitaba tener poder para actuar en nombre de esas personas y pedir que se protegieran sus derechos políticos. Básicamente, le faltó el sustento legal para hacer la petición.
La verdad, la movida se puso intensa porque algunos vieron esto como una carencia de derechos básicos, mientras otros pensaron que meterle televisores a los presos no es precisamente la solución a todos los problemas. No sé ustedes, pero a mí me da que pensar si realmente eso iba a mejorar el ambiente dentro de las cárceles o simplemente iba a crear más peleas y disturbios. Después de todo, ya tienen suficiente con lo que les toca vivir, ¿verdad?
Ahora bien, analizando un poco la jugada, es verdad que la información es importante para cualquier persona, incluso para aquellos que están cumpliendo condenas. Estar informado te permite entender mejor la realidad, tomar decisiones (aunque sean limitadas en ese entorno) y mantener cierta conexión con el mundo exterior. Pero también hay que ser conscientes de que las cárceles son instituciones de reclusión, y no centros de entretenimiento.
Y hablando de contextos, recordemos que el sistema penitenciario nacional tiene sus propios bretes, entre ellos la superpoblación y la falta de recursos. Añadirle televisores a la ecuación podría generar aún más tensiones y complicaciones administrativas. Además, ¿quién va a pagar la cuenta de la luz y el mantenimiento de estos aparatos? Esto es pura vida, pero hay que analizarlo bien.
Lo interesante de este caso es que plantea una reflexión más profunda sobre los derechos de los privados de libertad. ¿Hasta dónde llega el Estado a garantizar su acceso a la información? ¿Es un derecho fundamental inalienable o un privilegio que depende de ciertas condiciones? Y lo más importante: ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre proteger los derechos de estas personas y garantizar la seguridad de la sociedad?
En fin, paremos aquí por un momento y pensemos juntos: ¿Ustedes creen que los privados de libertad deberían tener acceso a medios de comunicación como radio, televisión o prensa escrita durante su tiempo en prisión? ¿Es un derecho básico o una distracción innecesaria? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, parce! Estoy seguro de que tenemos mucho que discutir sobre esta vara.
Según parece, don García Cordero argumentaba que restringirles el acceso a la radio, la tele y hasta los periódicos en esos módulos de alta seguridad era como quitándoles la posibilidad de saber qué onda en la sociedad y en la política. Imagínate, estar ahí metido y desconectado del mundo exterior... ¡qué torta!
Pero los magistrados del TSE no compraron el argumento. En una resolución bastante técnica, número 6526-E1-2025, explicaron que el tipo no había demostrado ser abogado defensor –ni público ni privado– de nadie que estuviera preso. Dijo que necesitaba tener poder para actuar en nombre de esas personas y pedir que se protegieran sus derechos políticos. Básicamente, le faltó el sustento legal para hacer la petición.
La verdad, la movida se puso intensa porque algunos vieron esto como una carencia de derechos básicos, mientras otros pensaron que meterle televisores a los presos no es precisamente la solución a todos los problemas. No sé ustedes, pero a mí me da que pensar si realmente eso iba a mejorar el ambiente dentro de las cárceles o simplemente iba a crear más peleas y disturbios. Después de todo, ya tienen suficiente con lo que les toca vivir, ¿verdad?
Ahora bien, analizando un poco la jugada, es verdad que la información es importante para cualquier persona, incluso para aquellos que están cumpliendo condenas. Estar informado te permite entender mejor la realidad, tomar decisiones (aunque sean limitadas en ese entorno) y mantener cierta conexión con el mundo exterior. Pero también hay que ser conscientes de que las cárceles son instituciones de reclusión, y no centros de entretenimiento.
Y hablando de contextos, recordemos que el sistema penitenciario nacional tiene sus propios bretes, entre ellos la superpoblación y la falta de recursos. Añadirle televisores a la ecuación podría generar aún más tensiones y complicaciones administrativas. Además, ¿quién va a pagar la cuenta de la luz y el mantenimiento de estos aparatos? Esto es pura vida, pero hay que analizarlo bien.
Lo interesante de este caso es que plantea una reflexión más profunda sobre los derechos de los privados de libertad. ¿Hasta dónde llega el Estado a garantizar su acceso a la información? ¿Es un derecho fundamental inalienable o un privilegio que depende de ciertas condiciones? Y lo más importante: ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre proteger los derechos de estas personas y garantizar la seguridad de la sociedad?
En fin, paremos aquí por un momento y pensemos juntos: ¿Ustedes creen que los privados de libertad deberían tener acceso a medios de comunicación como radio, televisión o prensa escrita durante su tiempo en prisión? ¿Es un derecho básico o una distracción innecesaria? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, parce! Estoy seguro de que tenemos mucho que discutir sobre esta vara.
