¡Ay, Dios mío, qué bronca! La cosa está que arde en la Asamblea Legislativa. Resulta que la diputada Paulina Ramírez del PLN le metió digas al ministro Víctor Carvajal del MAG, acusándolo de estar favoreciendo a los importadores de papa gringas a costa de nuestros paperos, esos mae que sudan la gota gorda pa’ producirnos la verdura.
Todo empezó durante la discusión del Presupuesto 2026, un brete como siempre, lleno de debates y rodeos. Ramírez, con toda la actitud, aprovechó la visita del ministro Carvajal para clavarle el palo diciéndole que la política de importación de papa fresca desde Estados Unidos está hundiendo a los agricultores de Cartago, la cuna de la papa en nuestro país. Dice que se han relajado los controles y ahora entra libremente el producto extranjero, echándole agua al molino de los importadores.
“No hay justificación técnica para esto, ¡qué vara!”, exclamó la diputada, visiblemente indignada. Ramírez contó que visitó Cartago y vio campos enteros llenos de papas que no pueden vender porque la competencia de las papas importadas es demasiado fuerte, especialmente porque llegan a precios mucho más bajos. Hizo referencia a la polémicísima ‘Ruta del Arroz’, recordándonos cómo decisiones políticas equivocadas pueden destrozar la producción local.
Ramírez no se anduvo con pelos en la lengua. Criticó que el gobierno esté dando la espalda a los productores nacionales, quienes se esfuerzan por ofrecer productos de calidad. Argumentó que hay suficiente papa producida en Costa Rica para abastecer el mercado interno, así que importar a estas alturas es, sencillamente, incomprensible. Dicen por ahí que el problema no es la falta de papa, sino la falta de oportunidades para los paperos.
Por otro lado, el ministro Carvajal salió al paso defendiendo la gestión del gobierno y asegurando que están apoyando a los productores. Explicó que la modificación de los requisitos fitosanitarios busca evitar la entrada de plagas al país, y que no tiene nada que ver con una intención de favorecer a los importadores. Carvajal señaló que la caída en la producción local, provocado por los aguaceros torrenciales de los últimos meses, obligó al gobierno a tomar medidas para asegurar el suministro de papa al consumidor final.
Según el ministro, la producción de papa se desplomó hasta un 80% durante los meses más críticos debido a las inundaciones y otros efectos del cambio climático. Afirmó que esta baja disponibilidad interna fue la que impulsó la decisión de permitir la importación temporal de papa fresca, aunque admitió que entiende la preocupación de los productores cartagüeños. Se escucharon murmullos entre los presentes cuando Carvajal hizo mención de la situación climática, pues muchos consideraron que era excusa barata para justificar una política económica que perjudica directamente al sector agrícola nacional.
La discusión dejó abierta la puerta a futuras negociaciones y a la búsqueda de soluciones conjuntas que permitan proteger a los productores nacionales sin comprometer la seguridad alimentaria del país. Muchos analistas políticos ven en este conflicto un claro reflejo de las tensiones existentes entre los intereses económicos y las políticas agrarias, y advierten que si no se toman medidas urgentes, la situación podría empeorar aún más.
Esta situación nos lleva a preguntarnos: ¿Debería el gobierno implementar medidas más agresivas para proteger la producción local de papa, incluso si eso implica aumentar los precios para el consumidor final? ¿O debemos priorizar la disponibilidad de alimentos a bajo costo, asumiendo el riesgo de perjudicar a nuestros agricultores?
Todo empezó durante la discusión del Presupuesto 2026, un brete como siempre, lleno de debates y rodeos. Ramírez, con toda la actitud, aprovechó la visita del ministro Carvajal para clavarle el palo diciéndole que la política de importación de papa fresca desde Estados Unidos está hundiendo a los agricultores de Cartago, la cuna de la papa en nuestro país. Dice que se han relajado los controles y ahora entra libremente el producto extranjero, echándole agua al molino de los importadores.
“No hay justificación técnica para esto, ¡qué vara!”, exclamó la diputada, visiblemente indignada. Ramírez contó que visitó Cartago y vio campos enteros llenos de papas que no pueden vender porque la competencia de las papas importadas es demasiado fuerte, especialmente porque llegan a precios mucho más bajos. Hizo referencia a la polémicísima ‘Ruta del Arroz’, recordándonos cómo decisiones políticas equivocadas pueden destrozar la producción local.
Ramírez no se anduvo con pelos en la lengua. Criticó que el gobierno esté dando la espalda a los productores nacionales, quienes se esfuerzan por ofrecer productos de calidad. Argumentó que hay suficiente papa producida en Costa Rica para abastecer el mercado interno, así que importar a estas alturas es, sencillamente, incomprensible. Dicen por ahí que el problema no es la falta de papa, sino la falta de oportunidades para los paperos.
Por otro lado, el ministro Carvajal salió al paso defendiendo la gestión del gobierno y asegurando que están apoyando a los productores. Explicó que la modificación de los requisitos fitosanitarios busca evitar la entrada de plagas al país, y que no tiene nada que ver con una intención de favorecer a los importadores. Carvajal señaló que la caída en la producción local, provocado por los aguaceros torrenciales de los últimos meses, obligó al gobierno a tomar medidas para asegurar el suministro de papa al consumidor final.
Según el ministro, la producción de papa se desplomó hasta un 80% durante los meses más críticos debido a las inundaciones y otros efectos del cambio climático. Afirmó que esta baja disponibilidad interna fue la que impulsó la decisión de permitir la importación temporal de papa fresca, aunque admitió que entiende la preocupación de los productores cartagüeños. Se escucharon murmullos entre los presentes cuando Carvajal hizo mención de la situación climática, pues muchos consideraron que era excusa barata para justificar una política económica que perjudica directamente al sector agrícola nacional.
La discusión dejó abierta la puerta a futuras negociaciones y a la búsqueda de soluciones conjuntas que permitan proteger a los productores nacionales sin comprometer la seguridad alimentaria del país. Muchos analistas políticos ven en este conflicto un claro reflejo de las tensiones existentes entre los intereses económicos y las políticas agrarias, y advierten que si no se toman medidas urgentes, la situación podría empeorar aún más.
Esta situación nos lleva a preguntarnos: ¿Debería el gobierno implementar medidas más agresivas para proteger la producción local de papa, incluso si eso implica aumentar los precios para el consumidor final? ¿O debemos priorizar la disponibilidad de alimentos a bajo costo, asumiendo el riesgo de perjudicar a nuestros agricultores?
