La violencia contra los adultos mayores en Costa Rica está alcanzando niveles alarmantes, y la respuesta institucional y social parece ser insuficiente. En el último año, la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) registró un notable incremento en las llamadas de auxilio relacionadas con diversas formas de abuso hacia esta población. En 2023, se reportaron 684 llamadas, de las cuales casi la mitad correspondieron a casos de violencia física, psicológica, sexual, abandono y negligencia. Este aumento se suma a una preocupante tendencia observada en los últimos cuatro años.
El incremento en las estadísticas es alarmante: en 2020, el 36% de las 550 llamadas atendidas por AGECO estaban relacionadas con violencia. En 2021, de 770 llamadas, el 31.6% se trataban de violencia, y en 2022, el porcentaje subió al 40%. Esta tendencia indica una creciente emergencia que no puede ser ignorada.
El 15 de junio, día en que Costa Rica conmemora el Día contra el Abuso, Maltrato y Marginación contra el Adulto Mayor, Fabián Trejos, Gerente General de AGECO, hizo un llamado urgente a la acción. Trejos enfatizó la necesidad de una política pública integral que no solo prevenga y atienda estos casos, sino que también sancione a los responsables de manera efectiva. Sin embargo, más allá de las declaraciones, la implementación de medidas concretas parece estancada en la burocracia y la indiferencia.
La gravedad de la situación también se evidencia en el Servicio de Orientación Socio Legal de AGECO, un sistema de atención telefónica gratuita que ha estado operando durante diez años. Este servicio, atendido por voluntarios mayores capacitados, proporciona apoyo, orientación y dirección a las víctimas sobre dónde acudir para recibir ayuda. A pesar de su noble labor, la demanda supera ampliamente los recursos disponibles.
Es desconcertante cómo una sociedad que se enorgullece de sus valores familiares y comunitarios puede mostrarse tan desinteresada en proteger a sus miembros más vulnerables. El maltrato y la negligencia hacia los adultos mayores no solo son un fracaso de las políticas públicas, sino también una reflexión de nuestras prioridades como sociedad.
A medida que se intensifica la lucha por recursos y atención, es esencial que el gobierno y las instituciones pertinentes redoblen sus esfuerzos para crear un entorno seguro y respetuoso para los adultos mayores. No basta con conmemorar un día al año; la protección y el respeto deben ser permanentes.
La realidad actual expone un grave déficit en la protección de los derechos de los adultos mayores. Las promesas de campañas de sensibilización y leyes más estrictas a menudo se quedan en el papel, mientras que las víctimas continúan sufriendo en silencio. El incremento en las denuncias debería ser una señal de alerta, pero hasta ahora, la reacción ha sido más de complacencia que de acción efectiva.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuánto más estamos dispuestos a tolerar antes de actuar?
La violencia contra los adultos mayores es una crisis latente que no espera, y cada día de inacción es un día en que nuestros mayores sufren. La indiferencia, al final, es también una forma de violencia.
El incremento en las estadísticas es alarmante: en 2020, el 36% de las 550 llamadas atendidas por AGECO estaban relacionadas con violencia. En 2021, de 770 llamadas, el 31.6% se trataban de violencia, y en 2022, el porcentaje subió al 40%. Esta tendencia indica una creciente emergencia que no puede ser ignorada.
El 15 de junio, día en que Costa Rica conmemora el Día contra el Abuso, Maltrato y Marginación contra el Adulto Mayor, Fabián Trejos, Gerente General de AGECO, hizo un llamado urgente a la acción. Trejos enfatizó la necesidad de una política pública integral que no solo prevenga y atienda estos casos, sino que también sancione a los responsables de manera efectiva. Sin embargo, más allá de las declaraciones, la implementación de medidas concretas parece estancada en la burocracia y la indiferencia.
La gravedad de la situación también se evidencia en el Servicio de Orientación Socio Legal de AGECO, un sistema de atención telefónica gratuita que ha estado operando durante diez años. Este servicio, atendido por voluntarios mayores capacitados, proporciona apoyo, orientación y dirección a las víctimas sobre dónde acudir para recibir ayuda. A pesar de su noble labor, la demanda supera ampliamente los recursos disponibles.
Es desconcertante cómo una sociedad que se enorgullece de sus valores familiares y comunitarios puede mostrarse tan desinteresada en proteger a sus miembros más vulnerables. El maltrato y la negligencia hacia los adultos mayores no solo son un fracaso de las políticas públicas, sino también una reflexión de nuestras prioridades como sociedad.
A medida que se intensifica la lucha por recursos y atención, es esencial que el gobierno y las instituciones pertinentes redoblen sus esfuerzos para crear un entorno seguro y respetuoso para los adultos mayores. No basta con conmemorar un día al año; la protección y el respeto deben ser permanentes.
La realidad actual expone un grave déficit en la protección de los derechos de los adultos mayores. Las promesas de campañas de sensibilización y leyes más estrictas a menudo se quedan en el papel, mientras que las víctimas continúan sufriendo en silencio. El incremento en las denuncias debería ser una señal de alerta, pero hasta ahora, la reacción ha sido más de complacencia que de acción efectiva.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuánto más estamos dispuestos a tolerar antes de actuar?
La violencia contra los adultos mayores es una crisis latente que no espera, y cada día de inacción es un día en que nuestros mayores sufren. La indiferencia, al final, es también una forma de violencia.
