Maes, agárrense porque parece que el 2026 viene con una platica extra para los que le ponen en el sector público. El Ministerio de Hacienda acaba de soltar la bomba con el nuevo proyecto de presupuesto y, diay, la noticia principal es que el pago de salarios para los funcionarios del Gobierno va a crecer un 4,5%. En cristiano, eso significa pasar de un monto ya de por sí gigantesco a casi tres billones de colones (¢3.039.947 millones, para ser exactos). Una vara que, de entrada, suena bien para miles de familias, pero que tiene un montón de aristas que vale la pena desmenuzar antes de celebrar o de pegar el grito al cielo.
Claro, el primero en salir a ponerle el pecho a las balas fue el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke. El mae explicó que este aumento no es un capricho, sino que se puede dar el lujo gracias a que, supuestamente, hemos sido muy ordenaditos con las finanzas y se ha logrado bajar la deuda pública en comparación con lo que produce el país (el famoso PIB). Además del ajuste por inflación, Lücke mencionó que en ese paquete van los traslados al salario global, la creación de nuevas plazas en el MEP y en Seguridad (más profes y más policías, que nunca están de más), y el efecto dominó que eso tiene sobre las cargas sociales. En resumen, la versión oficial es: "Lo estamos haciendo bien, así que podemos pagar mejor".
Pero aquí es donde la vara se pone interesante y un poco más compleja. El presupuesto total del país para el próximo año es de ¢12,8 billones. Doce punto ocho. Un número que a uno ni le cabe en la cabeza. La pregunta del millón es: ¿de dónde sale toda esa plata? Y la respuesta es un clásico tico: de nosotros y de la deuda. Según el plan, casi un 62% va a salir de ingresos corrientes, o sea, de los impuestos que pagamos usted y yo cada vez que compramos algo o recibimos el salario. El otro 38%, un pedazote nada despreciable, se va a financiar pidiendo prestado, ya sea dentro o fuera del país. Entonces, el aumento salarial se da en un contexto donde todavía no nos alcanza con lo que generamos y seguimos dependiendo de la tarjeta de crédito nacional.
Seamos claros: nadie en su sano juicio diría que un maestro, un oficial de policía o una enfermera no se merecen un aumento, sobre todo después de años de salarios congelados y de ponerle bonito en el brete. Mejorar las condiciones del empleado público es, en teoría, mejorar los servicios que todos recibimos. Sin embargo, el debate de fondo es sobre prioridades. ¿Es este el mejor uso para esa plata en este preciso momento? ¿O se podría haber invertido ese mismo 4,5% en tapar los huecos de las calles, en mejorar el equipo de los hospitales o en becas para estudiantes? Es la eterna discusión entre el gasto corriente y la inversión a largo plazo, y este presupuesto parece inclinarse fuerte hacia lo primero.
Al final, el proyecto ya está en manos de los diputados en la Asamblea Legislativa, y ellos tienen hasta finales de noviembre para darle el sí o el no. Esta discusión va a sacar chispas, porque toca el bolsillo de todos. Por un lado, es un respiro para el sector público; por otro, es un recordatorio de que una buena parte de nuestro presupuesto sigue siendo una fiesta financiada con plata prestada. No hay una respuesta fácil, y cualquiera que diga que la tiene, probablemente está vendiendo humo. La vara es un balance delicado entre la justicia social para los trabajadores y la responsabilidad fiscal para no ahogar al país en deudas.
Ustedes qué dicen, maes? ¿Es un aumento justo y necesario para la gente que le pone en el brete público, o es una irresponsabilidad fiscal cuando todavía andamos pidiendo prestado para cerrar el mes? ¿O las dos cosas a la vez?
Claro, el primero en salir a ponerle el pecho a las balas fue el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke. El mae explicó que este aumento no es un capricho, sino que se puede dar el lujo gracias a que, supuestamente, hemos sido muy ordenaditos con las finanzas y se ha logrado bajar la deuda pública en comparación con lo que produce el país (el famoso PIB). Además del ajuste por inflación, Lücke mencionó que en ese paquete van los traslados al salario global, la creación de nuevas plazas en el MEP y en Seguridad (más profes y más policías, que nunca están de más), y el efecto dominó que eso tiene sobre las cargas sociales. En resumen, la versión oficial es: "Lo estamos haciendo bien, así que podemos pagar mejor".
Pero aquí es donde la vara se pone interesante y un poco más compleja. El presupuesto total del país para el próximo año es de ¢12,8 billones. Doce punto ocho. Un número que a uno ni le cabe en la cabeza. La pregunta del millón es: ¿de dónde sale toda esa plata? Y la respuesta es un clásico tico: de nosotros y de la deuda. Según el plan, casi un 62% va a salir de ingresos corrientes, o sea, de los impuestos que pagamos usted y yo cada vez que compramos algo o recibimos el salario. El otro 38%, un pedazote nada despreciable, se va a financiar pidiendo prestado, ya sea dentro o fuera del país. Entonces, el aumento salarial se da en un contexto donde todavía no nos alcanza con lo que generamos y seguimos dependiendo de la tarjeta de crédito nacional.
Seamos claros: nadie en su sano juicio diría que un maestro, un oficial de policía o una enfermera no se merecen un aumento, sobre todo después de años de salarios congelados y de ponerle bonito en el brete. Mejorar las condiciones del empleado público es, en teoría, mejorar los servicios que todos recibimos. Sin embargo, el debate de fondo es sobre prioridades. ¿Es este el mejor uso para esa plata en este preciso momento? ¿O se podría haber invertido ese mismo 4,5% en tapar los huecos de las calles, en mejorar el equipo de los hospitales o en becas para estudiantes? Es la eterna discusión entre el gasto corriente y la inversión a largo plazo, y este presupuesto parece inclinarse fuerte hacia lo primero.
Al final, el proyecto ya está en manos de los diputados en la Asamblea Legislativa, y ellos tienen hasta finales de noviembre para darle el sí o el no. Esta discusión va a sacar chispas, porque toca el bolsillo de todos. Por un lado, es un respiro para el sector público; por otro, es un recordatorio de que una buena parte de nuestro presupuesto sigue siendo una fiesta financiada con plata prestada. No hay una respuesta fácil, y cualquiera que diga que la tiene, probablemente está vendiendo humo. La vara es un balance delicado entre la justicia social para los trabajadores y la responsabilidad fiscal para no ahogar al país en deudas.
Ustedes qué dicen, maes? ¿Es un aumento justo y necesario para la gente que le pone en el brete público, o es una irresponsabilidad fiscal cuando todavía andamos pidiendo prestado para cerrar el mes? ¿O las dos cosas a la vez?
