En un país acostumbrado a ver cómo las instituciones públicas se transforman en botines políticos, el Gobierno de Costa Rica, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, dio un golpe sorpresivo pero necesario al corazón del sistema financiero nacional. Este 28 de mayo, la Junta Directiva del Banco Nacional fue destituida en su totalidad, tras revelarse un procedimiento irregular en el nombramiento de Rossaysella Ulloa Villalobos como Gerente General. El escándalo no es menor, y esta vez, a diferencia de gobiernos anteriores que preferían barrer la corrupción bajo la alfombra del protocolo, la administración Chaves optó por sacudir la alfombra con todo y polvo acumulado.
Detrás de esta drástica, pero justificada decisión, estuvo la mano firme del Primer Vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig, quien lideró el proceso disciplinario que terminó ante el Consejo de Gobierno. La razón: una designación que, según el propio Ejecutivo, fue ilegítima y carente de transparencia. Sin embargo, más allá del procedimiento puntual, lo que se desmanteló fue una estructura enquistada de favores, compadrazgos y decisiones a puerta cerrada que, durante años, parecieron norma en el Banco Nacional.
Los nombres de los destituidos hablan por sí solos: Marvin Arias Aguilar, Maricela Alpízar Chacón, Ruth Belarmina Alfaro Jara, José Bernal Juan Alvarado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Betzel del Carmen Buján Boza y Carlos Rodolfo de Gerardo González Cuadra. Todos fueron apartados de sus cargos por validar, de manera directa o por omisión, un proceso que dejó de lado cualquier intención de meritocracia, y más bien confirmó lo que la ciudadanía ya sospechaba: que en el Banco Nacional se seguía jugando al viejo estilo del reparto por conveniencia.
Sin embargo, en medio del cinismo institucionalizado que ha caracterizado a muchas administraciones anteriores, hay que reconocer cuando se rompe el molde.
El presidente Rodrigo Chaves ha demostrado que no está dispuesto a ser cómplice silencioso de prácticas que tanto daño han hecho al país. Esta decisión no es solo una medida administrativa; es una declaración política. El mensaje es claro: el que abuse del poder, cae. Y no habrá más impunidad para quienes crean que pueden manejar los bienes públicos como si fueran propiedades familiares.
Chaves, a quien no pocos sectores han intentado desacreditar por su estilo frontal, vuelve a demostrar que la lucha contra la corrupción no es eslogan de campaña, sino eje de gobierno. Mientras otros se habrían hecho de la vista gorda, él ha optado por destapar la cloaca, aunque eso implique enfrentarse con élites y estructuras profundamente arraigadas.
Claro, el reto no termina aquí. Queda la gran pregunta: ¿quiénes ocuparán ahora esos puestos vacantes en la Junta del Banco Nacional? Porque de nada sirve limpiar la casa si se van a traer los mismos fantasmas vestidos con otro nombre. El proceso de selección debe ser radicalmente distinto: transparente, público, riguroso y libre de influencias políticas. Costa Rica ya no soporta más maquillaje institucional.
Pero por hoy, hay que decirlo: el país fue testigo de un acto de gobierno que sí se atrevió a cortar el cordón umbilical con la impunidad. Y en tiempos donde la ética parece estar en peligro de extinción, eso no es poca cosa. Enhorabuena por una decisión que marca un antes y un después en el manejo del poder público.
Porque si el Banco Nacional quiere volver a ser una institución respetable, el primer paso es dejar de ser guarida de lealtades partidarias y volver a ser casa del interés colectivo.
Detrás de esta drástica, pero justificada decisión, estuvo la mano firme del Primer Vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig, quien lideró el proceso disciplinario que terminó ante el Consejo de Gobierno. La razón: una designación que, según el propio Ejecutivo, fue ilegítima y carente de transparencia. Sin embargo, más allá del procedimiento puntual, lo que se desmanteló fue una estructura enquistada de favores, compadrazgos y decisiones a puerta cerrada que, durante años, parecieron norma en el Banco Nacional.
Los nombres de los destituidos hablan por sí solos: Marvin Arias Aguilar, Maricela Alpízar Chacón, Ruth Belarmina Alfaro Jara, José Bernal Juan Alvarado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Betzel del Carmen Buján Boza y Carlos Rodolfo de Gerardo González Cuadra. Todos fueron apartados de sus cargos por validar, de manera directa o por omisión, un proceso que dejó de lado cualquier intención de meritocracia, y más bien confirmó lo que la ciudadanía ya sospechaba: que en el Banco Nacional se seguía jugando al viejo estilo del reparto por conveniencia.
Sin embargo, en medio del cinismo institucionalizado que ha caracterizado a muchas administraciones anteriores, hay que reconocer cuando se rompe el molde.
El presidente Rodrigo Chaves ha demostrado que no está dispuesto a ser cómplice silencioso de prácticas que tanto daño han hecho al país. Esta decisión no es solo una medida administrativa; es una declaración política. El mensaje es claro: el que abuse del poder, cae. Y no habrá más impunidad para quienes crean que pueden manejar los bienes públicos como si fueran propiedades familiares.
Chaves, a quien no pocos sectores han intentado desacreditar por su estilo frontal, vuelve a demostrar que la lucha contra la corrupción no es eslogan de campaña, sino eje de gobierno. Mientras otros se habrían hecho de la vista gorda, él ha optado por destapar la cloaca, aunque eso implique enfrentarse con élites y estructuras profundamente arraigadas.
Claro, el reto no termina aquí. Queda la gran pregunta: ¿quiénes ocuparán ahora esos puestos vacantes en la Junta del Banco Nacional? Porque de nada sirve limpiar la casa si se van a traer los mismos fantasmas vestidos con otro nombre. El proceso de selección debe ser radicalmente distinto: transparente, público, riguroso y libre de influencias políticas. Costa Rica ya no soporta más maquillaje institucional.
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Pero por hoy, hay que decirlo: el país fue testigo de un acto de gobierno que sí se atrevió a cortar el cordón umbilical con la impunidad. Y en tiempos donde la ética parece estar en peligro de extinción, eso no es poca cosa. Enhorabuena por una decisión que marca un antes y un después en el manejo del poder público.
Porque si el Banco Nacional quiere volver a ser una institución respetable, el primer paso es dejar de ser guarida de lealtades partidarias y volver a ser casa del interés colectivo.
