Diay, maes, si la política tica fuera una serie de Netflix, el "Caso Richter" sería el capítulo de mitad de temporada donde todo se enreda y uno no sabe si reír o llorar. La vara es que esto es un despiche de proporciones épicas, con una trama que mezcla plata de dudosa procedencia, favores políticos y un montón de celulares decomisados que podrían ser la caja de Pandora de más de un figurón. Y en el centro del huracán, como siempre, varios políticos del PUSC y allegados al gobierno actual, haciendo malabares para que la mancha no se les pegue.
Para entender el enredo, hay que saber que este caso no salió de la nada. Es un "spinoff" de otra investigación más grande, el caso "Madre Patria", que investiga fraudes y lavado de dinero. Resulta que mientras el OIJ le tenía el ojo puesto a un grupo de empresarios autobuseros, se dieron cuenta de que en las conversaciones saltaban nombres de políticos con una frecuencia alarmante. Aparentemente, varios de los ahora imputados en el caso Richter se jalaron una torta monumental al buscar "ayuditas" de campaña con gente que ya estaba hasta el cuello de problemas legales. Hablamos del diputado Leslye Bojorges, la ahora alcaldesa "chavista" de San Ramón, Gabriela Jiménez, y el candidato a diputado Jorge Arturo Campos, entre otros jerarcas.
Y aquí es donde el chisme se pone bueno, porque empiezan los dimes y diretes. La alcaldesa Jiménez, quien convenientemente se apartó del PUSC para arrimarse al oficialismo, ahora dice que el diputado Bojorges básicamente la "embarcó". Según ella, él fue el intermediario para que recibiera una donación de uno de los empresarios investigados. Y no cualquier donación: una bolsa con "menos de cien mil colones en monedas". Mae, en serio. Aparte de lo turbio, suena hasta ridículo. Por supuesto, esa platica nunca se reportó al TSE, que ya abrió una investigación. Bojorges, por su parte, confirma las reuniones, pero la narrativa de quién le pidió qué a quién cambia según el día de la semana.
Pero el verdadero clímax de esta historia está guardado en un chunche que todos tenemos en la bolsa: los celulares. El Ministerio Público confirmó que tiene en su poder los teléfonos de casi todos los imputados, menos el de Campos Araya, lo que ya de por sí levanta una ceja. Esos aparatos no se han abierto porque están esperando la orden de un juez, pero seamos honestos, ahí es donde está el verdadero brete para los investigadores. Son el registro digital de las promesas, las coordinaciones y, posiblemente, las pruebas que podrían ampliar la lista de involucrados o terminar de hundir a los que ya están. ¡Qué sal la de estos maes si empiezan a salir los chats y los audios!
Al final, todo este enredo deja un sinsabor terrible. Vemos cómo, una vez más, la línea entre el favor político y el delito se vuelve borrosa, y cómo las alianzas cambian al calor del escándalo. La pregunta del millón es qué va a pasar cuando finalmente se abran esos teléfonos. ¿Será el detonante de un terremoto político mayor o, como tantas otras veces en este país, todo el plan se va a ir al traste y terminará en un simple regaño? El tiempo y la justicia (o la falta de ella) lo dirán. Pero mientras tanto, la novela sigue. ¿Ustedes qué creen, maes? ¿Qué es lo más comprometedor que creen que van a encontrar en esos celulares?
Para entender el enredo, hay que saber que este caso no salió de la nada. Es un "spinoff" de otra investigación más grande, el caso "Madre Patria", que investiga fraudes y lavado de dinero. Resulta que mientras el OIJ le tenía el ojo puesto a un grupo de empresarios autobuseros, se dieron cuenta de que en las conversaciones saltaban nombres de políticos con una frecuencia alarmante. Aparentemente, varios de los ahora imputados en el caso Richter se jalaron una torta monumental al buscar "ayuditas" de campaña con gente que ya estaba hasta el cuello de problemas legales. Hablamos del diputado Leslye Bojorges, la ahora alcaldesa "chavista" de San Ramón, Gabriela Jiménez, y el candidato a diputado Jorge Arturo Campos, entre otros jerarcas.
Y aquí es donde el chisme se pone bueno, porque empiezan los dimes y diretes. La alcaldesa Jiménez, quien convenientemente se apartó del PUSC para arrimarse al oficialismo, ahora dice que el diputado Bojorges básicamente la "embarcó". Según ella, él fue el intermediario para que recibiera una donación de uno de los empresarios investigados. Y no cualquier donación: una bolsa con "menos de cien mil colones en monedas". Mae, en serio. Aparte de lo turbio, suena hasta ridículo. Por supuesto, esa platica nunca se reportó al TSE, que ya abrió una investigación. Bojorges, por su parte, confirma las reuniones, pero la narrativa de quién le pidió qué a quién cambia según el día de la semana.
Pero el verdadero clímax de esta historia está guardado en un chunche que todos tenemos en la bolsa: los celulares. El Ministerio Público confirmó que tiene en su poder los teléfonos de casi todos los imputados, menos el de Campos Araya, lo que ya de por sí levanta una ceja. Esos aparatos no se han abierto porque están esperando la orden de un juez, pero seamos honestos, ahí es donde está el verdadero brete para los investigadores. Son el registro digital de las promesas, las coordinaciones y, posiblemente, las pruebas que podrían ampliar la lista de involucrados o terminar de hundir a los que ya están. ¡Qué sal la de estos maes si empiezan a salir los chats y los audios!
Al final, todo este enredo deja un sinsabor terrible. Vemos cómo, una vez más, la línea entre el favor político y el delito se vuelve borrosa, y cómo las alianzas cambian al calor del escándalo. La pregunta del millón es qué va a pasar cuando finalmente se abran esos teléfonos. ¿Será el detonante de un terremoto político mayor o, como tantas otras veces en este país, todo el plan se va a ir al traste y terminará en un simple regaño? El tiempo y la justicia (o la falta de ella) lo dirán. Pero mientras tanto, la novela sigue. ¿Ustedes qué creen, maes? ¿Qué es lo más comprometedor que creen que van a encontrar en esos celulares?
