A veces en este país, parece que si no es con un recurso de amparo, las varas simplemente no caminan. Y diay, el caso del Colegio Técnico Profesional de Golfito es el ejemplo perfecto. Después de más de tres años de tener un proyecto a medio palo, con los estudiantes y profes haciendo maromas para poder dar clases, la Sala IV tuvo que llegar a dar un manotazo en la mesa. Los magistrados le dieron al Ministerio de Educación Pública (MEP) y a la Dirección de Infraestructura (DIE) un ultimátum clarísimo: tienen 18 meses para terminar ese chunche. ¡Ya era hora! Porque la paciencia de la gente de Golfito, con toda la razón del mundo, ya estaba por el suelo.
Para entender la magnitud del problema, hay que devolverse un toque. La primera etapa de la construcción se terminó allá por el 2020. Uno pensaría que de ahí en adelante todo sería miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pues no. Ahí fue donde empezó el despiche. Resulta que la DIE se dio cuenta de que había inconsistencias con la dirección técnica y, ¡pum!, todo frenado. Lo que siguió fue un carrusel de burocracia que ya todos conocemos: oficios que iban y venían, cambios de funcionarios a cada rato que obligaban a que cada nuevo encargado tuviera que “empezar de cero”, y mientras tanto, el tiempo pasaba. El resultado de semejante torta administrativa es de no creer: los materiales se encarecían, lo que ya estaba construido se empezaba a dañar y, lo más importante, una comunidad entera quedaba en el aire.
Y es que aquí no estamos hablando de un edificio de oficinas cualquiera, mae. Estamos hablando de un colegio. Un lugar donde un montón de güilas deberían estar forjando su futuro. En vez de eso, les tocó lidiar con un plantel a medio construir, con las incomodidades y hasta los riesgos que eso implica. ¿Se imaginan la ironía? Estudiar en un Colegio Técnico Profesional, que se supone te prepara para el brete con excelencia, en unas instalaciones que son el vivo ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Es una falta de respeto al derecho a la educación de esos estudiantes, y fue precisamente eso lo que vieron los magistrados. No era un capricho de la comunidad, era una vulneración de un derecho fundamental.
Por eso, la decisión de la Sala IV se siente como un respiro de aire fresco en medio de tanta ineficiencia. Los magistrados Fernando Castillo, Fernando Cruz y el resto del tribunal (con la excepción de un voto salvado de Anamari Garro sobre un detalle técnico del proceso de ejecución) fueron contundentes: el MEP y la DIE tienen que ponerse las pilas y ejecutar de inmediato todo lo que haga falta para entregar el CTP como tiene que ser. No es una sugerencia, es una orden. La resolución deja claro que el desorden administrativo y la rotación de personal no son excusas válidas para dejar un proyecto educativo tirado. Al final, un vecino valiente que se cansó de esperar fue el que puso el recurso de amparo y logró lo que años de gestiones no pudieron.
Ahora, la pregunta del millón. Tenemos una orden judicial y un plazo de 18 meses. Suena bien, pero los ticos somos escépticos por naturaleza y con buena razón. La gran vara ahora es la fiscalización. ¿Quién le va a poner el ojo encima al MEP para que esta vez sí cumplan? Porque una cosa es la sentencia en papel y otra muy distinta es ver las grúas y los trabajadores terminando el brete. La comunidad de Golfito ya hizo su parte y ganó una batalla importantísima. Pero la guerra contra la inoperancia estatal es de todos los días. Ojalá que este caso sirva de lección y que en año y medio estemos hablando de la graduación de los primeros técnicos de un cole nuevo y a cachete, y no de otro plazo incumplido.
Y ustedes, maes, ¿qué opinan? ¿Creen que con la orden de la Sala IV ahora sí se pondrán las pilas en el MEP, o es pura hablada hasta que la gente vuelva a pegar el grito al cielo? ¿Cuántos otros colegios por ahí estarán pasando por la misma sal?
Para entender la magnitud del problema, hay que devolverse un toque. La primera etapa de la construcción se terminó allá por el 2020. Uno pensaría que de ahí en adelante todo sería miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pues no. Ahí fue donde empezó el despiche. Resulta que la DIE se dio cuenta de que había inconsistencias con la dirección técnica y, ¡pum!, todo frenado. Lo que siguió fue un carrusel de burocracia que ya todos conocemos: oficios que iban y venían, cambios de funcionarios a cada rato que obligaban a que cada nuevo encargado tuviera que “empezar de cero”, y mientras tanto, el tiempo pasaba. El resultado de semejante torta administrativa es de no creer: los materiales se encarecían, lo que ya estaba construido se empezaba a dañar y, lo más importante, una comunidad entera quedaba en el aire.
Y es que aquí no estamos hablando de un edificio de oficinas cualquiera, mae. Estamos hablando de un colegio. Un lugar donde un montón de güilas deberían estar forjando su futuro. En vez de eso, les tocó lidiar con un plantel a medio construir, con las incomodidades y hasta los riesgos que eso implica. ¿Se imaginan la ironía? Estudiar en un Colegio Técnico Profesional, que se supone te prepara para el brete con excelencia, en unas instalaciones que son el vivo ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Es una falta de respeto al derecho a la educación de esos estudiantes, y fue precisamente eso lo que vieron los magistrados. No era un capricho de la comunidad, era una vulneración de un derecho fundamental.
Por eso, la decisión de la Sala IV se siente como un respiro de aire fresco en medio de tanta ineficiencia. Los magistrados Fernando Castillo, Fernando Cruz y el resto del tribunal (con la excepción de un voto salvado de Anamari Garro sobre un detalle técnico del proceso de ejecución) fueron contundentes: el MEP y la DIE tienen que ponerse las pilas y ejecutar de inmediato todo lo que haga falta para entregar el CTP como tiene que ser. No es una sugerencia, es una orden. La resolución deja claro que el desorden administrativo y la rotación de personal no son excusas válidas para dejar un proyecto educativo tirado. Al final, un vecino valiente que se cansó de esperar fue el que puso el recurso de amparo y logró lo que años de gestiones no pudieron.
Ahora, la pregunta del millón. Tenemos una orden judicial y un plazo de 18 meses. Suena bien, pero los ticos somos escépticos por naturaleza y con buena razón. La gran vara ahora es la fiscalización. ¿Quién le va a poner el ojo encima al MEP para que esta vez sí cumplan? Porque una cosa es la sentencia en papel y otra muy distinta es ver las grúas y los trabajadores terminando el brete. La comunidad de Golfito ya hizo su parte y ganó una batalla importantísima. Pero la guerra contra la inoperancia estatal es de todos los días. Ojalá que este caso sirva de lección y que en año y medio estemos hablando de la graduación de los primeros técnicos de un cole nuevo y a cachete, y no de otro plazo incumplido.
Y ustedes, maes, ¿qué opinan? ¿Creen que con la orden de la Sala IV ahora sí se pondrán las pilas en el MEP, o es pura hablada hasta que la gente vuelva a pegar el grito al cielo? ¿Cuántos otros colegios por ahí estarán pasando por la misma sal?
