¡Ay, Dios mío! Quién lo diría, ¿verdad, compas? Resulta que el caso del exjefe de Japdeva, Félix Pecou Johnson, y el empresario Javier Fonseca Castañeda, finalmente llegó a su fin. Después de años de papeleo y procesos judiciales, ambos recibieron una condena de ocho años de prisión por doble delito de peculado. Un despache tremendo el que dieron, ¡qué pena!
Para refrescarle la memoria a los que andaban distraídos, todo este brete empezó allá por el 2005, cuando Japdeva necesitaba nacionalizar dos embarcaciones: la lancha remolcadora Quribrí y la grúa pórtica Pablo Presbere. Una vara sencilla, aparentemente, pero se convirtió en un verdadero batiburrillo de decisiones turbias y malas jugadas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), como buenas investigadoras, destaparon la papa. Resulta que Fonseca, el empresario, aunque parecía el indicado para hacer los trámites de desalmacenaje y nacionalización, ni siquiera estaba habilitado como agente aduanero. Y pa’ colmo, su oferta no era la mejor opción técnica, pero eso parece que nadie le importó en aquel momento.
¿Y cómo se hicieron cosas tan raras? Pues, según la evidencia presentada por la FAPTA, Pecou Johnson, entonces jefe de Proveeduría de Japdeva, manipuló los números con ayuda de un tercero ya fallecido que sí era agente aduanero. Insertaron información falsa en las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA), para pagar muchísimo menos impuestos de lo que realmente debía pagarse. ¡Una verdadera torta!
El resultado de este juego sucio fue que se adjudicaron unos ¢168.7 millones en fondos públicos, pero terminaron pagando solamente alrededor de ¢89 millones. Eso dejó un beneficio indebido de más de ¢76 millones, que ni se molestaron en justificar o devolver. ¡Qué sal! ¡Se aprovecharon del erario público como si fuera suyo!
Pero eso no es todo, parce. La Fiscalía también demostró un segundo acto de peculado. En agosto de 2005, Pecou Johnson aprobó un nuevo pago argumentando que las embarcaciones habían caído en abandono porque no se nacionalizaron a tiempo. Solicitaron ¢39.3 millones, que se giraron sin ningún documento que respaldara esa afirmación. Así, sumando ambas situaciones, el daño económico total supera los ¢115 millones.
Ahora, con la sentencia en firme, tanto Pecou Johnson como Fonseca Castañeda tendrán que cumplir con algunas medidas cautelares: firmar mensualmente, mantener su domicilio actualizado, entregar sus pasaportes y no pueden salir del país. Pero lo peor de todo es que van a pasar varios años tras las rejas, pagando por sus acciones. ¡Qué brete se armaron!
En fin, este caso nos demuestra que la corrupción puede estar escondida a simple vista, esperando el momento oportuno para atacar. Y ahora, dígame, compa: ¿usted cree que estas sentencias servirán de ejemplo para evitar futuros actos de corrupción en instituciones públicas o simplemente será otra historia más que se olvida pronto?
Para refrescarle la memoria a los que andaban distraídos, todo este brete empezó allá por el 2005, cuando Japdeva necesitaba nacionalizar dos embarcaciones: la lancha remolcadora Quribrí y la grúa pórtica Pablo Presbere. Una vara sencilla, aparentemente, pero se convirtió en un verdadero batiburrillo de decisiones turbias y malas jugadas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), como buenas investigadoras, destaparon la papa. Resulta que Fonseca, el empresario, aunque parecía el indicado para hacer los trámites de desalmacenaje y nacionalización, ni siquiera estaba habilitado como agente aduanero. Y pa’ colmo, su oferta no era la mejor opción técnica, pero eso parece que nadie le importó en aquel momento.
¿Y cómo se hicieron cosas tan raras? Pues, según la evidencia presentada por la FAPTA, Pecou Johnson, entonces jefe de Proveeduría de Japdeva, manipuló los números con ayuda de un tercero ya fallecido que sí era agente aduanero. Insertaron información falsa en las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA), para pagar muchísimo menos impuestos de lo que realmente debía pagarse. ¡Una verdadera torta!
El resultado de este juego sucio fue que se adjudicaron unos ¢168.7 millones en fondos públicos, pero terminaron pagando solamente alrededor de ¢89 millones. Eso dejó un beneficio indebido de más de ¢76 millones, que ni se molestaron en justificar o devolver. ¡Qué sal! ¡Se aprovecharon del erario público como si fuera suyo!
Pero eso no es todo, parce. La Fiscalía también demostró un segundo acto de peculado. En agosto de 2005, Pecou Johnson aprobó un nuevo pago argumentando que las embarcaciones habían caído en abandono porque no se nacionalizaron a tiempo. Solicitaron ¢39.3 millones, que se giraron sin ningún documento que respaldara esa afirmación. Así, sumando ambas situaciones, el daño económico total supera los ¢115 millones.
Ahora, con la sentencia en firme, tanto Pecou Johnson como Fonseca Castañeda tendrán que cumplir con algunas medidas cautelares: firmar mensualmente, mantener su domicilio actualizado, entregar sus pasaportes y no pueden salir del país. Pero lo peor de todo es que van a pasar varios años tras las rejas, pagando por sus acciones. ¡Qué brete se armaron!
En fin, este caso nos demuestra que la corrupción puede estar escondida a simple vista, esperando el momento oportuno para atacar. Y ahora, dígame, compa: ¿usted cree que estas sentencias servirán de ejemplo para evitar futuros actos de corrupción en instituciones públicas o simplemente será otra historia más que se olvida pronto?
