¡Qué bronca la que lleva Celso Gamboa, mándale! La defensa del ex magistrado no cesa en su cruzada contra las condiciones que, aseguran, son deplorables en la cárcel de La Reforma, donde cumple prisión preventiva. Ahora suman otra denuncia contundente: comida de baja calidad y restricciones severas a la comunicación familiar.
Como bien saben, el caso de Gamboa ha generado un revuelo considerable desde el inicio, entre acusaciones de tráfico de influencias y decisiones judiciales cuestionadas. Pero ahora, la atención se centra en otro aspecto: el trato que recibe dentro de la penitenciaría. Sus abogados insisten en que esto es una clara violación a sus derechos humanos, una vara muy alta, si me preguntan.
Michael Castillo, uno de los letrados del otrora juez, confirmó que han radicado recursos tanto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como ante la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo. Según explican, estas acciones buscan garantizar que Gamboa reciba un trato digno, a pesar de estar bajo medidas cautelares.
«Es una condición precaria en máxima seguridad», enfatizó Castillo. «No tienen acceso a una alimentación adecuada, ni contacto regular con su familia o con los medios de comunicación». Esta situación, alegan, es consecuencia directa de las nuevas directrices implementadas recientemente por el Ministerio de Justicia en relación con el régimen de alta contención en La Reforma.
Gamboa mismo, en declaraciones informales hechas a los medios durante una audiencia, describió la comida como «fría y agria», limitándose a dos comidas sólidas diarias. Esto, sumado a las restricciones mencionadas, pinta un panorama bastante sombrío para el ex magistrado. Uno se pone a pensar… ¿hasta dónde puede llegar la pérdida de libertades?
Castillo argumenta que estas limitaciones son injustificadas, especialmente considerando que Gamboa aún enfrenta un debido proceso legal. "Son personas en un proceso judicial y su única diferencia es que se les limita su libre tránsito". Una forma de decirlo, brete, pero sentenciosa.
Este caso reaviva la discusión sobre las condiciones de vida en las cárceles costarricenses y la necesidad de reformar el sistema penitenciario. Muchos recuerdan casos anteriores de denuncias similares, que pusieron en entredicho el respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. Hay que ponerle empeño al tema porque pareciera que vamos dando vueltas en círculos, diay.
¿Ustedes qué opinan, pura gente? Considerando las denuncias de la defensa, ¿creen que el Estado está cumpliendo con su obligación de garantizar condiciones dignas para todos los presos, incluso aquellos acusados de delitos graves? ¿Deberían endurecerse las medidas para quienes cumplen condenas o, por el contrario, enfocarse en mejorar las condiciones generales de las prisiones?
Como bien saben, el caso de Gamboa ha generado un revuelo considerable desde el inicio, entre acusaciones de tráfico de influencias y decisiones judiciales cuestionadas. Pero ahora, la atención se centra en otro aspecto: el trato que recibe dentro de la penitenciaría. Sus abogados insisten en que esto es una clara violación a sus derechos humanos, una vara muy alta, si me preguntan.
Michael Castillo, uno de los letrados del otrora juez, confirmó que han radicado recursos tanto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como ante la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo. Según explican, estas acciones buscan garantizar que Gamboa reciba un trato digno, a pesar de estar bajo medidas cautelares.
«Es una condición precaria en máxima seguridad», enfatizó Castillo. «No tienen acceso a una alimentación adecuada, ni contacto regular con su familia o con los medios de comunicación». Esta situación, alegan, es consecuencia directa de las nuevas directrices implementadas recientemente por el Ministerio de Justicia en relación con el régimen de alta contención en La Reforma.
Gamboa mismo, en declaraciones informales hechas a los medios durante una audiencia, describió la comida como «fría y agria», limitándose a dos comidas sólidas diarias. Esto, sumado a las restricciones mencionadas, pinta un panorama bastante sombrío para el ex magistrado. Uno se pone a pensar… ¿hasta dónde puede llegar la pérdida de libertades?
Castillo argumenta que estas limitaciones son injustificadas, especialmente considerando que Gamboa aún enfrenta un debido proceso legal. "Son personas en un proceso judicial y su única diferencia es que se les limita su libre tránsito". Una forma de decirlo, brete, pero sentenciosa.
Este caso reaviva la discusión sobre las condiciones de vida en las cárceles costarricenses y la necesidad de reformar el sistema penitenciario. Muchos recuerdan casos anteriores de denuncias similares, que pusieron en entredicho el respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. Hay que ponerle empeño al tema porque pareciera que vamos dando vueltas en círculos, diay.
¿Ustedes qué opinan, pura gente? Considerando las denuncias de la defensa, ¿creen que el Estado está cumpliendo con su obligación de garantizar condiciones dignas para todos los presos, incluso aquellos acusados de delitos graves? ¿Deberían endurecerse las medidas para quienes cumplen condenas o, por el contrario, enfocarse en mejorar las condiciones generales de las prisiones?
