El referendo sobre las uniones civiles de parejas del mismo sexo convoca a la mayoría heterosexual a decidir sobre los derechos de la minoría homosexual. El resultado es previsible y el método, en apariencia, inobjetablemente democrático. La mayoría impondrá su punto de vista, y sus prejuicios, en las urnas. Pero la democracia es mucho más que un ejercicio electoral. Comprende, también, el respeto a la disensión y la protección de las minorías. La tiranía de las mayorías, no importa cuán numerosas, está reñida con el Estado democrático.
Viene a cuento el ejemplo de Venezuela y otros países donde la legitimación del gobernante en las urnas desemboca en atropellos a los derechos humanos. Hugo Chávez fue elegido y reelegido con mayorías inobjetables, salvo por las denuncias de manipulación previa a los comicios. A partir del claro mandato de las urnas, el gobernante actúa con una arbitrariedad hasta ahora refrendada por la opinión pública mayoritaria. Irrespeta derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, y pasa por alto la observancia de principios básicos del modelo republicano, como la independencia de poderes, en particular de la función judicial.
Chávez ha gozado del apoyo de la mayoría y lo emplea para desarticular los mecanismos instituidos para defender derechos de los grupos minoritarios y disidentes. En eso desemboca el crudo entendimiento de la democracia como simple conteo de sufragios.
“¿Desde cuando la voluntad del pueblo es discriminatoria?”, preguntaba un lector de La Nación favorable al referendo. Desde siempre, responderían las minorías raciales y religiosas, víctimas de prejuicios adoptados por la mayoría en determinados momentos y circunstancias.
Las uniones civiles de parejas del mismo sexo no son el matrimonio como lo entendemos hasta ahora y ninguna denominación religiosa está obligada a aceptarlas para efectos de su práctica interna. Son un reconocimiento de las consecuencias prácticas, legales y económicas, de la convivencia. El propósito de sus impulsores es poner fin a la discriminación contra las parejas del mismo sexo en materias como los gananciales, herencias y beneficios de seguros, entre otros.
Esa discriminación ya ha sido juzgada como contraria a los derechos humanos en altas instancias internacionales, como el Tribunal Europeo, que condenó a Polonia por negar al miembro superviviente de una pareja homosexual el derecho a heredar las condiciones de un contrato de alquiler, como lo manda la ley para el caso de las parejas heterosexuales. Polonia, dijo el Tribunal por unanimidad, violó la Convención Europea de Derechos Humanos no solo por irrespeto al principio de igualdad, sino también por su intromisión en la vida privada y familiar.
Con parecidos argumentos, la jueza Judith N. Macaluso, del distrito federal de Washington, confirmó la decisión de la autoridad electoral local contra la celebración de un referendo sobre las uniones homosexuales. La ley electoral aplicable prohíbe la celebración de referendos sobre materias contempladas en la ley de protección a los derechos humanos, que prohíbe discriminar contra los homosexuales y otras minorías.
En la misma línea, la Defensoría de los Habitantes de nuestro país se manifestó contra el referendo, calificándolo de “un acto discriminatorio en sí mismo” y denunciando el peligro para “el pleno goce de los derechos fundamentales de un sector de la población”. La posición de la Defensoría es valiente y acertada. Los derechos humanos no son materia de referendo, como tampoco debe serlo la suerte de una minoría.
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