rockera1980
Forero Regular
- Beneficio se daría a empleados que ganen por debajo de dos salarios base
- Legislación es el fruto de ocho años de discusión en la Asamblea Legislativa
Los trabajadores tendrán derecho a que un abogado defensor pagado por el Estado vele por sus derechos en los juicios contra sus patronos. La medida beneficiará a los empleados que no perciban más de dos salarios mínimos de la categoría de auxiliar 1 del Poder Judicial (¢360.600 por mes). Dicho rubro equivale a ¢721.200 mes, por lo que, en un juicio laboral, cualquier empleado que gane menos de esa suma podrá pedir la ayuda de un abogado del Estado para enfrentarse a su patrono.
La medida estará vigente una vez que la presidenta de la República, Laura Chinchilla, le dé el visto bueno al proyecto legislativo que prevé el nuevo Código Procesal Laboral, que aprobaron los diputados el jueves en segundo debate.
La propuesta de ley aprobada bajo el expediente legislativo 15.990 contó con el apoyo de 40 de 57 diputados, y ahora solo falta la firma de la gobernante y la publicación en el diario oficial La Gaceta, para que se ponga en ejecución.
El Código salió del plenario tras ocho años de discusión en el Congreso y prevé una forma más ágil de tramitar juicios entre trabajadores y patronos mediante la vía oral.
La iniciativa responde a un acuerdo entre diputados, sindicatos, trabajadores y empresarios.
Recarga y recursos. Actualmente, la oficina de la Defensa Pública del Poder Judicial da asesoría legal en juicios de familia y juicios penales, por lo que el nuevo Código implica una responsabilidad adicional.
“Creemos que va a ser más trabajo para la Defensa Pública, pero ahí se irá acomodando. Lo que esperamos es que, al poder acortar los procesos mediante los juicios orales, va a haber liberación de recursos” que le permitirá a ese despacho asumir la nueva responsabilidad, manifestó el diputado Luis Gerardo Villanueva, del Partido Liberación Nacional.
“Es una forma de ayudar a los trabajadores de bajos recursos que actualmente no tienen patrocinio”, agregó Villanueva.
En cuanto a los recursos, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, aceptó que se debe aumentar la cantidad de dinero que el Poder Judicial dirige a la defensa pagada por el Estado, aunque recalcó que el plan de ley crea un mecanismo para financiar los costos.
“Una moción que presenté le destina el 50% de lo que se cobra por costos judiciales a financiar la Defensa Pública laboral, ahí le creamos una fuente de financiamiento. Aún así no creo que alcance, pero, como sociedad, el Poder Judicial debe destinar más recursos para este tipo de defensa”, expresó el legislador Villalta.
Añadió que se deben explorar más mecanismos para financiar la Defensa Pública y agregó que tratará de hacerlo mediante nuevas reformas legales.
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