La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha lanzado una nueva recomendación que ha dejado a muchos costarricenses con sentimientos encontrados: retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años.
Alberto González, jefe de la OCDE en México y Costa Rica, sugirió que este cambio es crucial para aumentar la cobertura y mejorar los ingresos de las pensiones, además de dar sostenibilidad al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Esta propuesta no es inédita en el escenario global. Países como España, Francia y Portugal ya han implementado medidas similares, y la OCDE considera que la mejora en la salud y la calidad de vida de la población justifica esta reforma. González argumenta que aumentar la edad de jubilación ayudaría a asegurar la estabilidad financiera de los fondos de pensiones en el largo plazo.
Sin embargo, la recomendación ha sido recibida con escepticismo por parte de la población y algunos sectores laborales. Para muchos trabajadores, la idea de prolongar su vida laboral no es bienvenida, especialmente en un país donde el trabajo informal y las condiciones laborales a menudo no son las mejores. De hecho, uno de los mayores temores es que este cambio podría aumentar la informalidad laboral, que ya afecta al 38% de la población ocupada.
En lugar de incrementar las contribuciones patronales, lo cual podría exacerbar la informalidad, la OCDE sugiere reducir estas contribuciones y compensar la diferencia con transferencias gubernamentales. Esta propuesta busca un equilibrio que permita mejorar los ingresos del IVM sin poner en riesgo el empleo formal.
Además, este debate sobre la edad de jubilación se inserta en un contexto donde ya existen otras preocupaciones en el sistema de pensiones costarricense. Recientemente, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) celebró la decisión de rechazar un plan para reducir el aporte patronal en un 1%. Según Jupema, tal medida habría disminuido la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El aumento en la edad de jubilación también podría tener repercusiones sociales y económicas más amplias. En una economía donde el empleo para las personas mayores de 50 años ya es limitado, ¿qué significa realmente pedir a las personas que trabajen hasta los 67 años? Además, se plantea la cuestión de si los trabajos disponibles serán adecuados para las personas mayores, considerando las demandas físicas y mentales de muchos empleos.
Otra dimensión de esta propuesta es la calidad de vida de los jubilados. Mientras que en teoría, vivir más tiempo con una mejor salud podría justificar trabajar más años, la realidad de muchos jubilados es diferente. En muchos casos, las pensiones actuales no son suficientes para cubrir los costos básicos de vida, y prolongar la vida laboral podría no traducirse en una mejora real de su bienestar.
La propuesta de la OCDE de aumentar la edad de jubilación a 67 años en Costa Rica es una cuestión compleja que toca aspectos económicos, laborales y sociales. Aunque tiene el potencial de mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones, también plantea desafíos significativos para los trabajadores y el mercado laboral en general. Es un debate que requiere un análisis profundo y una consideración cuidadosa de todas las partes involucradas.
Alberto González, jefe de la OCDE en México y Costa Rica, sugirió que este cambio es crucial para aumentar la cobertura y mejorar los ingresos de las pensiones, además de dar sostenibilidad al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Esta propuesta no es inédita en el escenario global. Países como España, Francia y Portugal ya han implementado medidas similares, y la OCDE considera que la mejora en la salud y la calidad de vida de la población justifica esta reforma. González argumenta que aumentar la edad de jubilación ayudaría a asegurar la estabilidad financiera de los fondos de pensiones en el largo plazo.
Sin embargo, la recomendación ha sido recibida con escepticismo por parte de la población y algunos sectores laborales. Para muchos trabajadores, la idea de prolongar su vida laboral no es bienvenida, especialmente en un país donde el trabajo informal y las condiciones laborales a menudo no son las mejores. De hecho, uno de los mayores temores es que este cambio podría aumentar la informalidad laboral, que ya afecta al 38% de la población ocupada.
En lugar de incrementar las contribuciones patronales, lo cual podría exacerbar la informalidad, la OCDE sugiere reducir estas contribuciones y compensar la diferencia con transferencias gubernamentales. Esta propuesta busca un equilibrio que permita mejorar los ingresos del IVM sin poner en riesgo el empleo formal.
Además, este debate sobre la edad de jubilación se inserta en un contexto donde ya existen otras preocupaciones en el sistema de pensiones costarricense. Recientemente, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) celebró la decisión de rechazar un plan para reducir el aporte patronal en un 1%. Según Jupema, tal medida habría disminuido la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El aumento en la edad de jubilación también podría tener repercusiones sociales y económicas más amplias. En una economía donde el empleo para las personas mayores de 50 años ya es limitado, ¿qué significa realmente pedir a las personas que trabajen hasta los 67 años? Además, se plantea la cuestión de si los trabajos disponibles serán adecuados para las personas mayores, considerando las demandas físicas y mentales de muchos empleos.
Otra dimensión de esta propuesta es la calidad de vida de los jubilados. Mientras que en teoría, vivir más tiempo con una mejor salud podría justificar trabajar más años, la realidad de muchos jubilados es diferente. En muchos casos, las pensiones actuales no son suficientes para cubrir los costos básicos de vida, y prolongar la vida laboral podría no traducirse en una mejora real de su bienestar.
La propuesta de la OCDE de aumentar la edad de jubilación a 67 años en Costa Rica es una cuestión compleja que toca aspectos económicos, laborales y sociales. Aunque tiene el potencial de mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones, también plantea desafíos significativos para los trabajadores y el mercado laboral en general. Es un debate que requiere un análisis profundo y una consideración cuidadosa de todas las partes involucradas.
