César Gaviria, expresidente de Colombia y dos veces secretario general de la Organización de Estados Americanos, tiene autoridad para hablar sobre narcotráfico. Durante su mandato, la Policía colombiana desarticuló el Cartel de Medellín y puso fin a los expedientes delictivos de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y otros traficantes de talla internacional.
Gaviria asoció su prestigio al de otros dos respetados expresidentes latinoamericanos –Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, y Ernesto Zedillo, de México– para encabezar al grupo de expertos integrantes de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, dedicada a estudiar el problema y replantear sus soluciones.
Gaviria no lamenta la firmeza de sus actuaciones frente a los carteles colombianos ni sugiere abandonar la lucha frontal contra el flagelo de las drogas, pero asegura que esa estrategia, por sí misma, será derrotada. Con sus colegas de comisión, sostiene la necesidad de despenalizar el consumo y tratarlo como un problema de salud pública.
El planteamiento arrebataría a los narcotraficantes su mercado cautivo de adictos, disminuiría las ganancias derivadas del trasiego ilícito, descongestionaría las cárceles abarrotadas de consumidores relativamente inofensivos y aumentaría las posibilidades de ofrecer tratamiento a quienes procuren abandonar el vicio.
Enviar a los consumidores a la cárcel, como se hace con todo rigor en los Estados Unidos y otras naciones del continente, es causarles un daño adicional –dice Gaviria–, sobre todo en el caso de quienes terminan tras las rejas por portar pequeñas cantidades de marihuana, una droga cuyos efectos no son peores que los del alcohol y el tabaco, por lo cual la Comisión plantea la posibilidad de despenalizar la posesión para el consumo personal.
La idea es, en palabras de la Comisión, cambiar el estatus de los adictos para que pasen de compradores en el mercado ilegal a pacientes del sistema público de salud. Ese cambio de estatus, combinado con campañas educativas eficaces, podría reducir la demanda de drogas ilegales, bajarles el precio y así minar las bases económicas del tráfico ilícito.
La Comisión reconoce el fracaso de muchas campañas informativas ensayadas en el mundo, pero apunta a experiencias exitosas en el Reino Unido, Holanda y Suiza. También señala los éxitos obtenidos por la publicidad contra el tabaco. Mensajes basados en la experiencia de quienes fueron adictos, prueba concreta de los riesgos involucrados, podrían ser más eficaces que la amenaza de represión y las exhortaciones afincadas en la virtud.