Diay, maes, si ustedes pensaban que la política tica era aburrida, es porque no se han sentado con palomitas a ver el último capítulo del novelón entre Zapote y la Fiscalía. Esto ya no es un debate de altura, es un pleito a grito pelado y en media calle. El encontronazo de este viernes entre el presidente Rodrigo Chaves y el fiscal general, Carlo Díaz, por la vara del levantamiento de inmunidad, fue digno de un reality show. Y como en todo buen programa, hay dos versiones que chocan de frente, dejándonos a todos en el medio, tratando de entender quién se está jalando la torta más grande.
Por un lado, tenemos al presi. Fiel a su estilo, Chaves no se guardó nada y le tiró con todo a Díaz después de verlo comparecer en la comisión de la Asamblea. La palabra clave de Chaves fue “vergüenza”. La usó una y otra vez, diciendo que si él fuera el fiscal, estaría escondido debajo de una piedra. Para el mandatario, la presentación de Díaz fue un fracaso total, un intento fallido que, según él, explica por qué el fiscal quería que la sesión fuera privada. El argumento central de Chaves es simple y directo: “¿Dónde están las pruebas, mae?”. Cuestionó la falta de evidencia sólida y se burló de la justificación de “trato igualitario”, sacando a relucir el caso Aldesa y otros chunches que llevan años durmiendo en los laureles de la Fiscalía. ¡Qué despiche!
Pero en la otra esquina, Carlo Díaz no se quedó callado. El fiscal llegó a la Asamblea con una misión: defender su brete. Con la seriedad que amerita acusar al ciudadano número uno del país, Díaz les dijo a los diputados que esto no es ninguna “persecución política”. Insistió en que la Fiscalía hizo una investigación “objetiva” y que tienen “prueba sustantiva, contundente” para acusar a Chaves y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por el delito de concusión. La vara, recordemos, es el supuesto chanchullo con el contrato del BCIE y Christian Bulgarelli, donde aparentemente se pidieron $32.000 para “Choreco” Cruz. Básicamente, la versión del fiscal es: “Maes, aquí hay audios, documentos, testimonios... El expediente está a cachete. Hagan ustedes su trabajo y decidan”.
Y aquí es donde la trama se pone más densa. Chaves, con una movida bastante astuta, comparó su situación con el reciente juicio contra Johnny Araya, Berenice Smith y Celso Gamboa, donde la misma Fiscalía, después de todo un show, terminó pidiendo la absolución. El mensaje entre líneas es claro: “¿Ven? La Fiscalía hace un escándalo y al final no tiene nada. Quieren hacerme lo mismo”. Es una estrategia para sembrar la duda, para pintar el caso no como un asunto legal, sino como un ataque político con munición de salva. Para el presidente, la supuesta “urgencia” de la Fiscalía para desaforarlo huele más a ganas de molestar que a una búsqueda real de justicia.
Al final del día, esto se resume en un choque de trenes narrativo. Por un lado, un presidente que se presenta como víctima de un sistema judicial ineficiente y politizado. Por el otro, un fiscal general que asegura tener un caso blindado, basado en pruebas y no en caprichos. La pelota ahora queda en la cancha de un grupo de diputados que tienen que decidir si la evidencia pesa más que la investidura presidencial. Una decisión que, sea cual sea, va a sacudir el tablero político más que un buen temblor. La pregunta del millón queda flotando en el aire, y es la que nos tenemos que hacer todos. Más allá de si nos cae bien uno u otro, ¿qué pesa más para ustedes en este pleito: la “prueba contundente” que el fiscal asegura tener en su expediente o la narrativa de un presidente que denuncia una persecución en su contra?
Por un lado, tenemos al presi. Fiel a su estilo, Chaves no se guardó nada y le tiró con todo a Díaz después de verlo comparecer en la comisión de la Asamblea. La palabra clave de Chaves fue “vergüenza”. La usó una y otra vez, diciendo que si él fuera el fiscal, estaría escondido debajo de una piedra. Para el mandatario, la presentación de Díaz fue un fracaso total, un intento fallido que, según él, explica por qué el fiscal quería que la sesión fuera privada. El argumento central de Chaves es simple y directo: “¿Dónde están las pruebas, mae?”. Cuestionó la falta de evidencia sólida y se burló de la justificación de “trato igualitario”, sacando a relucir el caso Aldesa y otros chunches que llevan años durmiendo en los laureles de la Fiscalía. ¡Qué despiche!
Pero en la otra esquina, Carlo Díaz no se quedó callado. El fiscal llegó a la Asamblea con una misión: defender su brete. Con la seriedad que amerita acusar al ciudadano número uno del país, Díaz les dijo a los diputados que esto no es ninguna “persecución política”. Insistió en que la Fiscalía hizo una investigación “objetiva” y que tienen “prueba sustantiva, contundente” para acusar a Chaves y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por el delito de concusión. La vara, recordemos, es el supuesto chanchullo con el contrato del BCIE y Christian Bulgarelli, donde aparentemente se pidieron $32.000 para “Choreco” Cruz. Básicamente, la versión del fiscal es: “Maes, aquí hay audios, documentos, testimonios... El expediente está a cachete. Hagan ustedes su trabajo y decidan”.
Y aquí es donde la trama se pone más densa. Chaves, con una movida bastante astuta, comparó su situación con el reciente juicio contra Johnny Araya, Berenice Smith y Celso Gamboa, donde la misma Fiscalía, después de todo un show, terminó pidiendo la absolución. El mensaje entre líneas es claro: “¿Ven? La Fiscalía hace un escándalo y al final no tiene nada. Quieren hacerme lo mismo”. Es una estrategia para sembrar la duda, para pintar el caso no como un asunto legal, sino como un ataque político con munición de salva. Para el presidente, la supuesta “urgencia” de la Fiscalía para desaforarlo huele más a ganas de molestar que a una búsqueda real de justicia.
Al final del día, esto se resume en un choque de trenes narrativo. Por un lado, un presidente que se presenta como víctima de un sistema judicial ineficiente y politizado. Por el otro, un fiscal general que asegura tener un caso blindado, basado en pruebas y no en caprichos. La pelota ahora queda en la cancha de un grupo de diputados que tienen que decidir si la evidencia pesa más que la investidura presidencial. Una decisión que, sea cual sea, va a sacudir el tablero político más que un buen temblor. La pregunta del millón queda flotando en el aire, y es la que nos tenemos que hacer todos. Más allá de si nos cae bien uno u otro, ¿qué pesa más para ustedes en este pleito: la “prueba contundente” que el fiscal asegura tener en su expediente o la narrativa de un presidente que denuncia una persecución en su contra?
