Maes, hay días en que uno lee las noticias y se le revuelve el café de la mañana. Hoy es uno de esos. Después de años de dimes y diretes, de titulares y de esperar a que la justicia hiciera lo suyo, nos levantamos con la noticia de que la Fiscalía pidió absolver a Celso Gamboa, a Johnny Araya y a Berenice Smith. Así como lo oyen. El caso por supuesto tráfico de influencias, que tenía a medio país con los ojos puestos, podría terminar en un simple "aquí no ha pasado nada". ¡Qué despiche! Uno se pregunta para qué tanto circo, tanto recurso gastado y tanta expectativa si al final del camino, la misma entidad que acusa es la que levanta la bandera blanca. La vara es que esto deja un sabor amarguísimo en la boca.
Vamos a ver, pongamos la pelota en el piso. El argumento del Ministerio Público es, para ponerlo en buen tico, que se les desinfló el caso. Dicen que "la acusación no describe de forma concreta ni coherente los hechos" y que las pruebas "no permitieron comprobar una intervención indebida ni un beneficio concreto". O sea, en otras palabras, la Fiscalía admite que el caso que armaron y sostuvieron por años estaba tan flojo de papeles que no aguantaba un round final en un juicio. Mae, esto es serio. No estamos hablando de un pleito de vecinos. Estamos hablando de figuras de altísimo perfil. Que la Fiscalía, después de todo este tiempo, salga a decir que su propio brete no tiene el sustento para pedir una condena, es una de dos: o se jalaron una torta monumental desde el inicio, o de verdad nunca hubo nada sólido que investigar. Y francamente, ninguna de las dos opciones deja bien parado a nuestro sistema judicial.
Diay, es que es imposible no ser cínico. ¿Se acuerdan del cementazo? ¿De todo el escándalo que rodeó a estos mismos nombres y a otros más? Este caso era como un hijo de aquella novela de terror. Era la oportunidad de demostrar que nadie, pero nadie, está por encima de la ley en este país. Pero con esta solicitud de absolución, toda esa esperanza de ver consecuencias reales parece que se nos va al traste. Se siente como si nos hubieran tenido viendo una mejenga de 90 minutos para que al final nos digan que el resultado se anula por un error en la alineación. La frustración no es tanto por la culpabilidad o inocencia de los imputados, que eso le toca a un juez decidirlo, sino por la aparente incompetencia o la falta de colmillo a la hora de armar un caso sólido contra "peces gordos".
Lo más irónico es la imagen mental: el fiscal, en su exposición final, básicamente diciéndole al Tribunal: "Saben qué, mejor no. Lo que trajimos no alcanza". Después de años de investigación, de horas de trabajo, de recursos públicos invertidos... la conclusión es un encogimiento de hombros. Esto alimenta esa percepción popular de que la justicia en Costa Rica tiene dos velocidades: una para el ciudadano de a pie y otra, mucho más lenta y con salidas de emergencia, para la élite política y económica. Es el combustible perfecto para la desconfianza, para el "para qué denunciar si nunca pasa nada". Y ese sentimiento, mae, es peligrosísimo para cualquier democracia que se respete.
Al final del día, parece que estamos salados. La solicitud está hecha y, aunque la decisión final es del Tribunal, el panorama es clarísimo. Esto nos obliga a hacer una pausa y pensar en el fondo del asunto, más allá de los nombres de Gamboa o Araya. Aquí la pregunta que queda flotando en el aire es sobre la capacidad real del Estado para fiscalizar y castigar la corrupción en sus niveles más altos. Por eso, abro el foro para ustedes, que son los que al final pagan los platos rotos con sus impuestos y su confianza. Más allá de este caso, ¿creen que en Costa Rica la justicia de verdad es igual para todos, o hay una 'tarifa preferencial' para los de arriba? ¿Es un problema de leyes, de los fiscales, o es que la vara ya está podrida desde adentro? Los leo.
Vamos a ver, pongamos la pelota en el piso. El argumento del Ministerio Público es, para ponerlo en buen tico, que se les desinfló el caso. Dicen que "la acusación no describe de forma concreta ni coherente los hechos" y que las pruebas "no permitieron comprobar una intervención indebida ni un beneficio concreto". O sea, en otras palabras, la Fiscalía admite que el caso que armaron y sostuvieron por años estaba tan flojo de papeles que no aguantaba un round final en un juicio. Mae, esto es serio. No estamos hablando de un pleito de vecinos. Estamos hablando de figuras de altísimo perfil. Que la Fiscalía, después de todo este tiempo, salga a decir que su propio brete no tiene el sustento para pedir una condena, es una de dos: o se jalaron una torta monumental desde el inicio, o de verdad nunca hubo nada sólido que investigar. Y francamente, ninguna de las dos opciones deja bien parado a nuestro sistema judicial.
Diay, es que es imposible no ser cínico. ¿Se acuerdan del cementazo? ¿De todo el escándalo que rodeó a estos mismos nombres y a otros más? Este caso era como un hijo de aquella novela de terror. Era la oportunidad de demostrar que nadie, pero nadie, está por encima de la ley en este país. Pero con esta solicitud de absolución, toda esa esperanza de ver consecuencias reales parece que se nos va al traste. Se siente como si nos hubieran tenido viendo una mejenga de 90 minutos para que al final nos digan que el resultado se anula por un error en la alineación. La frustración no es tanto por la culpabilidad o inocencia de los imputados, que eso le toca a un juez decidirlo, sino por la aparente incompetencia o la falta de colmillo a la hora de armar un caso sólido contra "peces gordos".
Lo más irónico es la imagen mental: el fiscal, en su exposición final, básicamente diciéndole al Tribunal: "Saben qué, mejor no. Lo que trajimos no alcanza". Después de años de investigación, de horas de trabajo, de recursos públicos invertidos... la conclusión es un encogimiento de hombros. Esto alimenta esa percepción popular de que la justicia en Costa Rica tiene dos velocidades: una para el ciudadano de a pie y otra, mucho más lenta y con salidas de emergencia, para la élite política y económica. Es el combustible perfecto para la desconfianza, para el "para qué denunciar si nunca pasa nada". Y ese sentimiento, mae, es peligrosísimo para cualquier democracia que se respete.
Al final del día, parece que estamos salados. La solicitud está hecha y, aunque la decisión final es del Tribunal, el panorama es clarísimo. Esto nos obliga a hacer una pausa y pensar en el fondo del asunto, más allá de los nombres de Gamboa o Araya. Aquí la pregunta que queda flotando en el aire es sobre la capacidad real del Estado para fiscalizar y castigar la corrupción en sus niveles más altos. Por eso, abro el foro para ustedes, que son los que al final pagan los platos rotos con sus impuestos y su confianza. Más allá de este caso, ¿creen que en Costa Rica la justicia de verdad es igual para todos, o hay una 'tarifa preferencial' para los de arriba? ¿Es un problema de leyes, de los fiscales, o es que la vara ya está podrida desde adentro? Los leo.
