¡Ay, Dios mío, qué cosas pasan en este país! Resulta que la jueza le soltó la mano a esos siete polis de Heredia acusados de armar quitele a un muchacho durante una requisa. Vamos, que lo agarraron a patadas y encima, parece que hubo cositas más personales metidas en el brete, ¿me entienden?
La bronca comenzó el 28 de septiembre, ahí nomás, y salió a la luz gracias a unos videos que se hicieron virales en las redes sociales. Se ve clarito cómo esos uniformados le estaban dando una paliza tremenda al pobre tipo, que ni se defendía, ¡qué torta! El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía entraron en acción rápido, pero ahora andamos todos pensando si toda esta movida va a quedar así, a medias.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó que el Juzgado Penal de Hacienda les puso unas medidas “mínimas” a cuatro de los siete oficiales: no pueden acercarse al joven ni a los testigos. Pero ojo, porque los otros tres quedaron libres como pajaritos, ¡sin ninguna restricción! ¿Cómo es posible que así se maneje un caso donde hay denuncias tan graves?
Los que tienen la medida son Barrientos Céspedes, Chacón Cordero, Monge Pagani y Solano Vaglio. Les imputan abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y, lo más serio, abuso sexual. ¡Un cóctel explosivo! Pero la jueza, aparentemente, no vio tanta urgencia de suspenderlos de sus trabajos mientras sigue la investigación, lo cual deja muy mal parado al sistema, vamos.
Y luego están los otros tres: Artavia Campos y las señoras Mesén Muñoz y Guadamuz Vargas. A ellos se les acusa solamente de “incumplimiento de deberes por omisión”. ¿Qué significa eso? Que simplemente, no hicieron nada para evitar lo que estaba pasando. Como si eso fuera poco, ¡ese delito ni siquiera conlleva pena de cárcel! Imagínate, siguen trabajando, andando por ahí con el uniforme, viendo a la gente... ¡Qué sal!
Lo más loco de todo es que tenemos pruebas, chavales. Tenemos los videos, grabados por cámaras de seguridad y hasta por el bodycam de uno de los propios policías. Ahí se ve todo clarito, sin adornos. Entonces, ¿cómo es que estos tipos no terminan despedidos y quizás hasta procesados por daño al patrimonio público y afectación a la imagen de la policía?
Esto me hace pensar en muchos casos similares que hemos visto en Costa Rica. Siempre sale la misma cantaleta: “Se está investigando”, “Se aplicarán sanciones correspondientes”, pero al final, muchos quedan impunes. Parece que algunos creen que porque llevan un gafete, están por encima de la ley, que se pueden pasar de listos y no pasa nada. Pero ojo, que la ciudadanía ya no se traga esas verdades a medias. Hay que exigir resultados y transparencia, diay.
En fin, este caso nos plantea muchas preguntas sobre la justicia en nuestro país. ¿Realmente estamos protegiendo a los ciudadanos de los abusos policiales? ¿Estamos exigiendo responsabilidades a quienes deberían garantizar nuestra seguridad? Bueno, pues díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que estas medidas judiciales son suficientes o debería haber alguna otra sanción más contundente para estos oficiales?
La bronca comenzó el 28 de septiembre, ahí nomás, y salió a la luz gracias a unos videos que se hicieron virales en las redes sociales. Se ve clarito cómo esos uniformados le estaban dando una paliza tremenda al pobre tipo, que ni se defendía, ¡qué torta! El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía entraron en acción rápido, pero ahora andamos todos pensando si toda esta movida va a quedar así, a medias.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó que el Juzgado Penal de Hacienda les puso unas medidas “mínimas” a cuatro de los siete oficiales: no pueden acercarse al joven ni a los testigos. Pero ojo, porque los otros tres quedaron libres como pajaritos, ¡sin ninguna restricción! ¿Cómo es posible que así se maneje un caso donde hay denuncias tan graves?
Los que tienen la medida son Barrientos Céspedes, Chacón Cordero, Monge Pagani y Solano Vaglio. Les imputan abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y, lo más serio, abuso sexual. ¡Un cóctel explosivo! Pero la jueza, aparentemente, no vio tanta urgencia de suspenderlos de sus trabajos mientras sigue la investigación, lo cual deja muy mal parado al sistema, vamos.
Y luego están los otros tres: Artavia Campos y las señoras Mesén Muñoz y Guadamuz Vargas. A ellos se les acusa solamente de “incumplimiento de deberes por omisión”. ¿Qué significa eso? Que simplemente, no hicieron nada para evitar lo que estaba pasando. Como si eso fuera poco, ¡ese delito ni siquiera conlleva pena de cárcel! Imagínate, siguen trabajando, andando por ahí con el uniforme, viendo a la gente... ¡Qué sal!
Lo más loco de todo es que tenemos pruebas, chavales. Tenemos los videos, grabados por cámaras de seguridad y hasta por el bodycam de uno de los propios policías. Ahí se ve todo clarito, sin adornos. Entonces, ¿cómo es que estos tipos no terminan despedidos y quizás hasta procesados por daño al patrimonio público y afectación a la imagen de la policía?
Esto me hace pensar en muchos casos similares que hemos visto en Costa Rica. Siempre sale la misma cantaleta: “Se está investigando”, “Se aplicarán sanciones correspondientes”, pero al final, muchos quedan impunes. Parece que algunos creen que porque llevan un gafete, están por encima de la ley, que se pueden pasar de listos y no pasa nada. Pero ojo, que la ciudadanía ya no se traga esas verdades a medias. Hay que exigir resultados y transparencia, diay.
En fin, este caso nos plantea muchas preguntas sobre la justicia en nuestro país. ¿Realmente estamos protegiendo a los ciudadanos de los abusos policiales? ¿Estamos exigiendo responsabilidades a quienes deberían garantizar nuestra seguridad? Bueno, pues díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que estas medidas judiciales son suficientes o debería haber alguna otra sanción más contundente para estos oficiales?
