En un país donde la paz y la justicia son valores proclamados a los cuatro vientos, la Iglesia Católica de Costa Rica se encuentra en el ojo del huracán. Los obispos han reafirmado su compromiso con el sigilo sacramental, esa cláusula de confidencialidad que convierte al confesionario en una caja fuerte impenetrable. Según ellos, este secreto es tan sagrado que ni siquiera las leyes humanas deberían osar tocarlo.
¿Protección divina o simple encubrimiento?
La controversia surge en medio de propuestas legislativas que buscan obligar a los sacerdotes a revelar información obtenida en confesión, especialmente en casos de delitos sexuales contra menores y personas vulnerables. Los prelados, con sotana y báculo en mano, claman que tal medida sería un atentado contra la libertad religiosa.
Pero, ¿no es también un atentado contra la justicia y la protección de los más indefensos?
Los obispos aseguran que el sigilo sacramental y el compromiso con la justicia no están en oposición. Afirman que la Iglesia ha implementado protocolos estrictos y programas de formación para prevenir abusos. Sin embargo, la sombra de la duda persiste: ¿es suficiente la autorregulación cuando la historia ha demostrado que el silencio puede ser cómplice del crimen?
En un video-mensaje, monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de Ciudad Quesada, enfatiza que el sigilo es necesario para que el sacramento de la reconciliación se viva como un espacio de libertad y conversión profunda. Pero, ¿qué sucede cuando esa libertad se convierte en licencia para el abuso? ¿No debería la protección de las víctimas prevalecer sobre la confidencialidad del agresor?
La Iglesia sostiene que obligar a los sacerdotes a romper el sigilo sacramental sería una violación a la libertad religiosa. Sin embargo, este argumento plantea una inquietante pregunta: ¿hasta dónde llega la libertad religiosa cuando choca con los derechos fundamentales de las víctimas? ¿Es la fe un escudo para la impunidad?
Los obispos reiteran su compromiso de trabajar para que la Iglesia sea un espacio de sanación, justicia y dignidad. Pero las palabras, por el momento, son solo eso: palabras. La sociedad costarricense espera acciones concretas que demuestren que la protección de los más vulnerables no es solo una promesa vacía, sino una realidad palpable.
En este debate, la Iglesia se enfrenta a un dilema moral y ético de proporciones bíblicas.
La respuesta, como siempre, está en manos de quienes tienen el poder de decidir. Mientras tanto, las víctimas esperan, y el silencio, ese silencio sagrado, sigue siendo ensordecedor.
¿Protección divina o simple encubrimiento?
La controversia surge en medio de propuestas legislativas que buscan obligar a los sacerdotes a revelar información obtenida en confesión, especialmente en casos de delitos sexuales contra menores y personas vulnerables. Los prelados, con sotana y báculo en mano, claman que tal medida sería un atentado contra la libertad religiosa.
Pero, ¿no es también un atentado contra la justicia y la protección de los más indefensos?
Los obispos aseguran que el sigilo sacramental y el compromiso con la justicia no están en oposición. Afirman que la Iglesia ha implementado protocolos estrictos y programas de formación para prevenir abusos. Sin embargo, la sombra de la duda persiste: ¿es suficiente la autorregulación cuando la historia ha demostrado que el silencio puede ser cómplice del crimen?
En un video-mensaje, monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de Ciudad Quesada, enfatiza que el sigilo es necesario para que el sacramento de la reconciliación se viva como un espacio de libertad y conversión profunda. Pero, ¿qué sucede cuando esa libertad se convierte en licencia para el abuso? ¿No debería la protección de las víctimas prevalecer sobre la confidencialidad del agresor?
La Iglesia sostiene que obligar a los sacerdotes a romper el sigilo sacramental sería una violación a la libertad religiosa. Sin embargo, este argumento plantea una inquietante pregunta: ¿hasta dónde llega la libertad religiosa cuando choca con los derechos fundamentales de las víctimas? ¿Es la fe un escudo para la impunidad?
Los obispos reiteran su compromiso de trabajar para que la Iglesia sea un espacio de sanación, justicia y dignidad. Pero las palabras, por el momento, son solo eso: palabras. La sociedad costarricense espera acciones concretas que demuestren que la protección de los más vulnerables no es solo una promesa vacía, sino una realidad palpable.
En este debate, la Iglesia se enfrenta a un dilema moral y ético de proporciones bíblicas.
- ¿Mantener el secreto a toda costa, incluso cuando la justicia y la protección de los inocentes están en juego?
- ¿O abrir las puertas del confesionario a la luz de la verdad y la responsabilidad?
La respuesta, como siempre, está en manos de quienes tienen el poder de decidir. Mientras tanto, las víctimas esperan, y el silencio, ese silencio sagrado, sigue siendo ensordecedor.
