¡Ay, Dios mío, qué bronca! Resulta que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), esa siempre dando sorpresas, nos soltó la bomba de que no va a hacer más pagos retroactivos por esas licencias de cuidado que tanto necesitamos algunos. Ya me imagino el susto de las familias que andaban esperando ese dinerito para poder echarle la mano a sus parientes gravemente enfermos. Parece que estamos en una telenovela sin final feliz.
La verdad, la cosa está fea. Se dice que la CCSS se quedó sin lana para esto. Según dicen, recibieron unos ¢3.952 millones este año, y eso se acabó rapidito. La señora Mónica Taylor, la jefa de la Caja, salió a decir que sí, que seguirán dando las licencias, pero ahora los empleados tendrán que faltar al trabajo sin recibir nada. ¡Imagínate! Tener que elegir entre dejar el brete y cuidar de tu familia o quedarse trabajando y ver cómo sufren tus seres queridos. Una decisión durísima, ¿verdad?
Ahora bien, el artículo 73 de nuestra Constitución Política, esa que todos conocemos de memoria (bueno, casi todos), pone trabas a la CCSS para que use sus propios recursos para estos pagos. Dicen que si alcanzan el tope, ni la Asamblea Legislativa, ni el Ministerio de Trabajo pueden ayudar. Esto es como intentar mover una montaña con una paleta, ¡qué torta!
Pero claro, Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, no se quedó callado. Él propone que busquen la forma de sacar la plata de algún lado, quizás del Fodesaf, y que le echen una mano a la gente. Dice que buscan dónde conseguir esos billetes con el ministro de Hacienda, pero parece que la cosa está complicada. Un proyecto de ley anda dando vueltas para que los beneficiarios puedan seguir recibiendo el subsidio hasta fin de año, pero a ver si sale algo.
El Ministro de Trabajo, Andrés Romero, también metióle baza. Según él, la raíz del problema está en una reforma a la ley del 2017, donde agregaron nuevos tipos de licencias sin aumentar la fuente de financiamiento. Eso, obviamente, generó este problema. Lo que quieren ahora es evaluar el diseño del programa para ver cómo solucionarlo, pero mientras tanto, la gente sigue sufriendo. ¡Es un lío, diay!
Estas licencias extraordinarias, que permiten a los trabajadores irse a cuidar de familiares enfermos –ya sea de menor gravedad, de fase terminal, o simplemente necesitados–, eran una gran ayuda para muchas familias. Un respiro para poder atender a los suyos sin tener que renunciar al trabajo. Ahora, parece que ese respiro se acaba, y la cosa se pone más difícil para muchos. Uno se queda pensando cómo van a salir adelante quienes realmente necesitan esa ayuda.
La verdad, esta situación plantea muchísimas preguntas. ¿Cómo es posible que un sistema de seguridad social como el nuestro llegue a agotar los recursos para cubrir necesidades básicas como el cuidado de enfermos graves? ¿No debería haber mecanismos de prevención y planificación financiera más eficientes? Y lo más importante, ¿cómo vamos a garantizar que las familias tengan acceso a la atención médica y al apoyo que necesitan en momentos tan difíciles?
En fin, esta vainera nos deja varios interrogantes. Con tanta política y papeleo, ¿quién está pensando en la gente que realmente necesita esa ayuda? ¿Deberían buscar otras fuentes de financiamiento, como impuestos especiales o donaciones privadas? ¿Será que la respuesta está en una reforma más profunda a la ley actual? ¿Ustedes, compas, qué soluciones ven para salir de este embrollo? ¡Díganme qué piensan!
La verdad, la cosa está fea. Se dice que la CCSS se quedó sin lana para esto. Según dicen, recibieron unos ¢3.952 millones este año, y eso se acabó rapidito. La señora Mónica Taylor, la jefa de la Caja, salió a decir que sí, que seguirán dando las licencias, pero ahora los empleados tendrán que faltar al trabajo sin recibir nada. ¡Imagínate! Tener que elegir entre dejar el brete y cuidar de tu familia o quedarse trabajando y ver cómo sufren tus seres queridos. Una decisión durísima, ¿verdad?
Ahora bien, el artículo 73 de nuestra Constitución Política, esa que todos conocemos de memoria (bueno, casi todos), pone trabas a la CCSS para que use sus propios recursos para estos pagos. Dicen que si alcanzan el tope, ni la Asamblea Legislativa, ni el Ministerio de Trabajo pueden ayudar. Esto es como intentar mover una montaña con una paleta, ¡qué torta!
Pero claro, Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, no se quedó callado. Él propone que busquen la forma de sacar la plata de algún lado, quizás del Fodesaf, y que le echen una mano a la gente. Dice que buscan dónde conseguir esos billetes con el ministro de Hacienda, pero parece que la cosa está complicada. Un proyecto de ley anda dando vueltas para que los beneficiarios puedan seguir recibiendo el subsidio hasta fin de año, pero a ver si sale algo.
El Ministro de Trabajo, Andrés Romero, también metióle baza. Según él, la raíz del problema está en una reforma a la ley del 2017, donde agregaron nuevos tipos de licencias sin aumentar la fuente de financiamiento. Eso, obviamente, generó este problema. Lo que quieren ahora es evaluar el diseño del programa para ver cómo solucionarlo, pero mientras tanto, la gente sigue sufriendo. ¡Es un lío, diay!
Estas licencias extraordinarias, que permiten a los trabajadores irse a cuidar de familiares enfermos –ya sea de menor gravedad, de fase terminal, o simplemente necesitados–, eran una gran ayuda para muchas familias. Un respiro para poder atender a los suyos sin tener que renunciar al trabajo. Ahora, parece que ese respiro se acaba, y la cosa se pone más difícil para muchos. Uno se queda pensando cómo van a salir adelante quienes realmente necesitan esa ayuda.
La verdad, esta situación plantea muchísimas preguntas. ¿Cómo es posible que un sistema de seguridad social como el nuestro llegue a agotar los recursos para cubrir necesidades básicas como el cuidado de enfermos graves? ¿No debería haber mecanismos de prevención y planificación financiera más eficientes? Y lo más importante, ¿cómo vamos a garantizar que las familias tengan acceso a la atención médica y al apoyo que necesitan en momentos tan difíciles?
En fin, esta vainera nos deja varios interrogantes. Con tanta política y papeleo, ¿quién está pensando en la gente que realmente necesita esa ayuda? ¿Deberían buscar otras fuentes de financiamiento, como impuestos especiales o donaciones privadas? ¿Será que la respuesta está en una reforma más profunda a la ley actual? ¿Ustedes, compas, qué soluciones ven para salir de este embrollo? ¡Díganme qué piensan!
