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Nelson García, viceministro de transporte
“La ley más violada en este país es la de tránsito”
En el pasado, la institución que preside se caracterizó por la corrupción, el tráfico de influencias, el clientelismo político y los privilegios a un grupo de empresarios del transporte y a funcionarios públicos. Como el ex ministro de Gobernación Juan Miguel Bolaños, dice el nuevo titular del Viceministerio de Transporte. “Esto cambiará”, promete Nelson García, ex diputado y ex candidato a alcalde de Santa Ana por el FMLN.
[email protected]
Publicada el 06 de julio de 2009 - 08:40 p.m. El Faro
¿Quién es la autoridad en materia de transporte público y privado?
Desde el punto de vista legal, es el viceministro quien define las políticas. Estas se ejecutan a través de las direcciones generales de transporte terrestre y de tránsito y seguridad vial. Lo que ocurre es que lo que nunca se diseñó fue una política de cara a una proyección de mediano y largo plazo de qué tipo de transporte público requiere el país. Más bien, el VMT se dedicó a dar concesiones y ampliaciones de ruta sin ninguna visión de futuro.
Por eso pregunto: ¿quién es la autoridad en materia de transporte? ¿Autoridad es sólo dar los permisos y que después la gente haga lo que quiera?
No, no. Es que no se diseñó e implementó nunca esta política. Aquí pasaron nueve viceministros de Transporte, ocho de ellos en las últimos tres gestiones, que no atinaron en definir una política clara.
En materia de transporte se hace lo que se quiere. En lo privado, se falta a la ley de tránsito como algo cotidiano y en lo público, también; los empresarios hacen lo que quieren y son capaces de doblarle el brazo al gobierno cuando lo desean. Por eso le repregunto, ¿quién es la autoridad en materia de transporte?
Quien rige la política es el VMT y quien aplica la ley y garantiza que esta se cumpla es la dirección general de transporte terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC). ¿Qué ocurre? Uno, internamente, se tiene una débil institucionalidad con un desorden administrativo, falta de transparencia en los procesos, tráfico de influencias, clientelismo político, corrupción y privilegios a un grupo de empresarios, que aquí tenían su casa. Fuera de aquí, hay una violación permanente y sistemática a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial por casi la mayoría de conductores.
¿La mayoría?
Sí, empezando por las propias autoridades, quienes deben de hacer cumplir la ley. Se puede encontrar policías que andan sin cinturón de seguridad o una radiopatrulla con las vías quebradas y que se pone en dos filas cuando la ley dice que todo el mundo tiene que respetar la ley y el reglamento. O sea, la ley más violada en este país es la de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. ¡Es algo permanente!
Entonces, ¿quién es la autoridad?
Es que en este sentido no es la autoridad en cuanto al VMT, sino cómo el órgano auxiliar garantiza que la ley se cumpla. Aquí tenemos un policía deficiente y que no cumple con su función de garantizar que se cumpla la ley. Este es un problema de cómo ha sido diseñado el funcionamiento de la sección de tránsito. En el país hay más o menos 925 policías de tránsito divididos en tres turnos. Por turno se tienen 308 en todo el país y son los únicos que pueden poner esquelas. Si hay un policía de turismo, de seguridad pública, de antinarcóticos o de lo que sea y ve una violación, no hace nada aunque haya jurado cumplir la ley. Esto lo hemos estado conversando con la PNC.
Eso es en el cumplimiento de la ley en la calle, pero hay un factor más político que tiene que ver con los empresarios del transporte público, quienes hacen lo que quieren. Obtienen subsidio, aumento de pasajes, perdón de las multas... parecieran ser ellos la autoridad.
No es del todo así. Más bien creo que hubo una complacencia con el sector, de tal manera que no se ha aplicado la legislación ni los controles debidos. El compromiso político con un sector determinado, ese mismo clientelismo, no le permitía al VMT actuar. Por eso tenemos un irrespeto permanente y sistemático por parte de cobradores y motoristas a los usuarios del transporte público de pasajeros, inseguridad en el servicio que prestan y violaciones constantes a la ley. Esto lo conocemos perfectamente y lo hemos señalado y criticado, como diputados. Ahora hemos conversado con ellos en la mesa de transporte y comparten la necesidad de que haya orden. Ya empezamos con algunas medidas para ordenarnos.
Veamos un caso. Los empresarios venden a su antojo las concesiones que les da el VMT y no hay problema. Eso es ilegal, el VMT ha sido complaciente y traslada el mensaje que los empresarios pueden hacer lo que quieran. ¿O me equivoco?
Sí, incluso antes había una institución que vendía el bus con línea y subsidio. Ahora, esto es lo que nosotros hemos diagnosticado.
¿Esto va a cambiar?
Bueno, desde el 1 de junio se tomaron acciones. Lo primero que hicimos fue detener todas las concesiones de línea porque la ley no lo permite, el decreto 524 así lo establece. Lo que hay son algunas excepciones cuando surge alguna nueva urbanización o una colonia y se tiene que determinar cuántas unidades se necesitan adicionalmente. Pero aquí lo que se ha dado es otra cosa. Aquí estaban los expedientes con los nombres de las personas que mandaban a hacer el trámite. En la oficina de los estudios técnicos encontré 716 expedientes de concesiones, entre ellas 72 concesiones resueltas sin notificar y otras 135 que ya estaban en Sertracen, ya para emitir el permiso de línea. Lo primero que dijimos fue: “Aquí se para esto.”
¿716 permisos de línea nuevos?
No, expedientes de solicitudes desde 2006. Puede ser que en ellos haya uno o varios permisos. Hemos ido por pasos. Primero estamos notificando a cada uno de los solicitantes en los 716 expedientes que su solicitud ha sido denegada. Lo otro es que estamos revocando los permisos que ya estaban aprobados; y los que estaban en Sertracen, están parados. De ahí empezaremos un proceso de revisión y elaboración del estudio técnico de aquellos en los que podamos tener alguna duda.
Si estaba prohibido dar nuevos permisos de línea, ¿los ex viceministros que los dieron incurrieron en ilegalidades?
El que firma la concesión es el director de transporte. Obviamente, el viceministro tiene subsidiariamente una responsabilidad.
¿Se investigará la responsabilidad legal de estos funcionarios?
Estamos en eso. A estas alturas tenemos la evidencia y estamos listos para iniciar el proceso ante la Fiscalía General de la República. Si hay irregularidades y hubo violación a la ley, hay personas implicadas que estuvieron en el VMT.
Usted aseguró en el Canal 21 que ha habido tráfico de influencias. “Encontramos que ex funcionarios de Gobernación solicitaron permisos de línea para taxis”. ¿Quiénes son esas personas?
Sabía que me lo preguntarían… (Se levanta de su escritorio y busca unos documentos en su portafolio). Hablaba de algunas personas como el señor Marco Tulio Rafael Fuentes, que era asesor en el ministerio de Gobernación, y el señor Juan Miguel Bolaños, que era el ministro.
¿Cuántas líneas de taxi le autorizaron al ex ministro de Gobernación?
13 permisos de línea para taxis. Estos los solicitó el 22 de mayo y se los dieron el 28 de mayo. Y en otros casos, en los expedientes, se tenían papelitos con los nombres de quienes mandaban la solicitud. Cada expediente tenía papelitos como este. (Muestra uno de ellos donde se lee “Chele Tórrez” -el fallecido dirigente arenero Adolfo Tórrez-). Eran los nombres de las personas que apadrinaban.
¿Cuántos funcionarios del gobierno saliente se encontraron en estos papelitos?
Todavía no tengo el dato. Pero no solo hay funcionarios, sino también personas naturales.
¿Son legales los permisos otorgados a Bolaños?
El decreto 524 establecía que no se podía dar ningún tipo de permiso de transporte público de pasajeros, ya fuera selectivo o colectivo. Los permisos fueron aprobados el 28 de mayo… Y ahora ya fueron revocados.
Ha dicho públicamente que en el VMT hubo tráfico de influencias, clientelismo político y corrupción en ampliación de recorridos, concesión de líneas y aperturas de nuevas rutas. Y que esto era “la orden del día”.
Sí, así es.
¿Quiénes son los que se vieron favorecidos con estas prácticas?
Si hablamos de estos 716 expedientes, hablamos de 716 personas naturales o jurídicas. Igual, en las concesiones que ya habían sido otorgadas.
¿Se procederá legalmente contra ellas?
Eso estamos tratando de determinar jurídicamente. Si viene Juan Pérez a solicitar una concesión o un permiso de línea y la ley no me faculta a dárselo…
¡No se lo da y ya!
Sí, pero digamos que le digo: “Sí se lo voy a dar”. ¿Quién es el responsable? Eso es lo que estamos determinando para poder realizar las acciones jurídicas y sentar un precedente.
Entonces, ¿sigue una investigación contra los ex funcionarios y no contra quienes se vieron beneficiados de las acciones de estos?
Eso es lo que tratamos de determinar con las pruebas que tenemos. Aquí nos dicen que había gente que venía y daba dinero. ¿Cómo puedo comprobar que Juan Pérez dio dinero por este permiso? Si nosotros presentamos un recurso a la Fiscalía sin una justificación debida, se nos cae, pues. La idea no es hacer solo ruido sino que esta gente que haya violado la ley pague por este delito. ¿Qué evidencias tengo? Un permiso de línea firmado por un director. ¿Qué tengo del particular? Una solicitud que ha pasado un estudio técnico que determina la validez de su aprobación y que estaba en el marco de la ley.
¡Pero la ley dice que no se puede dar nuevos permisos!
Sí, pero hay una excepción y se decía que esta línea está dentro de esta excepción.
En pocas palabras, solo hay pruebas contra ex funcionarios pero no contra la gente que pudo haber pagado para conseguir estos permisos.
Eso es lo que estamos tratando de configurar. Tengo que demostrarlo porque si no, se me cae el caso.
¿No se podrá proceder legalmente contra el ex ministro de Gobernación, por ejemplo?
El tema es cómo él logró obtener los permisos. Puedo decir que hay un abuso de poder en la calidad de funcionario, pero hablo de la persona que extiende el permiso. Estamos revisando la ley de enriquecimiento ilícito, la de ética gubernamental y otras para ver por dónde vamos a proceder.
¿Y las denuncias de irregularidades en la otorgación del subsidio?
Miremos el proceso. Lo que la ley establece, el decreto 487, es que todas las personas que presten el servicio de transporte público de pasajeros, buses y microbuses tendrán derecho a un subsidio para compensar el alto costo del combustible. Para eso, el empresario demuestra la propiedad de la unidad con su tarjeta de circulación, su permiso de línea, su dui y nit. Los que no traigan esta documentación, pues quedan fuera. Esta documentación se verifica y pasa a una planilla. Y hay una unidad de inspectoría que, cuando hay una denuncia, verificaba que la unidad estuviera trabajando.
¿Sólo cuando hay denuncia?
Sí. ¿Por qué? Porque la unidad de inspectoría tiene ocho personas y hay 12 mil unidades de transporte público. La debilidad del sistema es que no existe un mecanismo de seguimiento y control del empresario.
Hasta en eso len da más privilegios a los empresarios del transporte.
No es que tengan más privilegios. El VMT tiene el privilegio de ir a verificar, lo que no tiene es el recurso humano para hacerlo. Cuando vine me encontré a ocho personas en ese departamento. Cuando se hizo el decreto, no se estableció el mecanismo de control y seguimiento.
Decreto que ustedes, los diputados, aprobaron.
Eso se vio en la Asamblea Legislativa. Cuando digo que se está analizando el subsidio es buscar que este cumpla el papel de beneficiar a los usuarios, para que no paguen una tarifa más alta. El subsidio no es para beneficiar a un empresario.
¿Cuánto se debe del subsidio?
Estaremos atrasados con marzo y junio, que son 6.5 millones de dólares en cada mes.
El subsidio vence el 31 de julio y el presidente Mauricio Funes ha prometido que se tomará medidas para mantener estable el precio del pasaje. ¿Qué medidas?
Cuando se habla de mantener estable el pasaje es que no se incremente el precio porque la crisis no permite a la población que pague 5 o 10 centavos más. Hay una comisión interinstitucional que está viendo todo el tema de los subsidios, en los que están varios ministerios, y se está tratando de ver cómo se focalizan para que lleguen a quienes los necesitan. En el transporte es más complicado el control. En otros países, como en Brasil, se ha creado un bono al empleador que se lo da a su empleado. En el caso de los que no trabajan, se ha creado otro mecanismo. Aquí se ha hablado de subsidio por kilómetro recorrido, e, incluso, por pasajero conducido. Todavía no tenemos definido qué mecanismo se utilizará y tenemos alrededor de 20 días para tener una propuesta y darla a conocer.
¿Se tendrá?
Se tiene que tener.
Pero ya alguna parte de los empresarios hablan de que si se quita el subsidio, se tendrá que aumentar el pasaje y hablan de subsidio por kilómetro recorrido.
Tenemos una mesa de transporte en la que estamos conversando con los empresarios. Ya estamos tomando acuerdos. Por ejemplo, ellos establecieron que al 15 de julio se quitará el polarizado y la música estridente de las unidades.
Es que es ilegal el polarizado y la música estridente.
Sí, es ilegal.
¿Cómo que acuerdos? ¿Por qué el VMT no decide, simple y sencillamente, aplicar la ley?
Es que así hay una cantidad de cosas de la ley que no se aplican. Para esto es necesario tratar de establecer los consensos mínimos para alcanzar niveles de cooperación y coordinación para ordenar el sector.
¿No se puede aplicar la ley y ya?
Es que he conocido las experiencias de otros viceministros. Cuando vino Ricardo Yúdice quiso cambiar de un día para otro todo esto, y no pudo. ¿Por qué? Porque no habló.
Mire, cuando se creó la ley se establecieron cosas como que los microbuses tendrían que tener dos puertas, que no tenían que tener música estridente, que no podían ser polarizados, que el seguro obligatorio… Ya pasaron 13 años y no se ha hecho nada de eso.
Lo que pasa es que todo eso fue surgiendo en el transcurso de las reformas de la ley. Con el polarizado hubo cinco prórrogas.
Igual con el seguro obligatorio, que está en la ley.
Está en la ley y se prorrogó para que no entrara en vigencia. Cuando se dijo “ya no”, más o menos en 2001, no se implementó porque la ley establecía un mecanismo que nunca se operativizó en el VMT. Nunca se hizo nada. Y ahora, una semana antes de irse, el ex viceministro Luis Felipe Moreno quiso implementarlo aún cuando ni las aseguradoras tenían a la venta el servicio. Las primeras que se manifestaron en contra fueron ellas porque sólo una empresa podía. Para poder echar esto a andar hay que hacerlo operativo. Y segundo, es que la empresa creó un seguro para cubrir solo los daños materiales cuando el sentido era resarcir los daños materiales y los humanos. Ahora tenemos nueve meses, porque se dio una prórroga, para crear el servicio y hacerlo operativo.
Nelson García, viceministro de transporte
“La ley más violada en este país es la de tránsito”
En el pasado, la institución que preside se caracterizó por la corrupción, el tráfico de influencias, el clientelismo político y los privilegios a un grupo de empresarios del transporte y a funcionarios públicos. Como el ex ministro de Gobernación Juan Miguel Bolaños, dice el nuevo titular del Viceministerio de Transporte. “Esto cambiará”, promete Nelson García, ex diputado y ex candidato a alcalde de Santa Ana por el FMLN.
[email protected]
Publicada el 06 de julio de 2009 - 08:40 p.m. El Faro
¿Quién es la autoridad en materia de transporte público y privado?
Desde el punto de vista legal, es el viceministro quien define las políticas. Estas se ejecutan a través de las direcciones generales de transporte terrestre y de tránsito y seguridad vial. Lo que ocurre es que lo que nunca se diseñó fue una política de cara a una proyección de mediano y largo plazo de qué tipo de transporte público requiere el país. Más bien, el VMT se dedicó a dar concesiones y ampliaciones de ruta sin ninguna visión de futuro.
Por eso pregunto: ¿quién es la autoridad en materia de transporte? ¿Autoridad es sólo dar los permisos y que después la gente haga lo que quiera?
No, no. Es que no se diseñó e implementó nunca esta política. Aquí pasaron nueve viceministros de Transporte, ocho de ellos en las últimos tres gestiones, que no atinaron en definir una política clara.
En materia de transporte se hace lo que se quiere. En lo privado, se falta a la ley de tránsito como algo cotidiano y en lo público, también; los empresarios hacen lo que quieren y son capaces de doblarle el brazo al gobierno cuando lo desean. Por eso le repregunto, ¿quién es la autoridad en materia de transporte?
Quien rige la política es el VMT y quien aplica la ley y garantiza que esta se cumpla es la dirección general de transporte terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC). ¿Qué ocurre? Uno, internamente, se tiene una débil institucionalidad con un desorden administrativo, falta de transparencia en los procesos, tráfico de influencias, clientelismo político, corrupción y privilegios a un grupo de empresarios, que aquí tenían su casa. Fuera de aquí, hay una violación permanente y sistemática a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial por casi la mayoría de conductores.
¿La mayoría?
Sí, empezando por las propias autoridades, quienes deben de hacer cumplir la ley. Se puede encontrar policías que andan sin cinturón de seguridad o una radiopatrulla con las vías quebradas y que se pone en dos filas cuando la ley dice que todo el mundo tiene que respetar la ley y el reglamento. O sea, la ley más violada en este país es la de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. ¡Es algo permanente!
Entonces, ¿quién es la autoridad?
Es que en este sentido no es la autoridad en cuanto al VMT, sino cómo el órgano auxiliar garantiza que la ley se cumpla. Aquí tenemos un policía deficiente y que no cumple con su función de garantizar que se cumpla la ley. Este es un problema de cómo ha sido diseñado el funcionamiento de la sección de tránsito. En el país hay más o menos 925 policías de tránsito divididos en tres turnos. Por turno se tienen 308 en todo el país y son los únicos que pueden poner esquelas. Si hay un policía de turismo, de seguridad pública, de antinarcóticos o de lo que sea y ve una violación, no hace nada aunque haya jurado cumplir la ley. Esto lo hemos estado conversando con la PNC.
Eso es en el cumplimiento de la ley en la calle, pero hay un factor más político que tiene que ver con los empresarios del transporte público, quienes hacen lo que quieren. Obtienen subsidio, aumento de pasajes, perdón de las multas... parecieran ser ellos la autoridad.
No es del todo así. Más bien creo que hubo una complacencia con el sector, de tal manera que no se ha aplicado la legislación ni los controles debidos. El compromiso político con un sector determinado, ese mismo clientelismo, no le permitía al VMT actuar. Por eso tenemos un irrespeto permanente y sistemático por parte de cobradores y motoristas a los usuarios del transporte público de pasajeros, inseguridad en el servicio que prestan y violaciones constantes a la ley. Esto lo conocemos perfectamente y lo hemos señalado y criticado, como diputados. Ahora hemos conversado con ellos en la mesa de transporte y comparten la necesidad de que haya orden. Ya empezamos con algunas medidas para ordenarnos.
Veamos un caso. Los empresarios venden a su antojo las concesiones que les da el VMT y no hay problema. Eso es ilegal, el VMT ha sido complaciente y traslada el mensaje que los empresarios pueden hacer lo que quieran. ¿O me equivoco?
Sí, incluso antes había una institución que vendía el bus con línea y subsidio. Ahora, esto es lo que nosotros hemos diagnosticado.
¿Esto va a cambiar?
Bueno, desde el 1 de junio se tomaron acciones. Lo primero que hicimos fue detener todas las concesiones de línea porque la ley no lo permite, el decreto 524 así lo establece. Lo que hay son algunas excepciones cuando surge alguna nueva urbanización o una colonia y se tiene que determinar cuántas unidades se necesitan adicionalmente. Pero aquí lo que se ha dado es otra cosa. Aquí estaban los expedientes con los nombres de las personas que mandaban a hacer el trámite. En la oficina de los estudios técnicos encontré 716 expedientes de concesiones, entre ellas 72 concesiones resueltas sin notificar y otras 135 que ya estaban en Sertracen, ya para emitir el permiso de línea. Lo primero que dijimos fue: “Aquí se para esto.”
¿716 permisos de línea nuevos?
No, expedientes de solicitudes desde 2006. Puede ser que en ellos haya uno o varios permisos. Hemos ido por pasos. Primero estamos notificando a cada uno de los solicitantes en los 716 expedientes que su solicitud ha sido denegada. Lo otro es que estamos revocando los permisos que ya estaban aprobados; y los que estaban en Sertracen, están parados. De ahí empezaremos un proceso de revisión y elaboración del estudio técnico de aquellos en los que podamos tener alguna duda.
Si estaba prohibido dar nuevos permisos de línea, ¿los ex viceministros que los dieron incurrieron en ilegalidades?
El que firma la concesión es el director de transporte. Obviamente, el viceministro tiene subsidiariamente una responsabilidad.
¿Se investigará la responsabilidad legal de estos funcionarios?
Estamos en eso. A estas alturas tenemos la evidencia y estamos listos para iniciar el proceso ante la Fiscalía General de la República. Si hay irregularidades y hubo violación a la ley, hay personas implicadas que estuvieron en el VMT.
Usted aseguró en el Canal 21 que ha habido tráfico de influencias. “Encontramos que ex funcionarios de Gobernación solicitaron permisos de línea para taxis”. ¿Quiénes son esas personas?
Sabía que me lo preguntarían… (Se levanta de su escritorio y busca unos documentos en su portafolio). Hablaba de algunas personas como el señor Marco Tulio Rafael Fuentes, que era asesor en el ministerio de Gobernación, y el señor Juan Miguel Bolaños, que era el ministro.
¿Cuántas líneas de taxi le autorizaron al ex ministro de Gobernación?
13 permisos de línea para taxis. Estos los solicitó el 22 de mayo y se los dieron el 28 de mayo. Y en otros casos, en los expedientes, se tenían papelitos con los nombres de quienes mandaban la solicitud. Cada expediente tenía papelitos como este. (Muestra uno de ellos donde se lee “Chele Tórrez” -el fallecido dirigente arenero Adolfo Tórrez-). Eran los nombres de las personas que apadrinaban.
¿Cuántos funcionarios del gobierno saliente se encontraron en estos papelitos?
Todavía no tengo el dato. Pero no solo hay funcionarios, sino también personas naturales.
¿Son legales los permisos otorgados a Bolaños?
El decreto 524 establecía que no se podía dar ningún tipo de permiso de transporte público de pasajeros, ya fuera selectivo o colectivo. Los permisos fueron aprobados el 28 de mayo… Y ahora ya fueron revocados.
Ha dicho públicamente que en el VMT hubo tráfico de influencias, clientelismo político y corrupción en ampliación de recorridos, concesión de líneas y aperturas de nuevas rutas. Y que esto era “la orden del día”.
Sí, así es.
¿Quiénes son los que se vieron favorecidos con estas prácticas?
Si hablamos de estos 716 expedientes, hablamos de 716 personas naturales o jurídicas. Igual, en las concesiones que ya habían sido otorgadas.
¿Se procederá legalmente contra ellas?
Eso estamos tratando de determinar jurídicamente. Si viene Juan Pérez a solicitar una concesión o un permiso de línea y la ley no me faculta a dárselo…
¡No se lo da y ya!
Sí, pero digamos que le digo: “Sí se lo voy a dar”. ¿Quién es el responsable? Eso es lo que estamos determinando para poder realizar las acciones jurídicas y sentar un precedente.
Entonces, ¿sigue una investigación contra los ex funcionarios y no contra quienes se vieron beneficiados de las acciones de estos?
Eso es lo que tratamos de determinar con las pruebas que tenemos. Aquí nos dicen que había gente que venía y daba dinero. ¿Cómo puedo comprobar que Juan Pérez dio dinero por este permiso? Si nosotros presentamos un recurso a la Fiscalía sin una justificación debida, se nos cae, pues. La idea no es hacer solo ruido sino que esta gente que haya violado la ley pague por este delito. ¿Qué evidencias tengo? Un permiso de línea firmado por un director. ¿Qué tengo del particular? Una solicitud que ha pasado un estudio técnico que determina la validez de su aprobación y que estaba en el marco de la ley.
¡Pero la ley dice que no se puede dar nuevos permisos!
Sí, pero hay una excepción y se decía que esta línea está dentro de esta excepción.
En pocas palabras, solo hay pruebas contra ex funcionarios pero no contra la gente que pudo haber pagado para conseguir estos permisos.
Eso es lo que estamos tratando de configurar. Tengo que demostrarlo porque si no, se me cae el caso.
¿No se podrá proceder legalmente contra el ex ministro de Gobernación, por ejemplo?
El tema es cómo él logró obtener los permisos. Puedo decir que hay un abuso de poder en la calidad de funcionario, pero hablo de la persona que extiende el permiso. Estamos revisando la ley de enriquecimiento ilícito, la de ética gubernamental y otras para ver por dónde vamos a proceder.
¿Y las denuncias de irregularidades en la otorgación del subsidio?
Miremos el proceso. Lo que la ley establece, el decreto 487, es que todas las personas que presten el servicio de transporte público de pasajeros, buses y microbuses tendrán derecho a un subsidio para compensar el alto costo del combustible. Para eso, el empresario demuestra la propiedad de la unidad con su tarjeta de circulación, su permiso de línea, su dui y nit. Los que no traigan esta documentación, pues quedan fuera. Esta documentación se verifica y pasa a una planilla. Y hay una unidad de inspectoría que, cuando hay una denuncia, verificaba que la unidad estuviera trabajando.
¿Sólo cuando hay denuncia?
Sí. ¿Por qué? Porque la unidad de inspectoría tiene ocho personas y hay 12 mil unidades de transporte público. La debilidad del sistema es que no existe un mecanismo de seguimiento y control del empresario.
Hasta en eso len da más privilegios a los empresarios del transporte.
No es que tengan más privilegios. El VMT tiene el privilegio de ir a verificar, lo que no tiene es el recurso humano para hacerlo. Cuando vine me encontré a ocho personas en ese departamento. Cuando se hizo el decreto, no se estableció el mecanismo de control y seguimiento.
Decreto que ustedes, los diputados, aprobaron.
Eso se vio en la Asamblea Legislativa. Cuando digo que se está analizando el subsidio es buscar que este cumpla el papel de beneficiar a los usuarios, para que no paguen una tarifa más alta. El subsidio no es para beneficiar a un empresario.
¿Cuánto se debe del subsidio?
Estaremos atrasados con marzo y junio, que son 6.5 millones de dólares en cada mes.
El subsidio vence el 31 de julio y el presidente Mauricio Funes ha prometido que se tomará medidas para mantener estable el precio del pasaje. ¿Qué medidas?
Cuando se habla de mantener estable el pasaje es que no se incremente el precio porque la crisis no permite a la población que pague 5 o 10 centavos más. Hay una comisión interinstitucional que está viendo todo el tema de los subsidios, en los que están varios ministerios, y se está tratando de ver cómo se focalizan para que lleguen a quienes los necesitan. En el transporte es más complicado el control. En otros países, como en Brasil, se ha creado un bono al empleador que se lo da a su empleado. En el caso de los que no trabajan, se ha creado otro mecanismo. Aquí se ha hablado de subsidio por kilómetro recorrido, e, incluso, por pasajero conducido. Todavía no tenemos definido qué mecanismo se utilizará y tenemos alrededor de 20 días para tener una propuesta y darla a conocer.
¿Se tendrá?
Se tiene que tener.
Pero ya alguna parte de los empresarios hablan de que si se quita el subsidio, se tendrá que aumentar el pasaje y hablan de subsidio por kilómetro recorrido.
Tenemos una mesa de transporte en la que estamos conversando con los empresarios. Ya estamos tomando acuerdos. Por ejemplo, ellos establecieron que al 15 de julio se quitará el polarizado y la música estridente de las unidades.
Es que es ilegal el polarizado y la música estridente.
Sí, es ilegal.
¿Cómo que acuerdos? ¿Por qué el VMT no decide, simple y sencillamente, aplicar la ley?
Es que así hay una cantidad de cosas de la ley que no se aplican. Para esto es necesario tratar de establecer los consensos mínimos para alcanzar niveles de cooperación y coordinación para ordenar el sector.
¿No se puede aplicar la ley y ya?
Es que he conocido las experiencias de otros viceministros. Cuando vino Ricardo Yúdice quiso cambiar de un día para otro todo esto, y no pudo. ¿Por qué? Porque no habló.
Mire, cuando se creó la ley se establecieron cosas como que los microbuses tendrían que tener dos puertas, que no tenían que tener música estridente, que no podían ser polarizados, que el seguro obligatorio… Ya pasaron 13 años y no se ha hecho nada de eso.
Lo que pasa es que todo eso fue surgiendo en el transcurso de las reformas de la ley. Con el polarizado hubo cinco prórrogas.
Igual con el seguro obligatorio, que está en la ley.
Está en la ley y se prorrogó para que no entrara en vigencia. Cuando se dijo “ya no”, más o menos en 2001, no se implementó porque la ley establecía un mecanismo que nunca se operativizó en el VMT. Nunca se hizo nada. Y ahora, una semana antes de irse, el ex viceministro Luis Felipe Moreno quiso implementarlo aún cuando ni las aseguradoras tenían a la venta el servicio. Las primeras que se manifestaron en contra fueron ellas porque sólo una empresa podía. Para poder echar esto a andar hay que hacerlo operativo. Y segundo, es que la empresa creó un seguro para cubrir solo los daños materiales cuando el sentido era resarcir los daños materiales y los humanos. Ahora tenemos nueve meses, porque se dio una prórroga, para crear el servicio y hacerlo operativo.
