¡Ay, Dios mío! La Defensoría de los Habitantes echó el agua al río arriba, pidiendo los pelos de punta al Ministerio de Salud y a todos los ayuntamientos del país. Resulta que no andan contentos con cómo estamos manejando la basura, la mugre y todo ese brete que nos sale caro a todos.
Parece que el reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos y orgánicos, esa varita mágica que debió solucionar el problema, no ha funcionado como deberían. La Defensoría quiere saber exactamente qué está pasando, cuál es el estado de la situación y por qué seguimos viendo camiones de basura dando vueltas y vertederos que parecen sacados de una película postapocalíptica.
No se conforman con migajas, no maé. Quieren detalles, quieren saber qué acciones se han aplicado para optimizar los recursos, reducir los costos operativos y, sobre todo, minimizar el impacto ambiental que estamos causando. ¡Qué carga esto de contaminación!
Y eso no es todo, chunches. También quieren saber qué convenio público-privado se le ha hecho para la recolección, el transporte, el tratamiento, la valorización y la disposición final de estos residuos. Parece que hay cosas raras ahí, y la Defensoría anda olfateando si alguien se está llenando los bolsillos mientras el planeta sufre.
Lo que más preocupa es que les pidan que digan cuáles son esas limitaciones que han enfrentado para aplicar el reglamento y qué han hecho para superarlas. Porque claro, siempre hay excusas, siempre hay alguna vara que se cae, pero al final, ¿quién paga la factura? Nosotros, los ciudadanos.
Además, quieren saber si algún municipio ha pedido permiso al Ministerio de Salud para dispensar esos residuos sólidos en un parque ambiental de otra región. ¡Imagínate! Mandarle la basura a otro cantón para olvidarnos del problema. Eso sí que sería un despiche monumental, un escándalo a gran escala.
Se espera que esta presión de la Defensoría sirva para fiscalizar el cumplimiento de la normativa y obligue a las autoridades a fortalecer la gestión de residuos. Porque, seamos sinceros, la situación actual está lejos de ser ideal. Seguimos viendo pilas de basura acumulándose en lugares prohibidos, ríos contaminados y playas llenas de plásticos. ¡Qué sal!
Con toda esta movida, uno se queda pensando: ¿Estamos realmente comprometidos con proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud? ¿O seguiremos postergando las soluciones, esperando que el problema se resuelva solo? ¿Qué podemos hacer nosotros, como ciudadanos, para exigirle a nuestros gobernantes que tomen cartas en el asunto y hagan algo concreto por mejorar la gestión de residuos en Costa Rica?
Parece que el reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos y orgánicos, esa varita mágica que debió solucionar el problema, no ha funcionado como deberían. La Defensoría quiere saber exactamente qué está pasando, cuál es el estado de la situación y por qué seguimos viendo camiones de basura dando vueltas y vertederos que parecen sacados de una película postapocalíptica.
No se conforman con migajas, no maé. Quieren detalles, quieren saber qué acciones se han aplicado para optimizar los recursos, reducir los costos operativos y, sobre todo, minimizar el impacto ambiental que estamos causando. ¡Qué carga esto de contaminación!
Y eso no es todo, chunches. También quieren saber qué convenio público-privado se le ha hecho para la recolección, el transporte, el tratamiento, la valorización y la disposición final de estos residuos. Parece que hay cosas raras ahí, y la Defensoría anda olfateando si alguien se está llenando los bolsillos mientras el planeta sufre.
Lo que más preocupa es que les pidan que digan cuáles son esas limitaciones que han enfrentado para aplicar el reglamento y qué han hecho para superarlas. Porque claro, siempre hay excusas, siempre hay alguna vara que se cae, pero al final, ¿quién paga la factura? Nosotros, los ciudadanos.
Además, quieren saber si algún municipio ha pedido permiso al Ministerio de Salud para dispensar esos residuos sólidos en un parque ambiental de otra región. ¡Imagínate! Mandarle la basura a otro cantón para olvidarnos del problema. Eso sí que sería un despiche monumental, un escándalo a gran escala.
Se espera que esta presión de la Defensoría sirva para fiscalizar el cumplimiento de la normativa y obligue a las autoridades a fortalecer la gestión de residuos. Porque, seamos sinceros, la situación actual está lejos de ser ideal. Seguimos viendo pilas de basura acumulándose en lugares prohibidos, ríos contaminados y playas llenas de plásticos. ¡Qué sal!
Con toda esta movida, uno se queda pensando: ¿Estamos realmente comprometidos con proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud? ¿O seguiremos postergando las soluciones, esperando que el problema se resuelva solo? ¿Qué podemos hacer nosotros, como ciudadanos, para exigirle a nuestros gobernantes que tomen cartas en el asunto y hagan algo concreto por mejorar la gestión de residuos en Costa Rica?
