¡Ay, Dios mío! Resulta que la vaina del robo de combustibles no se va así nomás. Pensábamos que con los operativos y los esfuerzos de Recope íbamos tranquilos, pero no, los jeves se están poniendo creativos. Ya no es como antes, cuando simplemente perforaban el ducto y zass, se llevaban la gasofa pa’ venderla a precio de regalo. Ahora, parece que tienen toda una operación montada, con conexiones hasta en lugares donde uno ni se imagina.
La situación es que, según lo que le contaron desde Recope y el Ministerio de Seguridad, el tema ha ido evolucionando. Antes eran unos cuantos vagos buscando hacer unos pesos extras, pero ahora estamos hablando de estructuras organizadas, bien conectadas, que hasta tienen nexos con otros delitos graves. Esto quiere decir que ya no solo nos estamos enfrentando a pura delincuencia común, sino a gente que tiene poder y recursos para influir y evadir la justicia. ¡Qué torta!
El gobierno, como siempre, reaccionó con un nuevo proyecto de ley que pretende endurecer las penas para los chorizos de combustibles. Parece que quieren meterle bala, aumentar las multas y ponerlos a todos detrás de los barrotes. Pero, díganme, ¿creerán ustedes que con eso vamos a solucionar el problema? Porque yo tengo mis dudas, chunches. El problema no es solo castigar a los que roban la gasofa, sino atacar las raíces del asunto, porque ahí hay una maraña de corrupción y complicidades que da pena ver.
Hablando de Recope, parece que no solo están pensando en leyes y operativos. También le están metiendo turbinas nuevas al sistema, invirtiendo una buena lana en tecnología para evitar futuras fugas y detectar cualquier movimiento sospechoso. Dicen que instalarán 578 cámaras de alta definición, drones de vigilancia constante y un software espacial para analizar todo en tiempo real. ¡Qué chiva! Eso sí, uno se pregunta: ¿por qué no tuvieron esas cosas antes?
Lo que más me preocupa es la impunidad que impera en este país. Según los números que dio el ministro Gerald Campos, de 860 denuncias presentadas entre el 2020 y el 2025, apenas 63 terminaron en condenas. ¡Imagínense! Casi el 93% de los casos se van al olvido, permitiendo que los mismos ladrones vuelvan a operar. Ahí es donde recae la responsabilidad del Poder Judicial, que necesita ponerle lupa a estos casos y demostrar que la ley se cumple para todos, sin excepciones.
Y ni hablar de cómo la situación económica del país ha empujado a muchos a buscar atajos, incluyendo el robo de combustibles. Con tanto desempleo y tanta incertidumbre, algunos ven esto como una forma rápida de ganar dinero, sin importarles las consecuencias. Claro, no justificamos el acto ilícito, pero hay que entender el contexto social que alimenta esta problemática. Además, dicen que tras la instalación de los escáneres en los puertos, varias mafias migraron al robo de gasofa, luego de que su negocio de drogas recibió un buen golpe. ¡Qué cambiazo!
Mario Zamora, el ministro de Seguridad, comentó que algunos de estos delincuentes son tan poderosos que ya intentaron infiltrarse en instituciones públicas. ¡Eso sí que es escalofriante! Imaginen tener a un chorizo dentro del gobierno, protegiendo sus operaciones y saboteando los esfuerzos de las autoridades. Por eso, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en este proceso. Hay que limpiar la casa por dentro, mae, porque si no, seguiremos dando vueltas en círculos.
En fin, la lucha contra el robo de combustibles sigue siendo un brete importante para Costa Rica. Requiere de un enfoque integral que combine medidas legales, tecnológicas, sociales y, sobre todo, un compromiso firme de todos los actores involucrados. ¿Ustedes creen que con todas estas medidas, finalmente lograremos frenar a estos jeves y recuperar la seguridad energética del país? Déjenme saber su opinión en los comentarios, ¡qué les parece todo este panorama?
La situación es que, según lo que le contaron desde Recope y el Ministerio de Seguridad, el tema ha ido evolucionando. Antes eran unos cuantos vagos buscando hacer unos pesos extras, pero ahora estamos hablando de estructuras organizadas, bien conectadas, que hasta tienen nexos con otros delitos graves. Esto quiere decir que ya no solo nos estamos enfrentando a pura delincuencia común, sino a gente que tiene poder y recursos para influir y evadir la justicia. ¡Qué torta!
El gobierno, como siempre, reaccionó con un nuevo proyecto de ley que pretende endurecer las penas para los chorizos de combustibles. Parece que quieren meterle bala, aumentar las multas y ponerlos a todos detrás de los barrotes. Pero, díganme, ¿creerán ustedes que con eso vamos a solucionar el problema? Porque yo tengo mis dudas, chunches. El problema no es solo castigar a los que roban la gasofa, sino atacar las raíces del asunto, porque ahí hay una maraña de corrupción y complicidades que da pena ver.
Hablando de Recope, parece que no solo están pensando en leyes y operativos. También le están metiendo turbinas nuevas al sistema, invirtiendo una buena lana en tecnología para evitar futuras fugas y detectar cualquier movimiento sospechoso. Dicen que instalarán 578 cámaras de alta definición, drones de vigilancia constante y un software espacial para analizar todo en tiempo real. ¡Qué chiva! Eso sí, uno se pregunta: ¿por qué no tuvieron esas cosas antes?
Lo que más me preocupa es la impunidad que impera en este país. Según los números que dio el ministro Gerald Campos, de 860 denuncias presentadas entre el 2020 y el 2025, apenas 63 terminaron en condenas. ¡Imagínense! Casi el 93% de los casos se van al olvido, permitiendo que los mismos ladrones vuelvan a operar. Ahí es donde recae la responsabilidad del Poder Judicial, que necesita ponerle lupa a estos casos y demostrar que la ley se cumple para todos, sin excepciones.
Y ni hablar de cómo la situación económica del país ha empujado a muchos a buscar atajos, incluyendo el robo de combustibles. Con tanto desempleo y tanta incertidumbre, algunos ven esto como una forma rápida de ganar dinero, sin importarles las consecuencias. Claro, no justificamos el acto ilícito, pero hay que entender el contexto social que alimenta esta problemática. Además, dicen que tras la instalación de los escáneres en los puertos, varias mafias migraron al robo de gasofa, luego de que su negocio de drogas recibió un buen golpe. ¡Qué cambiazo!
Mario Zamora, el ministro de Seguridad, comentó que algunos de estos delincuentes son tan poderosos que ya intentaron infiltrarse en instituciones públicas. ¡Eso sí que es escalofriante! Imaginen tener a un chorizo dentro del gobierno, protegiendo sus operaciones y saboteando los esfuerzos de las autoridades. Por eso, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en este proceso. Hay que limpiar la casa por dentro, mae, porque si no, seguiremos dando vueltas en círculos.
En fin, la lucha contra el robo de combustibles sigue siendo un brete importante para Costa Rica. Requiere de un enfoque integral que combine medidas legales, tecnológicas, sociales y, sobre todo, un compromiso firme de todos los actores involucrados. ¿Ustedes creen que con todas estas medidas, finalmente lograremos frenar a estos jeves y recuperar la seguridad energética del país? Déjenme saber su opinión en los comentarios, ¡qué les parece todo este panorama?
