Maes, a veces la política tica parece un guion de Netflix escrito a las carreras, y el Caso Richter es el último capítulo que nos tiene a todos con el balde de palomitas en la mano. La noticia de que van a abrir los celulares decomisados a casi todos los implicados es como esperar el final de temporada. Estamos hablando de un despiche que podría salpicar desde una alcaldía hasta Casa Presidencial, y todo depende de lo que guarden esos chunches. La vara es que este enredo, que nació de otro mega caso llamado Madre Patria, ya tiene en la mira a un diputado del PUSC, una alcaldesa ahora chavista y hasta a las cabezas del AyA y el IFAM. ¡Casi nada!
Para los que andan perdidos, hagamos un resumen del quién es quién en este novelón. Tenemos a Leslye Bojorges, diputado del PUSC, que parece ser el conector maestro de todo el asunto. Luego está Jorge Arturo Campos, también del PUSC, candidato a diputado y el único al que, convenientemente, no le quitaron el celular. Pero el personaje que se roba el show es Gabriela Jiménez, la alcaldesa de San Ramón. Ella empezó en el PUSC, pero se pasó al bando de Chaves y ahora jura que Bojorges "la embarcó" al meterla en este embrollo. A la lista se suman peces gordos nombrados por el gobierno actual, como la exdirectora del MEP y hoy presidenta del AyA, Lourdes Suárez, y la jerarca del IFAM, Marlen Luna. Todos presuntamente metidos en una red de favores con un grupo investigado por legitimación de capitales. Un verdadero arroz con mango.
Lo más jugoso es cómo se destapó todo. El OIJ estaba investigando el caso Madre Patria, sobre fraudes registrales y lavado de dinero, y de repente, ¡pum! Se topan con conversaciones que vinculan a los cabecillas de esa red con estos políticos. Las transcripciones son oro puro, maes. Se lee cómo coordinaban "ayudas" y reuniones para beneficiar a las empresas de buses del grupo criminal. Bojorges, según la Fiscalía, habría usado su brete de diputado para mover hilos a favor de esta gente, con Campos Araya sirviendo de puente. La Fiscalía dice que el diputado recibía billete en efectivo a cambio de los favores.
Y aquí es donde la trama se pone todavía más ridícula y fascinante: la famosa bolsa de monedas. Según las intervenciones telefónicas, Bojorges, al no poder aceptar más "ayuda" directamente, le sugirió a uno de los empresarios que le dieran el apoyo a Gabriela Jiménez, que en ese entonces era candidata a la alcaldía de San Ramón. La propia alcaldesa admitió haber recibido la donación, pero dijo que fue una bolsa con "menos de cien mil colones en monedas". O sea, no solo es el posible acto de corrupción, sino la imagen de una futura alcaldesa recibiendo una bolsa de monedas de un empresario cuestionado. Para rematar, Jiménez se jaló una torta monumental al no reportar esa "ayuda" al Tribunal Supremo de Elecciones, que ya le abrió una investigación por esa gracia.
Ahora, con la apertura de los celulares a la vuelta de la esquina, la pregunta del millón es qué más va a salir a la luz. Esos teléfonos podrían ser la caja de Pandora que termine de hundir a unos cuantos o que revele una red todavía más grande de la que imaginamos. Por ahora, todo es especulación, pero el OIJ y la Fiscalía tienen en sus manos una bomba de tiempo digital. Estamos sentados en primera fila, esperando a ver si esto se convierte en el escándalo que por fin limpia un poco la casa o si, como tantas otras veces, termina siendo pura espuma.
Ahora en serio, ¿creen que la apertura de esos celulares va a cambiar algo de verdad o va a ser el mismo circo de siempre que termina en nada? ¿Quién más creen que cae en esta vara?
Para los que andan perdidos, hagamos un resumen del quién es quién en este novelón. Tenemos a Leslye Bojorges, diputado del PUSC, que parece ser el conector maestro de todo el asunto. Luego está Jorge Arturo Campos, también del PUSC, candidato a diputado y el único al que, convenientemente, no le quitaron el celular. Pero el personaje que se roba el show es Gabriela Jiménez, la alcaldesa de San Ramón. Ella empezó en el PUSC, pero se pasó al bando de Chaves y ahora jura que Bojorges "la embarcó" al meterla en este embrollo. A la lista se suman peces gordos nombrados por el gobierno actual, como la exdirectora del MEP y hoy presidenta del AyA, Lourdes Suárez, y la jerarca del IFAM, Marlen Luna. Todos presuntamente metidos en una red de favores con un grupo investigado por legitimación de capitales. Un verdadero arroz con mango.
Lo más jugoso es cómo se destapó todo. El OIJ estaba investigando el caso Madre Patria, sobre fraudes registrales y lavado de dinero, y de repente, ¡pum! Se topan con conversaciones que vinculan a los cabecillas de esa red con estos políticos. Las transcripciones son oro puro, maes. Se lee cómo coordinaban "ayudas" y reuniones para beneficiar a las empresas de buses del grupo criminal. Bojorges, según la Fiscalía, habría usado su brete de diputado para mover hilos a favor de esta gente, con Campos Araya sirviendo de puente. La Fiscalía dice que el diputado recibía billete en efectivo a cambio de los favores.
Y aquí es donde la trama se pone todavía más ridícula y fascinante: la famosa bolsa de monedas. Según las intervenciones telefónicas, Bojorges, al no poder aceptar más "ayuda" directamente, le sugirió a uno de los empresarios que le dieran el apoyo a Gabriela Jiménez, que en ese entonces era candidata a la alcaldía de San Ramón. La propia alcaldesa admitió haber recibido la donación, pero dijo que fue una bolsa con "menos de cien mil colones en monedas". O sea, no solo es el posible acto de corrupción, sino la imagen de una futura alcaldesa recibiendo una bolsa de monedas de un empresario cuestionado. Para rematar, Jiménez se jaló una torta monumental al no reportar esa "ayuda" al Tribunal Supremo de Elecciones, que ya le abrió una investigación por esa gracia.
Ahora, con la apertura de los celulares a la vuelta de la esquina, la pregunta del millón es qué más va a salir a la luz. Esos teléfonos podrían ser la caja de Pandora que termine de hundir a unos cuantos o que revele una red todavía más grande de la que imaginamos. Por ahora, todo es especulación, pero el OIJ y la Fiscalía tienen en sus manos una bomba de tiempo digital. Estamos sentados en primera fila, esperando a ver si esto se convierte en el escándalo que por fin limpia un poco la casa o si, como tantas otras veces, termina siendo pura espuma.
Ahora en serio, ¿creen que la apertura de esos celulares va a cambiar algo de verdad o va a ser el mismo circo de siempre que termina en nada? ¿Quién más creen que cae en esta vara?
