Maes, en serio, hay días en que uno se levanta, revisa las noticias del país con el cafecito en la mano y de pronto tiene que parar en seco a preguntarse si lo que está leyendo es un titular de un medio serio o el guion de una comedia de muy mal gusto. La última vara que nos llega desde la Asamblea Legislativa es de esas que te dejan con el ojo cuadrado, porque parece que la política tica decidió que ya no le basta con ser un circo, ahora quiere ser un reality show de tribunales.
El despiche arrancó, como ya es costumbre, en la red social X. El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, que rara vez se guarda algo, le tiró con todo al partido Pueblo Soberano (PPSO). Resulta que el PPSO, en un acto que querían vender como de renovación, llenó las suplencias de sus listas a diputados con gente de la juventud del partido. ¿Suena bien, no? Un aire fresco. El problema, según Ortega, es a quién pusieron en los puestos que sí tienen chance real de quedar electos. La frase que soltó fue una joya de la diplomacia política: “Los puestos elegibles SÍ se los dejaron a gente con experiencia… con experiencia de robar, con experiencia de mentir”. ¡Tome chichí!
Y diay, uno podría pensar que es el típico filazo entre políticos, un dime que te diré para calentar la campaña. Pero aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. No pasaron ni 24 horas cuando CR Hoy confirmó con el mismísimo Ministerio Público que, efectivamente, la lista de candidatos del PPSO parece más una lista de llamados a comparecer. Entre un grupito de los aspirantes suman, agárrense, 50 causas penales abiertas. Cincuenta. No es un error de dedo. Parece que para entrar a ese partido, más que la hoja de vida, te piden la hoja de delincuencia. ¡Qué torta más monumental se jalaron!
La lista de celebridades es de no creer. La encabeza Marta Esquivel, la expresidenta de la Caja, con 14 causas penales en investigación. ¡Catorce! Le siguen figuritas como el exministro de Hacienda Nogui Acosta y la exministra de Educación Anna Katharina Müller. O sea, no estamos hablando de gente de bajo perfil. Son exjerarcas de primer nivel, gente que manejó ministerios clave y que ahora aspiran a redactar las leyes del país mientras sus propios casos se mueven en los juzgados. Toda la credibilidad del partido y su supuesta lucha contra la corrupción podrían irse al traste con esta selección. Es una contradicción andante.
Lo más irónico de todo este asunto es el contraste con las juventudes. Les dieron las suplencias, esos puestos que casi nunca llegan a nada, como para decir "vean qué inclusivos somos". Pero los platos fuertes, los que sí van a tener el poder y el salario, se los dejaron a este combo de imputados y cuestionados. Es un mensaje clarísimo: los jóvenes para la foto, los “experimentados” para el brete. Y si esa “experiencia” incluye visitas a la Fiscalía, pues parece que para el PPSO eso suma puntos en el currículum. Uno se pregunta si el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solo revisa si saben leer y escribir, o si en algún momento se va a poner sobre la mesa la idoneidad de los candidatos.
En fin, maes, la situación es para analizarla con calma. Más allá de los colores políticos o de si les cae bien Ortega o el PPSO, la pregunta de fondo es más seria. ¿En qué momento normalizamos que tener un expediente judicial abultado sea casi un requisito para aspirar a uno de los puestos más importantes del país? ¿Estamos tan acostumbrados a este nivel de descaro que ya ni nos sorprende? ¿O todavía queda espacio para exigir un mínimo de decencia a quienes quieren escribir nuestras leyes?
Los leo en los comentarios.
El despiche arrancó, como ya es costumbre, en la red social X. El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, que rara vez se guarda algo, le tiró con todo al partido Pueblo Soberano (PPSO). Resulta que el PPSO, en un acto que querían vender como de renovación, llenó las suplencias de sus listas a diputados con gente de la juventud del partido. ¿Suena bien, no? Un aire fresco. El problema, según Ortega, es a quién pusieron en los puestos que sí tienen chance real de quedar electos. La frase que soltó fue una joya de la diplomacia política: “Los puestos elegibles SÍ se los dejaron a gente con experiencia… con experiencia de robar, con experiencia de mentir”. ¡Tome chichí!
Y diay, uno podría pensar que es el típico filazo entre políticos, un dime que te diré para calentar la campaña. Pero aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. No pasaron ni 24 horas cuando CR Hoy confirmó con el mismísimo Ministerio Público que, efectivamente, la lista de candidatos del PPSO parece más una lista de llamados a comparecer. Entre un grupito de los aspirantes suman, agárrense, 50 causas penales abiertas. Cincuenta. No es un error de dedo. Parece que para entrar a ese partido, más que la hoja de vida, te piden la hoja de delincuencia. ¡Qué torta más monumental se jalaron!
La lista de celebridades es de no creer. La encabeza Marta Esquivel, la expresidenta de la Caja, con 14 causas penales en investigación. ¡Catorce! Le siguen figuritas como el exministro de Hacienda Nogui Acosta y la exministra de Educación Anna Katharina Müller. O sea, no estamos hablando de gente de bajo perfil. Son exjerarcas de primer nivel, gente que manejó ministerios clave y que ahora aspiran a redactar las leyes del país mientras sus propios casos se mueven en los juzgados. Toda la credibilidad del partido y su supuesta lucha contra la corrupción podrían irse al traste con esta selección. Es una contradicción andante.
Lo más irónico de todo este asunto es el contraste con las juventudes. Les dieron las suplencias, esos puestos que casi nunca llegan a nada, como para decir "vean qué inclusivos somos". Pero los platos fuertes, los que sí van a tener el poder y el salario, se los dejaron a este combo de imputados y cuestionados. Es un mensaje clarísimo: los jóvenes para la foto, los “experimentados” para el brete. Y si esa “experiencia” incluye visitas a la Fiscalía, pues parece que para el PPSO eso suma puntos en el currículum. Uno se pregunta si el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solo revisa si saben leer y escribir, o si en algún momento se va a poner sobre la mesa la idoneidad de los candidatos.
En fin, maes, la situación es para analizarla con calma. Más allá de los colores políticos o de si les cae bien Ortega o el PPSO, la pregunta de fondo es más seria. ¿En qué momento normalizamos que tener un expediente judicial abultado sea casi un requisito para aspirar a uno de los puestos más importantes del país? ¿Estamos tan acostumbrados a este nivel de descaro que ya ni nos sorprende? ¿O todavía queda espacio para exigir un mínimo de decencia a quienes quieren escribir nuestras leyes?
Los leo en los comentarios.
