¡Ay, Dios mío! Resulta que en medio del trajín de la vida, nos sacuden con esta nota. El Ministerio Público mandó tumbar setenta construcciones –casas, establos, hasta negocios– que estaban metidas donde no debían: ¡justo dentro del Refugio Nacional Corredor Fronterizo Norte, allá en Chorrera de Cutris!
La Fiscalia Adjunta de San Carlos y la Fiscalía Agrario Ambiental le dieron con todo al Juzgado Penal, pidiendo que se pusiera fin a este desatino. Dicen que los ocupantes tienen dos meses para quitar todo y limpiar el lugar. Imagínate el brete que se armará... ¡Y qué bronca!
Según el comunicado oficial, ahora mismo el caso va contra “ignorado”. Eso significa que todavía no han identificado a los responsables directos. Pero ojo, la investigación apunta a que esto es invasión de área de conservación, algo bastante grave, ¿eh?
Pero lo bueno (si es que se le puede llamar así) es que esta movida podría darle un buen golpe a la minería ilegal que anda haciendo desastres por ahí. Aparentemente, estos asentamientos ilegales le facilitan la vida a los mineros: les dan dónde quedarse, dónde comprar comida, cómo transportarse… ¡Un verdadero ecosistema de ilegalidades!
Ahora, la Municipalidad de San Carlos, juntitos con el SINAC y ACHÁN, tendrán que encargarse de hacer cumplir la orden. Tendrán que coordinar con la Fuerza Pública para mantener el orden y asegurarse de que todo quede limpio. ¡A ver si no se echan friegas en el camino!
Este refugio, miren, es un tesoro nacional desde 1888, una zona silvestre protegida. Es patrimonio de todos los costarricenses, no precisamente terreno para construir changüíos a diestra y siniestra. Que alguien explique cómo se le ocurrió meterse ahí.
Fiscalía Ambiental advierte que este tipo de asentamientos provee apoyo logístico a la actividad minera ilegal, generando un ciclo vicioso que afecta la economía nacional y el medio ambiente. No es solo un problema de invasión, es un caldo de cultivo para delitos más graves. Ya queda claro que el asunto es más complicado de lo que parece a simple vista.
En fin, este caso abre un panorama preocupante sobre la seguridad de nuestras áreas protegidas y la necesidad de fortalecer los controles. ¿Será que realmente vamos a ver una acción contundente contra la minería ilegal o esto quedará como otra promesa vacía? ¿Ustedes creen que la Fuerza Pública podrá controlar la situación y evitar enfrentamientos durante el desalojo, o estamos ante otro episodio de violencia en nuestra querida Costa Rica?
La Fiscalia Adjunta de San Carlos y la Fiscalía Agrario Ambiental le dieron con todo al Juzgado Penal, pidiendo que se pusiera fin a este desatino. Dicen que los ocupantes tienen dos meses para quitar todo y limpiar el lugar. Imagínate el brete que se armará... ¡Y qué bronca!
Según el comunicado oficial, ahora mismo el caso va contra “ignorado”. Eso significa que todavía no han identificado a los responsables directos. Pero ojo, la investigación apunta a que esto es invasión de área de conservación, algo bastante grave, ¿eh?
Pero lo bueno (si es que se le puede llamar así) es que esta movida podría darle un buen golpe a la minería ilegal que anda haciendo desastres por ahí. Aparentemente, estos asentamientos ilegales le facilitan la vida a los mineros: les dan dónde quedarse, dónde comprar comida, cómo transportarse… ¡Un verdadero ecosistema de ilegalidades!
Ahora, la Municipalidad de San Carlos, juntitos con el SINAC y ACHÁN, tendrán que encargarse de hacer cumplir la orden. Tendrán que coordinar con la Fuerza Pública para mantener el orden y asegurarse de que todo quede limpio. ¡A ver si no se echan friegas en el camino!
Este refugio, miren, es un tesoro nacional desde 1888, una zona silvestre protegida. Es patrimonio de todos los costarricenses, no precisamente terreno para construir changüíos a diestra y siniestra. Que alguien explique cómo se le ocurrió meterse ahí.
Fiscalía Ambiental advierte que este tipo de asentamientos provee apoyo logístico a la actividad minera ilegal, generando un ciclo vicioso que afecta la economía nacional y el medio ambiente. No es solo un problema de invasión, es un caldo de cultivo para delitos más graves. Ya queda claro que el asunto es más complicado de lo que parece a simple vista.
En fin, este caso abre un panorama preocupante sobre la seguridad de nuestras áreas protegidas y la necesidad de fortalecer los controles. ¿Será que realmente vamos a ver una acción contundente contra la minería ilegal o esto quedará como otra promesa vacía? ¿Ustedes creen que la Fuerza Pública podrá controlar la situación y evitar enfrentamientos durante el desalojo, o estamos ante otro episodio de violencia en nuestra querida Costa Rica?
