Diay, maes, estamos con una vara bien salada hoy. Resulta que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anda metido hasta las cejas en una investigación bien jodida contra la alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez Corrales. La cosa es que la están investigando por recibir dinero en efectivo en bolsas y no reportarlo al ente encargado. ¡Qué chiva! Estos políticos siempre con sus treta.
El DFPP está en la etapa de recolección y análisis de pruebas para esclarecer el expediente que se abrió en enero contra la alcaldesa. Según los datos, Jiménez Corrales recibió fondos de un empresario autobusero en Alajuela, quien le entregó varias bolsas con dinero para financiar actividades durante su campaña electoral. La cosa es que este empresario, Jonathan Herrera González, está involucrado en un caso de lavado de dinero conocido como "Caso Madre Patria", donde se le señala como testaferro de supuestos criminales.
La cosa se pone más salada aún porque hubo una conversación intervenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que reveló supuestas negociaciones de dádivas entre Herrera y el diputado Leslye Bojorges León. Según los documentos, el diputado sugirió que el empresario apoyara a Jiménez Corrales, quien finalmente ganó la elección. ¡Qué nivel ese Bojorges!
El TSE ya abrió una investigación formal porque Jiménez admitió haber recibido el dinero, pero nunca lo reportó al Tribunal. Esto podría configurar un delito electoral. El DFPP indicó que la investigación sigue en desarrollo y que están analizando todas las pruebas. Gabriela Jiménez, por su parte, emitió un comunicado diciendo que Bojorges la "embarcó" y que no tenía por qué desconfiar de él durante la campaña.
Según el OIJ, Jiménez realizó varias llamadas al empresario Herrera González y al diputado Bojorges. Además, se detectó un vehículo con una calcomanía de su campaña política llegando al plantel de buses de Herrera. ¡Qué carga ese OIJ! Son unos auténticos detectives.
La vara se pone más jodida aún porque el OIJ le decomisó el celular a la alcaldesa como parte de la investigación. Además, figuran como imputados en este caso algunos personajes bien conocidos en la política tica, como Lourdes Saúrez Barboza, exdirectora de Infraestructura Educativa del MEP, y Carlos Ávila Arquín, viceministro de Transportes. ¡Qué torta!
La cosa está bien peluda, maes. ¿Será que Gabriela se metió en una vara más grande de lo que pensaba? ¿Serán estos políticos siempre tan chunches? ¿Cuál es tu opinión sobre esta cherequeada? Déjame saber en los comentarios qué tan salado te parece este caso.
El DFPP está en la etapa de recolección y análisis de pruebas para esclarecer el expediente que se abrió en enero contra la alcaldesa. Según los datos, Jiménez Corrales recibió fondos de un empresario autobusero en Alajuela, quien le entregó varias bolsas con dinero para financiar actividades durante su campaña electoral. La cosa es que este empresario, Jonathan Herrera González, está involucrado en un caso de lavado de dinero conocido como "Caso Madre Patria", donde se le señala como testaferro de supuestos criminales.
La cosa se pone más salada aún porque hubo una conversación intervenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que reveló supuestas negociaciones de dádivas entre Herrera y el diputado Leslye Bojorges León. Según los documentos, el diputado sugirió que el empresario apoyara a Jiménez Corrales, quien finalmente ganó la elección. ¡Qué nivel ese Bojorges!
El TSE ya abrió una investigación formal porque Jiménez admitió haber recibido el dinero, pero nunca lo reportó al Tribunal. Esto podría configurar un delito electoral. El DFPP indicó que la investigación sigue en desarrollo y que están analizando todas las pruebas. Gabriela Jiménez, por su parte, emitió un comunicado diciendo que Bojorges la "embarcó" y que no tenía por qué desconfiar de él durante la campaña.
Según el OIJ, Jiménez realizó varias llamadas al empresario Herrera González y al diputado Bojorges. Además, se detectó un vehículo con una calcomanía de su campaña política llegando al plantel de buses de Herrera. ¡Qué carga ese OIJ! Son unos auténticos detectives.
La vara se pone más jodida aún porque el OIJ le decomisó el celular a la alcaldesa como parte de la investigación. Además, figuran como imputados en este caso algunos personajes bien conocidos en la política tica, como Lourdes Saúrez Barboza, exdirectora de Infraestructura Educativa del MEP, y Carlos Ávila Arquín, viceministro de Transportes. ¡Qué torta!
La cosa está bien peluda, maes. ¿Será que Gabriela se metió en una vara más grande de lo que pensaba? ¿Serán estos políticos siempre tan chunches? ¿Cuál es tu opinión sobre esta cherequeada? Déjame saber en los comentarios qué tan salado te parece este caso.
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